Los 20 puntos analizados sobre las reformas presentadas por López Obrador son:
La austeridad republicana y remuneraciones de personas servidoras públicas; en materia de bienestar; la extinción de órganos constitucionales autónomos (reforma administrativa); sobre la Guardia Nacional como “fuerza armada permanente”; sobre industrias estratégicas del Estado; el programa de Jóvenes construyendo el futuro; la iniciativa en materia penal; sobre la reforma en materia de medio ambiente; la reforma al Sistema de Pensiones (IMSS e ISSSTE).
También a la reforma al Poder Judicial y la mecánica de elección por voto popular; sobre la protección a la salud por sustancias tóxicas; a la reforma en materia de protección y cuidado animal; la reforma en materia de derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos; la reforma electoral; en materia de salarios; respecto al sistema de salud; el servicio ferroviario de pasajeros; una simplificación orgánica (reforma administrativa II) y, por último la reforma al artículo 123 en materia de vivienda.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el estudio reúne a 41 personalidades académicas, en su mayoría integrantes de este centro de investigación.
Los académicos fueron convocados para proporcionar un “análisis experto, técnico, multidisciplinario y plural” de las 20 iniciativas.
“Las propuestas de reforma involucran la modificación de 53 artículos constitucionales que, si fueran aprobadas pro el constituyente permanente, implicarían, por su número y calado, el mayor movimiento de reformas constitucionales simultáneas en la historia de México“, destacan.
Asimismo, agregan que algunas reformas presentadas por López Obrador modifican el sistema representativo “y terminarían por favorecer al partido que gobierna o iniciativas que inciden en la división de poderes y concentrarían poder en la Presidencia de la República”.
“Hay otras que impactan en la vigencia de nuestros derechos humanos, como las relativas a la seguridad pública y la prisión preventiva oficiosa, o bien otras -más prometedoras- en material de agenda social”.
Además, apuntan que la gran mayoría de las iniciativas fue objeto de más de una opinión técnica, lo que permite contar con diferentes puntos de vista sobre una misma reforma a fin de informar el debate y la opinión pública”.