07
May
La imputación que han hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero, sobre la probable comisión de delitos o ilícitos a la analista María Amparo Casar, ha generado un vigoroso intercambio de posiciones en un clima de polarización que reclama un análisis al margen de actos de fe que contaminan la discusión que debería privilegiar argumentos racionales y ajustados a derecho para ilustrar el significado de estos hechos. Veamos. Primero. Debe quedar claro que el gobierno federal, en este caso una empresa productiva del Estado como Pemex, tiene la obligación legal de actuar frente…