El Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua otorgó este miércoles asilo al expresidente de Panamá (2009-2014) y aspirante a la reelección Ricardo Martinelli, quien fue condenado a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.
“De conformidad con la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, ratificada por nuestro país, y reconociendo que el asilo es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección, sin distingo de nacionalidad“, Nicaragua decidió “otorgar asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá”, indicó la Cancillería nicaragüense en una declaración.
En la misiva, enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Nicaragua explicó que Martinelli solicitó el asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá, a cargo de la periodista Consuelo Sandoval, “por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”.
En tal sentido, el Gobierno de Nicaragua solicitó al de Panamá brindar las seguridades para la “pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua”.
Una fuente cercana al exmandatario afirmó a EFE que Martinelli solicitó al Gobierno de Nicaragua asilo porque en Panamá no hay “garantías constitucionales” ni “hay ley”, tras ser sentenciado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. Esa misma fuente confirmó a EFE que el Ministerio de Exteriores de Nicaragua admitió la solicitud de asilo.
En tanto, el Dr. Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, comenta que el comunicado plantea una “controversia jurídica”, ya que el artículo uno de la Convención dice:
No es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes, que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por Tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar. Las personas mencionadas en el párrafo precedente, que se refugiaren en algunos de los lugares señalados en él, deberán ser entregadas tan pronto lo requiera el Gobierno Local.
Martinelli se considera un perseguido político
Martinelli, de 71 años y que se dice un perseguido político, afirmó el sábado pasado en su cuenta de X que “fuerzas del mal buscan” inhabilitarlo para los comicios generales del próximo 5 de mayo, en los que aspira a la Presidencia por su nuevo partido, Realizando Metas (RM), contando con el favoritismo del electorado, según las escasas encuestas disponibles.
Con la ratificación de la condena luego que un recurso de casación, la última vía legal para anularla, fuera rechazado por la Corte Suprema en una decisión inapelable publicada en un edicto el viernes pasado, Martinelli queda inhabilitado para ser candidato, dijeron a EFE juristas que citaron la Constitución y el Código Electoral y que aclararon que hay que seguir una serie de trámites para ello.
La sentencia inhabilita a Martinelli porque es a más de 5 años de prisión y dada la naturaleza del delito, de acuerdo con los abogados, que toman como base el artículo 180 de la Constitución vigente.
“El Tribunal Electoral hará cumplir el debido proceso y sobre todo lo que dice la Constitución y la ley que rige el proceso electoral”, dijo el ente rector de los comicios en un comunicado “ante la creciente desinformación relacionada con la candidatura” de Martinelli.
Fue condenado a 128 meses de prisión
El expresidente fue condenado en julio pasado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de 19.2 millones de dólares por la compra irregular de la editorial de medios Epasa, un caso que se remonta a 2017.
Con el rechazo del recurso de casación, el expediente de Martinelli deberá devolverse a la primera instancia que emitió la sentencia, que es el Juzgado Liquidador de Causas Penales, para que establezca la forma en que se hará efectiva su conducción o arresto. No está claro el tiempo que esto tomará.
Martinelli estuvo detenido preventivamente entre junio de 2018 y junio de 2019 en El Renacer, una cárcel de mínima seguridad situada en las afueras de la capital, mientras afrontaba un juicio por interceptación ilegal de las telecomunicaciones de 150 personas durante su Gobierno, un caso en el que resultó absuelto.
Su paso por El Renacer fue polémico: sufrió males físicos que lo llevaron al hospital, le suspendieron durante un mes las visitas por amenazar a los guardias, según se informó en octubre de 2018, e incluso, ante una queja de Martinelli, el Sistema Penitenciario tuvo que aclarar que se le trataba como a cualquier otro reo del lugar, pues acudía a sus citas médicas, hacía sus diligencias, salía al patio de manera “regular” e iba a misa.
Nicaragua y el asilo a políticos acusados de corrupción
Nicaragua se ha convertido en refugio de políticos acusados por corrupción. Algunos de los personajes a los que el gobierno de Daniel Ortega les ha concedido asilo son:
- Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador (2009-2014), la Fiscalía salvadoreña lo acusa por supuesto peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de unos US$351 millones del presupuesto público.
- Thaksin Shinawatra, ex Primer Ministro tailandés, fue condenado en 2008 a dos años de cárcel por un delito de corrupción cometido mientras gobernaba.
- Salvador Sánchez Cerén, expresidente de El Salvador (2014-2019), la Fiscalía General de El Salvador presentó en julio de 2021 cargos de corrupción en su contra por supuestamente recibir pagos irregulares por 530 mil dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes.
- Gustavo Herrera Castillo, empresario y operador político guatemalteco, es acusado por una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), además de estafa propia, apropiación y retención indebida.
(Con información de EFE)