Las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa suspendieron el plantón frente al Campo Militar 1 en el Estado de México, en espera de que el Ejército cumpla la instrucción presidencial de abrir sus archivos y entregar la información faltante que señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Hemos decidido levantar este plantón, esperando que la voz del señor Alejandro Encinas sí tenga hueco y perfore esa puerta para que esta documentación sea entregada y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sea el obstáculo principal”, expresó Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas.
Asimismo, exigieron que se investigue, y en su caso sancione, a los funcionarios de alto nivel y el expresidente Enrique Peña Nieto que participaron en la construcción de la “verdad histórica” para cerrar el caso de forma precipitada, como apunta el segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
Sobre esto señalaron que también se debe investigar al aspirante a candidato de Morena para la jefatura de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, porque aparece entre los nombre que formaron parte de dicha junta de autoridades.
Igualmente, los familiares de los normalistas y sus defensores legales rechazaron en conferencia de prensa frente al Campo Militar 1, en Naucalpan de Juárez, la narrativa de hechos que presentó el gabinete de seguridad el pasado lunes.
Aseguraron que dicho documento criminaliza a los estudiantes porque afirma que estaban coludidos con el crimen organizado. Además, subrayaron que para llegar a dicha conclusión utilizaron información que ya ha sido descalificada por expertos.
Mario César González, padre de uno de los 43 estudiantes, reiteró la exigencia a las Fuerzas Armadas de que entreguen la información faltante que señaló el GIEI antes de su salida de México en julio.
“No se trata de estar de acuerdo, sino presentar pruebas”, aseveró.
Los padres dijeron que en caso de que el ejercito no abra sus archivos y entregue la información faltante volverán a poner el plantón, advirtió Cristina Bautista, madre de uno de los 43 estudiantes.
“Si no cumple el Ejército de entregar los documentos, vamos a regresar. Porque hemos dicho que sea lo que sea, queremos la verdad”, apuntó.
Por su parte, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, señaló que en la narrativa presentada el pasado lunes no se alude a la responsabilidad del Ejército y, en cambio, se criminaliza a los estudiantes.
Además, reconoce la responsabilidad de autoridades federales en la construcción de la “verdad histórica” durante el sexenio de Peña Nieto, apuntó.
Finalmente, reiteró que las Fuerzas Armadas aún deben de entregar la información faltante, incluidas grabaciones que presuntamente podrían estar relacionadas con el paradero de, por lo menos, 17 estudiantes.
A su vez, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, precisó que la narrativa del gabinete de seguridad no “recoge el trabajo de la CoVAJ” y señaló que las Fuerzas Armadas deben abrir sus archivos.
“Mientras no se entregue esa información, la duda sobre la autoridad militar permanecerá”, sentenció.
Por último, rechazó a los señalamientos que se han hecho contra el ex fiscal de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien dirigió las pesquisas del caso desde junio de 2019 y renunció en septiembre del año pasado tras darse a conocer que la institución se desistió de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en el caso.
“Si alguien ha obstaculizado la investigación no es el anterior fiscal, es el Ejército”, subrayó Aguirre.
Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera este jueves durante su rueda de prensa diaria que Gómez Trejo “no quiso cumplir la instrucción” de solicitar ordenes de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam y de miembros del Ejército.
El martes se cumplió el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero y a un año de que termine la administración de López Obrador, quien ha reiterado su promesa de resolver el caso antes del fin de su mandato, en octubre de 2024.
Dicha fecha ocurrió un día después de que el gabinete de seguridad presentara a los padres de los normalistas un informe a nombre del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
Este fue calificado por el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, como una “nueva narrativa” de los hechos que “se acerca más a la verdad histórica” que se elaboró en el sexenio pasado.
El gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.
Sin embargo, a un año de que termine la administración de AMLO, organismos internacionales y organizaciones han denunciado que las Fuerzas Armadas han obstaculizado las pesquisas.
El miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe de la CoVAJ y reconoció que aún se podría encontrar información en los repositorios de los cuerpos castrenses.
“No solamente creemos que puede encontrarse más información, sino [que] hay instrucción presidencial ratificada al día de hoy a Sedena, Semar y CNI para que se haga toda la búsqueda que tenga que hacerse para encontrar más información en esas dependencias”, declaró.
Dicho reporte también reconoce la existencia de una junta de autoridades que habría orquestado la llamada “verdad histórica” con el fin de dar “carpetazo” al caso.