Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, aseguró que en el caso Pegasus, en el que periodistas y activistas de México fueron espiados ilegalmente, todavía no se sabe judicialmente quién o quiénes lo hicieron.
“Seguimos sin saber, judicialmente, sin confirmar quién lo hizo o quiénes lo hicieron. Tenemos espionaje sin espías y esto sigue siendo profundamente preocupante”, explicó en Aristegui En Vivo.
Esto, luego de que el pasado 12 de enero, un juez de control dictó sentencia absolutoria a favor de Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser uno de los autores del delito de intervención ilegal de comunicaciones en contra de la periodista Carmen Aristegui, utilizando Pegasus.
Al dictar sentencia, el juez consideró acreditado que el teléfono de la periodista sí fue intervenido con Pegasus entre 2015 y 2016, tal como fue demostrado durante las comparecencias del juicio por los expertos del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
También concedió que los ataques contra Aristegui ocurrieron a raíz de su actividad periodística sobre casos de corrupción en las altas esferas políticas durante la administración anterior, como la investigación sobre la Casa Blanca del presidente Peña Nieto.
Al respecto, Maldonado aseveró que es un gran avance el que se haya reconocido que la periodista Carmen Aristegui fue espiada, pero argumentó que esto es insuficiente, ya que no se sabe algo sobre las personas responsables.
“Queda este sin saber en términos de la responsabilidad jurídica, porque hubiéramos esperado que se señalara un responsable, para dar con los demás (…) pero aquí sí nos adherimos al señalamiento del juez de decir; ‘bueno, pues continúan las investigaciones y que amplíen el espectro de responsabilidades tanto materiales, como intelectuales’”.
Además, argumentó que independientemente de que posteriormente se confirme o no la responsabilidad de Juan Carlos García, la cadena de mando no se acababa ahí, por lo que sostuvo que cada vez hay más evidencia del espionaje y de la adquisición del software.
Por otro lado, alertó que delitos prescriben y debido a que el caso fue denunciado hace casi 7 años, significa un reto para la autoridad de investigación, quien tiene que acelerar el caso.
“Destacando también que no es una posibilidad perpetua poder investigar estos delitos porque estos delitos prescriben, estamos hablando ya de casi 7 años de la denuncia (…) y eso evidentemente implica un reto también para la propia autoridad de investigación que necesita acelerar”, agregó.
Por otra parte, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor y una de las primeras personas que dio a conocer públicamente que fue infectado por el software espía Pegasus, narró cómo fue infectado cuando se encontraba trabajando en políticas en contra del etiquetado de los alimentos, así como aumentar los impuestos en las bebidas azucaradas.
“En nuestro caso, que es el primero que se da a conocer de manera masiva y que permite conocer a mucha gente cuando sale que era un SMS que se insertaba en el teléfono, que tenía cierto tipo de mensaje, empiezan a darse cuenta muchas personas, incluso periodistas, que ellos habían recibido algo similar”, explicó.
Explicó que se encontraba promoviendo aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas y estaba llevando un proceso en contra de un etiquetado de alimentos y bebidas que era diseñado por la industrial y no era entendible.
“Este contubernio, entre el poder político y el poder económico, fue a tal grado que lo utilizaron en este vínculo de las autoridades para infectarnos con un sistema de espionaje, comprado por el Gobierno de México, sin duda (…) era para darle esa información a esas corporaciones”, argumentó.
Calvillo aseguró que en el caso se debe de investigar cuál fue la causa de que se usara este software espía, quién lo ordenó y a quién iba esta información.
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