El “mayor riesgo” que enfrentan los comicios generales que se realizarán en México este año es la penetración del narcotráfico, que en algunas regiones puede superar a la observada en las elecciones intermedias de 2021, pero “falta voluntad política” para hacer frente, con medidas preventivas y con investigación judicial, a ese fenómeno político-criminal.
Ése es el diagnóstico de varios expertos latinoamericanos en seguridad, corrupción y crimen organizado que fueron convocados por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM para analizar el tema y que lamentaron la falta de estrategias para impedir que en estos comicios se profundice “el proceso de captura del Estado” que desarrolla el narcotráfico en la mayoría del territorio.
Especialistas de Brasil, Colombia y México coincidieron en señalar a Proceso que el principal desafío siempre se presenta en los niveles de gobierno más débiles, como los municipales y estatales, donde deben concentrarse los principales esfuerzos institucionales con políticas preventivas más que reactivas.
En los comicios del próximo 2 de junio serán electos mil 580 presidentes municipales, ocho gobernadores –entre ellos los de Guanajuato y Morelos, dos de los estados más violentos del país– y diputados de 31 congresos locales, mientras que a escala federal se renovarán la Presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado, y en la Ciudad de México la Jefatura de Gobierno y sus 16 alcaldías.
El sociólogo brasileño Michel Misse, quien ha estudiado durante décadas la relación entre el crimen organizado y las “mercancías políticas”, afirma que por más rigurosas que sean las leyes electorales que penalizan el ingreso de dineros ilícitos a las campañas proselitistas, éstas serán burladas “por debajo de la mesa” si no existe la voluntad política de aplicarlas.
El director del Centro de Estudios en Ciudadanía, Conflicto y Violencia Urbana de la Universidad Federal de Río de Janeiro señala que el crimen organizado, como los cárteles mexicanos de la droga, “tiene interés en controlar las elecciones y en tener sus propios candidatos”, y eso lo hace mediante “la compra o la apropiación por la fuerza de esa mercancía política”.
Misse, doctor en sociología, autor de varios libros sobre crimen organizado y creador del concepto “acumulación social de la violencia”, dice que en varios países de América Latina hay leyes para prevenir y penalizar los delitos electorales, pero su aplicación está sujeta a la independencia (o no) de los organismos de investigación (las fiscalías) y a que las más altas autoridades reconozcan y enfrenten las relaciones entre crimen y política.
Explica que, como ocurre en México, en las campañas electorales en Brasil también se mueve dinero “por debajo de la mesa” o por la “caixa dois” (caja 2, en español), pero “al existir la posibilidad de que la justicia investigue y de que el candidato que haga eso sea descubierto, ha bajado mucho la capacidad de interferencia de los empresarios legales e ilegales en las elecciones”.
En México y en Brasil la ley prohíbe las aportaciones o donativos de empresas a los candidatos a cargos de elección popular, pero las fiscalías brasileñas tienen más autonomía para perseguir delitos electorales y sancionar a infractores.
La violencia asoma la nariz
El investigador del CRIM de la UNAM, Medardo Tapia, coordinador del seminario “Corrupción, seguridad y justicia en gobiernos locales de México, Colombia y Brasil” en ese centro, asegura que en el caso mexicano “se ha ido cerrando cada vez más la línea que divide la delincuencia organizada de la representación política”, especialmente en los municipios y los estados.
Ese fenómeno, que se expresó con fuerza en los comicios legislativos y locales de 2021, ha ido creciendo cada vez más y representa “el mayor riesgo” en las elecciones de este año, indica.
Y dice que esto ocurre “porque en México no hay voluntad política en ninguno de los niveles de gobierno, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni en los aparatos de justicia”, para hacer frente, prevenir y sancionar la penetración del narcotráfico en las elecciones.
“El crimen en México está ontológicamente asociado al Estado y esta relación afecta la manera en que se accede al poder electoralmente y estimula la acumulación social de la violencia (proceso que se genera por la proliferación de rentas ilícitas y el control territorial armado) y el tráfico de poder político”, señala el doctor en Educación y Desarrollo humano de la Universidad de Harvard.
A principios de enero pasado, en sólo dos días fueron asesinados los precandidatos a las alcaldías de Armería, Colima, Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano (MC), y de Suchiate, Chiapas, David Rey González, de la coalición Fuerza y Corazón por México, así como el regidor panista de Cuautla, Morelos, Giovanni Lezama. Y las campañas aún no han comenzado.
En el proceso electoral de 2021 fueron asesinados 35 candidatos y precandidatos, la mayoría de los cuales aspiraba a cargos en sus municipios, el nivel de gobierno más vulnerable a la influencia del crimen organizado (Proceso 2327).
Fundador de Morena, Gibrán Ramírez denunció que “muchos” candidatos de ese partido –del que ahora es disidente– pactaron con el narcotráfico en sus regiones y llegaron a recibir dinero en efectivo o en moneda extranjera para sus actos proselitistas, propaganda y gastos logísticos.
Mal precedente
Medardo Tapia, quien ha realizado estudios comparativos sobre los fenómenos de violencia y corrupción política en México, Brasil y Colombia, señala que, pese a las evidencias del financiamiento ilegal, la coacción y la violencia del crimen organizado en las campañas de 2021 nunca se investigaron a fondo ni se penalizaron los hechos, lo que sienta un mal precedente para las elecciones generales de 2024.
Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0009 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.