El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó este viernes la aprobación dada por un organismo de Israel para construir cerca de 3,500 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania e hizo hincapié en la aceleración de la expansión de los mismos, así como en el riesgo que supone para la viabilidad de una solución de dos Estados.
“Las informaciones de esta semana sobre que Israel planea construir otras 3.476 viviendas para colonos en Maale Adumim, Efrat y Kedar son una bofetada al Derecho Internacional“, subrayó Turk, quien afirmó que la “drástica aceleración” de la construcción en los asentamientos ahonda los patrones de opresión, violencia y discriminación contra los palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este.
Volk sostuvo en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el levantamiento y expansión de estos asentamientos israelíes para el traslado de su población a los territorios ocupados equivalen a un crimen de guerra, con alrededor de 24,300 viviendas construidas durante el periodo de investigación del documento, que se extiende desde el 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023. La cifra supone la más alta desde 2017 e incluye 9,670 viviendas en Jerusalén Este.
El informe, publicado por su oficina, refleja que las políticas del Gobierno israelí se alinean “a un nivel sin precedentes” con los objetivos de los colonos. “También van contra la visión de un amplio abanico de Estados, presentada durante las vistas de hace apenas dos semanas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, agregó Turk.
“Cisjordania ya está en crisis”, advirtió Turk, quien subrayó que “la violencia de los colonos y las violaciones relativas a los asentamientos han alcanzado impactantes nuevos niveles y suponen un riesgo de eliminar cualquier posibilidad práctica de establecer un Estado palestino viable“.
El documento muestra además un drástico aumento de los ataques de los colonos y la “violencia estatal” contra los palestinos, con más de 600 ataques desde el 7 de octubre, fecha de los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y más de 1,200 palestinos de 19 comunidades desplazados como resultado directo de esta violencia, que ha dejado además nueve muertos a manos de colonos y cerca de 400 en operaciones de las fuerzas de seguridad.
Además, unas 600 personas, incluidos 282 niños, se han visto desplazados en Cisjordania y Jerusalén Este tras la demolición de sus viviendas por la falta de permisos entregados por las autoridades israelíes, “casi imposibles de obtener”, en medio del decenas de casos de ataques y acoso por parte de colonos vestidos con uniformes militares contra palestinos en estos territorios.
“Las acciones de Israel contra la población palestina deben acabar de forma inmediata. La única forma de avanzar es encontrar una solución política viable que ponga fin a la ocupación, establezca un Estado palestino independiente y garantice la materialización de los derechos fundamentales del pueblo palestino”, concluyó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Auto incendidado durante un ataque de colonos israelíes en Jenín, Cisjordania. Foto Reuters
El Consejo Nacional de Planificación y Construcción de Israel dio ‘luz verde’ el miércoles a 3,476 unidades de vivienda -2,452 en Maale Adumim, 694 en Efrat y 330 en Kedar-. El organismo no se reunía desde junio de 2023 a causa del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que desencadenaron una ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.
El Derecho Internacional considera ilegales los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, si bien Israel distingue entre aquellos a los que ha dado permiso y a los que no, a pesar de las continuadas críticas internacionales.
La Autoridad Palestina ha denunciado en numerosas ocasiones que la expansión de estos asentamientos y el traslado de población a los mismos dificulta la solución de dos Estados y ha reclamado medidas internacionales para poner fin a esta práctica por parte de Israel.