El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en siete de las 24 provincias del país, citando un aumento en el número de delitos en esas jurisdicciones.
La medida será por 60 días en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, así como en una zona de la provincia de Azuay, según un decreto firmado por Noboa, quien en enero declaró a Ecuador en guerra y designó a 22 bandas criminales como grupos terroristas.
El decreto será presentado a la Corte Constitucional, afirmó más temprano el gobierno.
Tribunal afirma que estado de excepción es injustificada
Este mes, el tribunal dictaminó que una declaración de estado de excepción previo en cinco provincias no estaba suficientemente justificada.
Las fuerzas de seguridad podrán ingresar a viviendas e interceptar correspondencia en las provincias objetivo, de acuerdo al decreto.
“El Gobierno Nacional identificó que los grupos narcoterroristas se han atrincherado y han concentrado sus acciones criminales principalmente en estas zonas”, dijo la oficina de prensa de Noboa en un comunicado, al señalar que con la medida se inicia una segunda fase del plan de seguridad.
Noboa culpa de la violencia -incluida la invasión en enero de una estación de televisión por parte de hombres armados y una toma masiva de rehenes de guardias penitenciarios- a las bandas de narcotraficantes que mueven cocaína desde Colombia y Perú a través de Ecuador.
Anteriormente había utilizado declaraciones de estado de excepción para aumentar las operaciones policiales y militares destinadas a combatir miles de asesinatos y otros delitos.
El gobierno dice que las muertes violentas cayeron un 28% en los primeros dos meses del año, en comparación con el mismo período de 2023, aunque reconoció que otros delitos como secuestros y extorsión aumentaron.
La oficina del fiscal general investiga ocho casos de posibles ejecuciones extrajudiciales que supuestamente tuvieron lugar durante el estado de excepción más reciente del país, en medio de advertencias de grupos de derechos humanos respecto a que las autoridades no toman medidas para prevenir abusos. (Reuters)
