Un juez en materia penal vinculó a proceso al ex alcalde de Toluca, Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de su ex suegro.
En audiencia celebrada este 24 de enero, una jueza del distrito judicial de Toluca consideró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó suficientes elementos para abrir el proceso penal en contra del exalcalde priista en su calidad de coautor material.
Un reporte del Sistema Mexiquense de Medios Públicos (SMMP) señala que durante audiencia, el Ministerio Público presentó grabaciones de llamadas, videos, audios y mensajes para tratar de acreditar la responsabilidad del político priista en el secuestro de su ex suegro.
El reportero del SMMP, Jesús López, detalló que durante la investigación se acreditó que el pasado 12 de abril del 2023, el exsuegro de Raymundo Martínez fue detenido en su propio domicilio, pero sin contar con orden de aprehensión. Además, fue esposado y trasladado a las Oficinas de la Oficialía Calificadora del ayuntamiento de Toluca.
Tras estar retenido por más cuatro horas, el ex alcalde de Toluca le marcó a su entonces esposa Viridiana Martínez para exigirle que le entregará documentos personales a cambio de la libertad de su papá.
Con estos elementos, la jueza con sede en el penal estatal de Almoloya de Juárez dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Martínez Carbajal, le decretó prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses a la Fiscalía del Estado de México para el cierre de la investigación, el cual se cumple hasta el próximo 18 de marzo.
Junto con el ex alcalde de Toluca han sido detenidos varios de sus antiguos colaboradores, entre ellos su ex coordinador de asesores, Andrés Vergara Mañón, debido a su co-participación activa en el mismo hecho delictivo.
La historia del secuestro exprés
Las acusaciones penales de este caso se derivan de la denuncia presentada por la expresidenta del DIF de Toluca, Viridiana Rodríguez, contra su ex esposo y alcalde con licencia de ese mismo municipio., Raymundo Martínez Carbajal, por actos de violencia sexual, psicológica y física que habrían ocurrido mientras ambos estaban casados.
De igual forma, lo acusó de extorsión y de privar de su libertad a su padre en las instalaciones de la Policía Municipal de Toluca, en represalia porque decidió poner fin a su relación.
Según la denuncia de Rodríguez, el 12 de abril de 2022 fue detenido su padre de forma ilegal por funcionarios del ayuntamiento de Toluca y más de 40 policías municipales, a pesar de que no existía una orden judicial y ni siquiera una investigación en su contra.
Foto: Cuartoscuro
La detención fue para exigirle que le entregara todos los papeles que había conservado del matrimonio y para evitar que actuara en su contra ante instancias civiles, destacando que todo se trató de una venganza por la ruptura con Raymundo Martínez.
“Lo llevaron a las galeras del Ayuntamiento, donde lo esperaba el Consejero Jurídico de Toluca, Rodrigo Alonso Aliaga, recibiendo órdenes telefónicas de Andrés Vergara Mañón, coordinador de asesores del presidente municipal”.
Viridiana acusa que, mientras esto ocurría, en las oficinas del DIF Raymundo Martínez despidió “sin motivo ” a todos los directivos y trabajadores que eran cercanos a ella.
“Al mismo tiempo, vía telefónica, acordaba conmigo la liberación de mi padre, como siempre, a bases de amenazas e intimidación; diciéndome que si no le daba sus documentos, no lo iba a dejar ir, dándome a entender que le iban a fabricar una carpeta penal”.
“Todo esto se dio por una venganza hacia mi persona, ya que, al no tolerar más su manera violenta de tratarme, lo dejé en el mes de febrero”.
Foto: Cuartoscuro
En el video, la expresidenta del DIF compartió que denunció al presidente municipal de Toluca por violencia familiar. Sin embargo, señala que, poco tiempo después de presentar formalmente la acusación, sufrió presión por parte de diversas instituciones como la Fiscalía General del Estado de México, la Fiscalía de Género, la Fiscalía Anticorrupción, y la directora del DIF de Toluca- Marian Díaz Solano.
Rodríguez afirmó que estos funcionarios, además de ministerios públicos y un notario, se presentaron el 5 de mayo, día inhábil, a su domicilio para que firmara desistimientos.
Estos desistimientos incluirían delitos graves como secuestro, violencia familiar, allanamiento, daño a propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, abuso de poder y uso indebido de la fuerza pública.
Además, se obligó a su mamá y papá a firmar un convenio de confidencialidad que les prohíbe hablar del presidente municipal por 15 años “y si lo hiciéramos tendríamos que pagarle 15 millones de pesos”.
Foto: Cuartoscuro
El convenio también estipularía “que no podemos ejercer acción legal en su contra ni de su equipo. Ni de su amante, con la que me engañó siete años”.
“Un convenio que a todas luces es ilegal, pero del miedo que sentía en ese momento lo firmé y convencí a mis papás que también lo hicieran, con la promesa de que nos iban a dejar en paz”, concluyó Viridiana Martínez.