Tras el fallo de sentencia absolutoria a favor de Juan Carlos GR, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser uno de los autores del delito de intervención ilegal de comunicaciones en contra de la periodista Carmen Aristegui, utilizando el malware Pegasus, Artículo 19 y R3D destacaron en un comunicado conjunto la necesidad de continuar con la investigaciones de más casos de espionaje con este spyware.
En la última sesión del juicio contra el operador de Pegasus en el corporativo KBH, un conglomerado de empresas fantasma que vendió el spyware al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el juez consideró acreditado que el teléfono de la periodista sí fue intervenido con Pegasus entre 2015 y 2016, pero determinó que la FGR no presentó pruebas suficientes de que Juan Carlos haya sido la persona que espió a Aristegui.
🚨Juicio confirma espionaje con #Pegasus contra Carmen Aristegui por su labor periodística.
En un contexto de violencia contra la prensa, la @FGRMexico debe continuar con las investigaciones para dar con todas las personas responsables.https://t.co/rY6S7Vfusf
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) January 13, 2024
Al respecto, y tras probarse que existió espionaje por su labor periodística, Artículo 19 afirma en el comunicado que “el juicio refrenda la urgente necesidad de que la Fiscalía dirija sus indagatorias hacia todos los responsables, sean estos actores privados y/o funcionarios públicos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el entonces Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)”.
De la misma forma insta a que se avance en las investigaciones en torno a otros casos de espionaje con Pegasus que fueron denunciadas durante este sexenio y presuntamente perpetrados por las Fuerzas Armadas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
“Es lamentable que, a más de seis años de haber sido presentadas las denuncias, continúe la impunidad del espionaje ilegal en contra de decenas de víctimas. La labor de defensa de los derechos humanos y la actividad periodística se encuentran bajo amenaza en tanto los responsables de estos actos no respondan ante la justicia”, lee el documento, disponible en el sitio de la organización y en conjunto con Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC.
Por otro lado y más allá de la urgencia a investigar, destacaron como indispensable llevar a cabo reformas para garantizar que la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia dejen de ser ablusadas, así como adoptar “una moratoria hasta que existan marcos normativos suficientes que regulen su utilización acorde con los derechos humanos”.
