El Ayuntamiento de Tepic programó un acto de disculpa pública por discriminar a una mujer, tras negarle acceso a la convocatoria para formar parte del sistema para erradicar violencia contra mujeres y niñas, alegando su participación en marchas “feministas”, pero no la tomó en cuenta.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit (CDDH), emitió la recomendación específica 03/2023, desde agosto pasado, dirigida al ayuntamiento de Tepic, encabezado por Geraldine Ponce (Morena)— para considerar en calidad de víctima a G. Cortés y pedirle disculpas públicas, entre otras acciones reparatorias.
Por lo que este lunes pasado, en sesión de cabildo se llevaría a cabo la actividad, pero fue suspendida porque la CDDH notificó al ayuntamiento sobre la irregularidad que implica no tomar en cuenta a la víctima, dijo el Ombudsperson, Maximino Muñoz de la Cruz.
Foto: Redes sociales
“Se pidió cambio de fecha porque la agraviada no fue debidamente notificada. Me enviaron un oficio para notificarme del acto, pero a ella (G. Cortés) no le avisaron formalmente“, expuso.
El acto deberá reprogramarse, pero deben tomar en cuenta a la víctima, quien determina la suficiencia de la reparación del daño.
El suceso ocurrió el 21 de diciembre del 2021 cuando G. Cortés participó en la convocatoria pública para formar parte del Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Niñas, encabezada por un hombre, el secretario municipal, Saúl Paredes.
Foto: Redes sociales
La mujer entregó su documentación y tras una serie de entrevistas en enero del 2022, el secretario la excluyó del grupo de aspirantes, señalando que tenía videos que la mostraban como participante de las marchas feministas que habían “vandalizado las ranas de la plaza pública”, aunque no los presentó.
La Colectiva Feminista Nayarit, respaldó a su integrante y afirmó que ni la activista ni sus abogadas fueron informadas por el acto de disculpas.
La Colectiva recordó que la Ley General de Víctimas (LGV) y tratados internacionales de Derechos Humanos, reconocen que este tipo de actos buscan reconocer y satisfacer la dignidad y reputación de las víctimas, además, implican la aceptación de responsabilidad de las autoridades.
Finalmente, insistieron mediante un comunicado, que este tipo de actos reclaman las consideraciones que la persona agraviada agraviada requiera, como la del hecho de estar presente en la organización y disposición del evento.
Recalcaron que las personas agraviadas deben ser el centro de un acto de reparación y los protocolos deben ajustarse en consecuencia.
En el mes de junio del año pasado, el Tribunal Estatal Electoral sentenció a la presidenta municipal, Geraldine Ponce, por cometer violencia política en razón de género contra la regidora panista, Esther Mota Rodríguez.
Esto luego de que en una sesión de cabildo, la alcaldesa pidió que le apagaran el micrófono a la regidora cuando ésta la cuestionaba por un asunto local.
La presidenta municipal ofreció disculpas públicas y obligaron a que personal del ayuntamiento se capacitara para prevenir y erradicar la violencia de género.
Foto: Karina Cancino