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El maestro Víctor Manuel Rocha Mercado, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirmó que se avizora un mar de recursos en contra de la reforma judicial y cada uno de estos tiene tiempos de tramitación distintos.
“Se avizora un mar de medios de defensa, entonces también cada uno tiene sus tiempos, su tramitación, el turno, todos esos elementos ya del propio aparato judicial para procesar cada uno de los medios de defensa que se haga valer”, afirmó en Aristegui En Vivo.
El especialista sostuvo que todas las personas afectadas por la implementación de la reforma pueden presentar un medio de defensa, es decir: jueces, magistrados e incluso los propios ciudadanos.
Además, explicó que entre los recursos que se pueden presentar se encuentra el amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias institucionales.
“Los amparos, pues lógicamente las personas que se consideran afectadas por la reforma, llámense jueces, magistrados, los propios ciudadanos, porque hay que recordar que la impartición de justicia imparcial es como tal un derecho humano, entonces como tal los propios ciudadanos estarían bajo la figura del interés legítimo, posiblemente interesados en que su impartición de justicia cumpla con ciertos estándares de independencia e imparcialidad”, aseveró.
Explicó que suponiendo que el recurso fuera una acción de inconstitucionalidad, quienes podrían presentarlo serían las Cámaras de diputados y senadores, siempre y cuando representen el 33 por ciento de las cámaras, lo cual es complicado ante la sobrerrepresentación de Morena.
“Sabemos el inconveniente que hay de que no necesariamente se podrían alcanzar esos umbrales para la legitimación activa”, señaló.
Por otro lado, sostuvo que en el ámbito de las controversias constitucionales pueden ser promovidas por municipios, por lo que hay una pluralidad de actores que pueden instar por mecanismos de control constitucional.
También explicó que ya están corriendo los plazos para presentar recursos en contra de esta reforma que entró en vigor el lunes pasado, por lo que las y los interesados en promover medios de defensa tienen máximo 30 días para hacerlo.
“Es cierto, los vientos están viéndose muy acelerados; sin embargo, esto forma parte de una lógica procesal específica, por ejemplo, para el juicio de amparo están los 30 días, tratándoselos de normas autoaplicativas, los 15 días si fueran normas que requieren autoaplicación, tratándose de las acciones 30 días, contra normas generales”, añadió.
Ante esto, especificó que pese a que la reforma se encuentre sobre tiempos muy acelerados, perfectamente las y los justificables lo pueden hacer valer conforme a los tiempos legales actualmente previstos, por lo que da perfectamente tiempo para formular una demanda, preparar conceptos de violación y de invalidez y presentarlos.
Sin embargo, sostuvo que el tiempo que la Corte se tome en resolver estos casos depende mucho de cada situación.
¿Las y los juzgadores están comprometidos?
En otro tema, el maestro Víctor Manuel Rocha Mercado añadió que las y los juzgadores que eventualmente les lleguen a tocar el conocimiento de estos asuntos no tendrían por qué ver comprometida su imparcialidad.
“No hay impedimento alguno, ni legal, ni tampoco ético. Particularmente, porque lo que se ha dicho en el foro es que ya podría estar comprometida la imparcialidad de los señores y señoras ministros”, sostuvo.
“A mí me parece que al final del día, uno en la función jurisdiccional, perfectamente puede separar tanto la posición que se tenga desde un punto de vista académico, respecto a la posición que eventualmente se tenga ya a la luz del marco normativo, a la luz de los precedentes, a la luz incluso de las propias convicciones profesionales que uno tenga sobre la materia de análisis que se nos presente”, agregó.
Ve la entrevista completa:
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