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Por Rogelio Muñiz Toledo
“Las reformas que conocemos hoy, y que vamos a conocer esta
tarde, junto a las de los últimos cinco años, son … un nuevo pacto
social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución“
Luisa María Alcalde Luján *
Con su paquete de iniciativas de reforma constitucional y legal el presidente Andrés Manuel López Obrador busca destruir, en 3 meses, lo que a las y los mexicanos nos costó 30 años construir: la democracia constitucional. Inacabada y con una agenda pendiente por el pospuesto cambio del régimen político -promesa también incumplida por López Obrador- la democracia constitucional en México es producto de los procesos de liberalización, democratización, transición y alternancia de finales del siglo XX y lo que va del XXI.
Tardíamente y sin una estrategia política bien definida, con sus iniciativas de reforma el presidente también pretende, en 3 meses, incorporar a la Constitución las bases de un Estado de Bienestar, lo cual debiera ser analizado por las oposiciones con responsabilidad y con la seriedad que amerita el asunto. De aprobarse esa parte del paquete de iniciativas sería una muy buena noticia para responder a la demanda de justicia social en el país.
La agenda de la justicia social nunca interesó realmente a los gobiernos priistas y panistas al menos desde Miguel de la Madrid y hasta Enrique Peña. Seis sexenios dedicados a imponer el modelo neoliberal, en los que se desdeñó la agenda social. En los cinco primeros años de su gobierno, López Obrador tampoco tiene mucho que presumir al respecto. Sorprende que se decida a hacerlo hasta el final de su gobierno, sin diálogo social, sin un acuerdo político con las oposiciones y sin un amplio consenso, producto de un debate nacional.
Por la magnitud de los cambios a la Constitución que impulsa el presidente López Obrador -no solo en cuanto al número de artículos que propone reformar, sino por la importancia de su contenido y por su trascendencia para el régimen político, la democracia y el Estado de derecho- el contenido de las iniciativas merece ser analizado. Aunque están ausentes muchos temas importantes para el cambio del régimen político y para construir un Estado de Bienestar, coincido con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, en que una reforma así implicaría ir a un nuevo pacto social.
Sin embargo, me parece que es inviable pretender impulsar un acuerdo que dé paso a un nuevo pacto social -y a un nuevo texto constitucional- sin que el cambio de régimen y la transformación del Estado sean producto de un amplio consenso. Hacerlo en medio de un proceso electoral de la importancia del actual, a partir únicamente de la agenda política transexenal del presidente de la república, es un despropósito.
Un acuerdo para un nuevo pacto social en el contexto de una elección presidencial requeriría, como lo señalé en este espacio hace una semana, la voluntad de las candidatas y el candidato a la presidencia de la república, de los partidos políticos y de la sociedad para cambiar el régimen y reformar al Estado, y no solo de discutir la agenda que impone el presidente de la república.
Sin embargo, me parece que las iniciativas del presidente de la república no son solo una estrategia electoral.
Son una agenda política con una pretensión transexenal que debe ser analizada, debatida y debidamente valorada en relación con los temas de política social y del papel del Estado en la economía. Pero también refutada y rechazada en la otra parte de su contenido: la relacionada con el cambio del régimen político.
A reserva de analizarlas puntualmente con posterioridad, veamos a grandes rasgos qué es lo que contiene el paquete de reformas propuesto por el presidente López Obrador. Se trata de dieciocho iniciativas de reforma constitucional y dos de reforma legal; de estas últimas, una solamente es para adicionar un artículo transitorio a la ley del ISSSTE con el objetivo de recuperar adeudos de las entidades federativas y los municipios al instituto y, la otra, para abrogar una ley, expedir una nueva y reformar, adicionar o derogar artículos de alrededor de otras cincuenta leyes, con el objetivo de “racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal”.
Con las reformas constitucionales se busca modificar el régimen político e incorporar a la Constitución el reconocimiento de derechos sociales y de ampliar o precisar el contenido de algunos ya reconocidos. Con las reformas legales -cuya constitucionalidad habría que revisar- se pretende desincorporar, liquidar o extinguir nueve organismos descentralizados y fusionar, integrar o extinguir dieciséis órganos desconcentrados, organismos descentralizados, unidades administrativas o sistemas, para transferir sus funciones a secretarías de Estado.
De las iniciativas de reforma constitucional enviadas por el titular del ejecutivo federal a la Cámara de las y los diputados, como cámara de origen, nueve tienen contenido social y esencialmente buscan el reconocimiento de derechos económicos o sociales; tres buscan cambiar el régimen político; dos están relacionadas con el papel del Estado en la economía; dos tienen que ver con la seguridad pública y la materia penal; una con regulación en materia de salud pública y otra con cambios en el régimen de la administración pública federal en materia de austeridad y racionalidad en el gasto público.
Las nueve iniciativas de reforma constitucional con contenido social, y las relacionadas con la materia de austeridad y con la regulación en materia de salud pública, podrían formar parte de las bases de un Estado de Bienestar o, al menos, de un Estado social con un amplio reconocimiento de derechos económicos y sociales y las garantías para su ejercicio; aunque faltan temas como el derecho al cuidado y la construcción de un sistema público de cuidados, entre otros.
Por la forma en la que están redactadas estas propuestas faltarían bases jurídicas para construir una política social de Estado o para establecer las bases de un Estado de Bienestar.
Pero esas deficiencias podrían ser subsanadas al dictaminar las iniciativas en el poder legislativo y al expedir las respectivas leyes reglamentarias. Sin embargo, en mi opinión, estas once iniciativas podrían ser aprobadas, aunque con algunos cambios que no desnaturalizaran su contenido. Conviene insistir en que las reformas deben constitucionalizar derechos, no los programas sociales de un gobierno.
En contraste, las tres iniciativas de reforma constitucional en las que se proponen cambios al régimen político resultan inaceptables porque están dirigidas a derrumbar el régimen democrático y el sistema político. En mi opinión, su contenido llevaría a destruir -o al menos debilitar de manera grave- la democracia constitucional, la separación de los poderes públicos y los contrapesos al poder político.
Su aprobación tendría, al menos, las consecuencias siguientes: transitar a un régimen político de concentración del poder en manos de quien ocupe la presidencia de la república, con un claro carácter autocrático, en perjuicio de los otros dos poderes, del pacto federal y de las libertades; disminuir la representación de las minorías en los poderes legislativos federal y locales y en el tercer orden de gobierno, para construir -en forma artificial- mayorías calificadas favorables al partido hegemónico, con lo que se eliminaría la vida democrática; vulnerar -en una forma de difícil reparación- la independencia de los poderes legislativos y judiciales federal y de las entidades federativas; desaparecer el equilibrio de poderes y los contrapesos en el sistema político; eliminar la integridad electoral, la credibilidad de las elecciones y la legitimidad de los gobiernos emanados de las urnas y dejar a las y los ciudadanos indefensos ante los abusos de poder.
Las dos iniciativas que buscan constitucionalizar la militarización de la seguridad pública y ampliar -una vez más en este gobierno- el catálogo de delitos en los que procede la prisión preventiva oficiosa son contrarias a los criterios, estándares y sentencias de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y significarían una grave vulneración a estos y a las libertades. Insistir en la ruta del populismo penal y de la militarización del país resulta inaceptable.
Las dos iniciativas de reforma constitucional relacionadas con la participación del Estado en la economía sin duda podrían tener elementos rescatables. Sin embargo, dado que atienden a un tema que atañe al proyecto de nación, debieran ser objeto de un amplio debate nacional, incluyente y democrático, en el que se analizara y discutiera en forma integral el papel del Estado en la economía.
Las deficiencias en la técnica jurídica y legislativa y la falta de precisión o sobrerregulación ostensibles en varias de las iniciativas no es algo nuevo en el gobierno de López Obrador. Por eso, esperar que fueran aprobadas “sin moverles ni una coma” no solo sería un despropósito en el marco de la división de poderes, sino un sinsentido ante la evidente falta de pericia de quienes han asesorado y asesoran jurídicamente al presidente de la república.
Finalmente, dejo aquí algunas cifras sobre las dieciocho iniciativas de reforma constitucional: el presidente busca reformar, adicionar o derogar porciones normativas de 53 de los 136 artículos de la Constitución Federal (el 38.97%) -el artículo 54, que contiene el procedimiento de asignación de los diputados plurinominales, se derogaría en su totalidad- y para los otros 52 artículos se propone hacer 85 conjuntos de modificaciones. Ocho artículos serían los más reformados: el 123 con modificaciones propuestas en seis de las dieciocho iniciativas y el 4º. en cinco de estas; los artículos 27, 73 y 116 con cambios propuestos en cuatro de las iniciativas; y los artículos 28, 105 y 122 con reformas propuestas en tres de las iniciativas.
Estas cifras contrastan con las de las reformas constitucionales aprobadas en lo que va de este gobierno. En 5 años -casi dos Legislaturas completas- se aprobaron veintitrés decretos de reforma constitucional, solo cinco más que las dieciocho iniciativas de reforma constitucional que envió al Congreso el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado y que pretende que se aprueben en solo un periodo de sesiones, el último de la actual Legislatura. Con los veintitrés decretos de reforma publicados entre 2019 y 2024 se reformaron treinta y nueve artículos y un transitorio de la Constitución federal, catorce artículos menos que los que el presidente pretende que se reformen en 3 meses.
* Luisa María Alcalde Luján es secretaria de Gobernación
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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