COAHUAYANA, Mich. (Proceso).— El Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió el pasado miércoles 3 de abril en al menos tres comunidades de Coahuayana y mantiene hasta ahora cercada la cabecera de este municipio, ubicado en los límites con Colima y convertido en un refugio para cientos de personas desplazadas por la violencia de éste y otros grupos criminales, empleando explosivos, ahora de tipo químico, arrojados por drones.
Según afirma el presidente municipal Gildardo Ruiz Velázquez, así como los testimonios de pobladores, el CJNG recurrió no sólo al uso de armas de grueso calibre, sino también empleando drones que lanzan explosivos con sustancias químicas que provocan afectaciones en las personas (picazón y escozor en vías respiratorias y en algunos casos sensación de asfixia) y que podrían significar el escalamiento armamentista en esta región, alertó el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, con sede en la entidad.
La organización indicó que la alarma cunde por los efectos que se han reportado de las sustancias lanzadas por los drones en esta incursión masiva del CJNG, y que califica como “un paso más en la escalada belicista de este conflicto, y que se ha vuelto una carrera armamentista” entre los grupos del crimen organizado que buscan controlar estos territorios, uno de ellos Jalisco Nueva Generación y otro La Familia Michoacana, entre otros.
Habitantes y población desplazada de este municipio, así como de Chinicuila y Ostula, denunciaron que cientos de sicarios del CJNG ingresaron y “tomaron” las comunidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotán en la madrugada del miércoles 3, aterrorizando a los pobladores y obligando al desplazamiento forzado de decenas de ellos.
Esto llevó a decenas de personas desplazadas a bloquear la carretera 200, en los límites entre Colima y Michoacán, para tratar de impedir el paso del grupo criminal a la cabecera de Coahuayana “y que no terminen con la paz y la paz de los desplazados que se ha dado aquí”, según se muestra en algunos videos.
Grupos de autodefensas, apoyados con policía comunitaria y del estado, lograron frenar el paso del convoy armado hacia la cabecera. Pero el cártel mantuvo tomadas las comunidades al menos durante casi tres días, hasta viernes pasado, cuando ante los llamados de auxilio, fuerzas federales intervinieron.
No obstante, persiste la amenaza de una nueva incursión, dijeron a Proceso habitantes de este municipio y organizaciones, que exigieron al gobierno estatal y al federal desterrar de la región a éste y otros grupos armados que realizan reclutamientos masivos, desapariciones y asesinatos, además de obligar a la gente a salir de sus casas y localidades, con el uso de tecnología como los drones equipados con explosivos.
Invasión criminal
Coahuayana se ha convertido en refugio en el que cientos de personas víctimas de desplazamiento forzado interno de municipios de esta entidad y otros estados alcanzados por las pugnas territoriales de los cárteles y grupos criminales tratan de rehacer sus vidas. De ello da cuenta la investigación de Proceso y Connectas “Desterrados por el narco: el invisible desplazamiento forzado en México”.
Previo a estos hechos, se levantaba un registro para elaborar un padrón de personas en esa situación asentadas en la localidad. Ya se llevaban contadas poco más de 500.
Pero el jueves 4, el presidente municipal de Coahuayana, Gildardo Ruiz Velázquez, publicó un primer mensaje de alerta que exponía un cambio en la situación:
“Integrantes de la delincuencia organizada pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, con más de 100 gatilleros fuertemente armados y equipados, han intentado apoderarse del territorio municipal y han tomado los pueblos de Palos Marías y El Órgano con incursiones desde el municipio de Chinicuila y del estado de Colima”, informó.
De acuerdo con el alcalde, “la emergencia se atendió” primero con la policía comunitaria, así como policías municipales, estatales “y voluntarios que han contenido a los delincuentes”. Aunque no los menciona como tales, en esta contención participaron autodefensas.
Luego, Ruiz dice haber solicitado el apoyo de los gobiernos estatal y federal “para terminar con esta amenaza terrorista que en sus ataques utiliza armas de alto poder y con drones lanza bombas explosivas de C4 y de productos químicos asfixiantes”, precisó.
Por ello, el alcalde pidió a la población mantener la calma, de ser necesario resguardarse en sus casas y no acercarse a los lugares donde ocurren enfrentamientos.
La narración escrita de habitantes de Coahuayana, Chinicuila y Aquila —todos municipios vecinos hacia la costa michoacana—, en otro comunicado publicado el viernes 5, confirmó que aunque la intervención de los grupos de autodefensas y guardias comunales que resguardan la zona lograron detener el avance del grupo, éste logró tomar control de las comunidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotán.
Se logró la recuperación de Palos Marías y Zapotán, pero hasta el viernes los integrantes del cártel mantenían tomado El Órgano y a sus habitantes incomunicados, ya que les quitaron los teléfonos celulares e interrumpieron las comunicaciones desde el pueblo.
#SDR #Apatzingán Medios locales reportan fuertes #enfrentamientos en varias colonias el cuadrante norte de la ciudad desde las 4:30 pm. Las hostilidades se prolongaron por 90 min. Ayer tuvimos la jornada más violenta desde octubre @rosaicela_ @CNAC_GN @ARBedolla @SSeguridad_Mich pic.twitter.com/hNjM5g4Nwr
— Observatorio Seguridad Humana de Apatzingán (@ObsSegAptz) April 7, 2024
Todavía el viernes por la mañana, los vecinos de los tres municipios ya mencionados denunciaban que la región “se encuentra en total estado de emergencia y aterrorizada, sin que las corporaciones encargadas de la seguridad”, es decir, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, “hagan algo por expulsar a los criminales de El Órgano, reestablecer la seguridad en la región y desarticular la presencia del cártel”.
También refirieron que como consecuencia de esta violenta incursión hay personas lesionadas por armas de fuego e intoxicadas, lo que no fue confirmado todavía por las autoridades.
Por esto, habitantes de Coahuayana y Aquila decidieron cerrar por completo la circulación de la carretera federal 200, para presionar a los gobiernos y obligarlos a intervenir.
Además de exigir a los gobiernos y a las fuerzas federales la desarticulación del Cártel Jalisco, se pidió “el cese de la protección que otorgan a dicho cártel funcionarios y mandos corruptos”, aunque no se precisó a qué autoridades hacen referencia.
Por su parte, un colectivo de personas en situación de desplazamiento forzado interno y organizaciones acompañantes reportó que por lo menos cuatro madres de familia desplazadas debieron ser hospitalizadas por el impacto psicoemocional causado por la crisis de seguridad.
Este colectivo demandó el reconocimiento formal de todas las víctimas de desplazamiento “sin la intervención de procedimientos burocráticos que impiden nuestro efectivo acceso a la jurisdicción del Estado mexicano”.
Los pobladores también se quejaron de la respuesta tardía e insuficiente de las fuerzas federales, a pesar de que hay un batallón con sede en Coalcomán, a dos horas de Coahuayana, adscrito a la 43 Zona Militar.
“Es una simulación”, dijeron en testimonios a Proceso para los que pidieron reservar su identidad por temor ante la situación prevaleciente. “Hay patrullaje, pero no suficiente para expulsar a los grupos criminales”.
Salvo el alcalde Ruiz, ni el gobierno del estado, ni el federal, se habían pronunciado sobre la situación en esos municipios michoacanos hasta la noche del viernes.
Mientras tanto, en Apatzingán (a poco más de 250 kilómetros de Coahuayana) la violencia también repuntó desde el viernes y derivó en un fin de semana con tiroteos y por lo menos cuatro personas asesinadas, según reportes recibidos por el propio Observatorio y medios locales, que resaltaron que la localidad no había tenido este nivel de confrontación armada entre grupos criminales desde octubre del año pasado.
Videos de pobladores registraron un nutrido intercambio de disparos en Apatzingán durante la tarde del sábado, que se prolongó por unos 90 minutos y se extendió por unas ocho colonias del norte de la ciudad.
La Voz de Michoacán reportó que los enfrentamientos se dieron entre civiles identificados como integrantes de Los Caballeros Templarios y de otro grupo delictivo denominado “El Barbas de Acahuato”.
Escalamiento bélico
El viernes por la noche, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán reportó que se logró la recuperación total de los poblados de Palos Marías y El Órgano por la participación de corporaciones de distintos niveles.
Pero se advirtió: “Aún no hay confianza en volver; se considera que el grupo agresor continúa apostado en la serranía”.
El mismo viernes por la noche, autoridades, personas desplazadas y pobladores mantenían la alerta y reforzaban la organización para responder a algún nuevo intento de embate de los grupos armados.
Consultado al respecto, el Observatorio recordó que en Coahuayana permanece un número importante de personas desplazadas que se encuentra en una condición de mayor vulnerabilidad que los demás habitantes de la región.
Y también mencionó que estos grupos criminales ponen la mira no sólo en actividades como el reclutamiento en estas comunidades, sino en los negocios ilícitos y la explotación de los recursos naturales, como las maderas preciosas, lo que se facilita provocando el desplazamiento forzado.
Por esto, el Observatorio expresó la preocupación por el uso de nuevas armas, ahora de tipo químico, e incluso el riesgo del uso de minas antipersonas o terrestres, para expulsar y dañar a los habitantes de estos municipios.
Expuso que éstas son tácticas que se pueden tipificar incluso como crímenes de guerra o de lesa humanidad, que son inquietantes también por el contexto internacional.
El Observatorio lamentó que el gobierno federal mantenga una estrategia de seguridad o combate al crimen organizado que no está funcionando y que no inhibe la acción delictiva, además de que está cerrado a las propuestas y a la agenda de paz que han presentado las organizaciones civiles.
Mientras tanto, los enfrentamientos se mantienen en estas zonas, que son “fronteras invisibles” donde se delimita el dominio de uno u otro grupo criminal, un “corredor de choque”, que es afectado ya por la contaminación de armamento, no sólo casquillos de balas, sino dispositivos no detonados y otros artefactos.
Recientemente el Observatorio de Seguridad Humana ha desplegado una campaña para informar y prevenir a las poblaciones de la región de cómo actuar si se encuentran con alguna de estas armas.
“Antes se trataba de poner barrotes en nuestras ventanas. Ahora de cuidarnos de meternos a una brecha y que pueda detonar una mina explosiva”, dijo el Observatorio. “Estamos perdiendo el país pedacito a pedacito, comenzando con pequeñas comunidades rurales, palmo a palmo, por esta falta de visión desde la estrategia de seguridad”, concluyó la organización.