La defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, respondió a la Fiscalía General de la República (FGR) que la anulación de toda la información bancaria obtenida por esa dependencia desde Brasil obedeció a que fueron obtenidas de manera ilícita en su país de origen.
A través de un comunicado, los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda explicaron que las pruebas bancarias del caso Odebrecht fueron declaradas ilícitas en el proceso penal que se le siguió en Brasil al actual presidente de ese país sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, derivado de la confabulación de fiscales y el juez de la causa, Sergio Moro, como lo demostró el Supremo Tribunal Federal de Brasil en una sentencia emitida el pasado 6 de septiembre.
Los litigantes agregaron que no basta con que las pruebas de un proceso penal se obtengan a través de tratados y cooperaciones internacionales para que sean lícitas, ya que desde el país de origen se deben obtener mediante orden judicial, algo que no sucedió en el caso Odebrecht.
“El desechamiento de dichas pruebas obedece a que éstas fueron obtenidas ilícitamente en el lugar de origen, con especial referencia a la falta de control judicial. Que la FGR haya recibido dichas pruebas con base en un Tratado Internacional, no legitima la ilicitud de la prueba obtenida con base en violaciones a derechos fundamentales”, respondieron los abogados.
Por lo anterior, la defensa de Lozoya advierte que aun cuando la FGR califica de “parcial e ilegal” la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Apelación que invalidó las pruebas bancarias del caso Odebrecht enviadas por la Fiscalía de Brasil, en realidad se trató de una resolución “correcta, lícita y acorde a un modelo democrático de derecho penal, respetuoso de los derechos fundamentales de las personas humanas y jurídicas”.
El equipo de litigantes agregó que no sólo en México se han desechado las pruebas vinculadas al caso Odebrecht, ya que el Supremo Tribunal Federal de Brasil desechó las pruebas del mismo caso, “por considerarlas ilícitas, tal y como se desprende de la sentencia dictada en el caso instaurado contra Luiz Inácio Lula da Silva”.
Además, la defensa de Lozoya consideró que esta última resolución podría tener efectos en el resto de los procesos instaurados a escala mundial por los contratos y sobornos del caso Odebrecht, debido a que hubo “graves violaciones a derechos fundamentales cometidas a escala de la investigación”.
Dichas violaciones van desde la violación a la cadena de custodia de los sistemas informáticos de Odebrecht —de donde se obtuvo toda la información para imputar a diversos actores a nivel internacional—, “hasta la mecánica la cual los fiscales brasileños y el juez de la causa se coludieron para acordar — ilícitamente—, la forma de imputar a Lula da Silva”.
Este acuerdo entre jueces y fiscales, expuso la defensa de Lozoya, “resquebrajó el pilar del sistema acusatorio —también vigente en México—”, ya que tanto jueces como fiscales acusaron a Lula, cuando la ley marca en nuestro país y en Brasil que las fiscalías deben acusar, mientras que los jueces deben analizar si dichas acusaciones tienen elementos, “pero en este caso ambos acusaron”.
Además, la defensa de Lozoya advirtió que en el caso Odebrecht de Brasil se presentó una tercera violación a derechos fundamentales de una persona, “consistente en la coacción psicológica ejercida sobre diferentes testigos”, provocando hasta la muerte de personas y testigos.
En suma: las pruebas utilizadas en el caso Odebrecht están contaminadas de origen, por ello son ilícitas y no pueden ser utilizadas en México. De ahí que la resolución dictada en esta materia en nuestro país sea lícita, legal y ejemplar.
Por lo que se refiere al caso Agronitrogenados y la suspensión del proceso que obtuvo la defensa de Lozoya, resolución que la FGR calificó como “ilegal”, los abogados señalaron que ningún artículo de la legislación mexicana impide que un imputado como a Emilio Lozoya pueda beneficiarse del acuerdo reparatorio al que arribó otro coacusado como sucedió con el empresario Alonso Ancira.
“La suspensión del asunto conocido como Agronitrogenados se fundamentó en instrumentos internacionales, la ley penal mexicana, la Jurisprudencia, así como en el ejercicio legítimo de una defensa adecuada”, remata el comunicado.
Lee el comunicado completo:
