Samuel García publica decreto para que Inteligencia Financiera pase a la Fiscalía de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, emitió un decreto para trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Secretaría de Finanzas del Estado a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, este martes 13 de febrero, un día antes de vencer el plazo que impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver una controversia constitucional sobre este asunto.

Con esta modificación, la UIFE se convierte en una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, dependiente directamente de la Fiscalía estatal, e implica que la Fiscalía será la responsable de designar a su titular, en un plazo de 60 días.

Además, en el decreto se contempla un plazo de 90 días naturales para que la Fiscalía General y la Tesorería estatal realicen las adecuaciones necesarias para su reglamentación interna.

Desde junio de 2022, el Congreso del Estado aprobó la transferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal hacia la Fiscalía del Estado, pero por la oposición política que ha representado la mayoría del PRI y del PAN para el gobierno emecista, el gobernador se abstuvo de publicar el decreto de reforma respectivo.

En distintas ocasiones, el gobernador García Sepúlveda, aseguró que el Congreso intentaba “invadir las atribuciones del Poder Ejecutivo”, y evadía la publicación del decreto.

Según la publicación, “la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera será la única autoridad competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos“.

Tras esta publicación, la UIFE dejará de ser parte de la Secretaría de Finanzas y  Tesorería estatal; por lo que ahora “será la única autoridad estatal facultada para inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero”.

La publicación del decreto precede a la resolución por parte de la Suprema Corte sobre una serie de controversias relacionadas con la designación del Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León y una petición de juicio político en contra del gobernador Samuel García.