(Radio France Internacionale).- Esta semana, Perú aprobó un decreto supremo en el que define como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género. Dicha normativa, que cuenta con la firma de la presidenta Dina Boluarte, actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y la lista de enfermedades e intervenciones asegurables. Pero al mismo tiempo, ha sembrado la polémica en todo el país, y varios grupos proderechos LGBT han alzado la voz para protestar.
Para entender a fondo la crispación del colectivo LGTB con el Gobierno de Perú, hay que entender que el Poder Ejecutivo reformó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, conocida como CIE-10. Esta es la que reconoce como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género, y la cual quedó desactualizada en 2022, con la instauración de la CIE-11 que ya no las considera enfermedades.
Fomentando la estigmatización
Para Rodrigo Flores, portavoz de Más Igualdad Perú, esto fomenta una estigmatización aún mayor del colectivo trans en el país: “Nos han llegado a la asociación diferentes denuncias y noticias de personas que están denunciando que en sus centros de trabajo, algún compañero, o en algún establecimiento les están diciendo: ‘El Estado dice que tú eres enfermo, o sea, en realidad tú sí estás mal, ¿no? Porque el Estado dice que tú estás trastornado’, o estás trastornada, o trastornade”, cuenta.
Esta medida recoge a estas identidades de género como “patologías consideradas asegurables”, por lo que podría facilitar el acceso al servicio de salud a las personas trans, las cuales tienen que lidiar con muchos problemas relacionados con el Documento Nacional de Identidad. Pero para el activista, sólo abre la puerta a actos de discriminación, como las terapias de conversión.
Y abriendo la puerta a terapias de conversión
“Se abre la puerta a que puedan realizarse y validarse las prácticas y terapias de conversión. Nosotros como asociación, hemos realizado un primer estudio exploratorio, ahora estamos en el proceso de lanzar su segunda versión, donde podemos encontrar que esto ya está respaldado por la data. O sea, sí existen muchos reportes de personas que manifiestan haber sido sometidas a prácticas de conversión, muchas de ellas implicando violencia física, psicológica, tratos denigrantes, etcétera, y en muchos casos esto ocurre además siendo menores de edad”, explica Flores.
Los grupos proderechos afirman que el Ministerio de Salud debería haber consultado antes a los colectivos. De esta forma, hubieran evitado las protestas que organizaciones como Colectivo Marcha del Orgullo están organizando.
“En estos momentos venimos organizándonos y además convocando a toda la población LGBTI, de derechos humanos, para este 17 de mayo, que paradójicamente es el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Entonces estamos autoconvocándonos para reaccionar frente a estas acciones del Ministerio de Salud”, dice Jorge Apolaya, representante del Colectivo Marcha del Orgullo.
Las organizaciones por los derechos LGTB tienen claro una cosa, y es que el Gobierno debe retractarse e imponer la CIE-11 cuanto antes. Mientras tanto, continuarán acudiendo a las marchas con la cabeza alta y con orgullo.