CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La firma Moody’s Analytics (MA) descartó una eventual crisis económica sexenal en 2024, aunque prevé que el nuevo gobierno inicie con una desaceleración en el último tramo del próximo año al primer trimestre de 2025.
En un reporte elaborado por Alfredo Coutiño, director para América Latina, explicó que la magnitud de la desaceleración dependerá del grado de incertidumbre en torno al programa económico, así como de la confianza en el equipo económico del nuevo gobierno.
MA señaló que este ciclo económico “sexenal” introduce una nueva variante que es la fecha de inicio del nuevo gobierno, el cual tomará posesión en octubre y no en diciembre de 2024, “por lo que la desaceleración en 2025 podría ser no tan pronunciada”.
“La introducción de dicha variante no altera la presencia del ciclo político, sino, solo lo adelanta. Así hasta ahora la economía mexicana ha sido capaz de librarse de las tradicionales crisis de sexenio, pero no ha logrado escapar de la tradicional desaceleración de inicios de la nueva administración que produce la transición política”, abundó el análisis.
En particular, agregó, la economía sufre los efectos del cambio de administración cada seis años, pero también disfruta de los beneficios del gasto expansivo durante el proceso electoral. Este ciclo ha estado presente en las últimas cuatro décadas y no hay razón para creer que esta vez será diferente.
La transición política mexicana entra en las siguientes dos fases:
La primera es una fase expansiva, que se presenta durante los primeros seis meses del último año de gobierno. En esta fase, la política fiscal se utiliza no solo para financiar el proceso electoral y completar las obras de infraestructura del gobierno en turno, sino también para estimular a la economía y generar un sentimiento de bienestar social con la intención de ganar las preferencias de los votantes hacia el partido en el poder.
En 2024, el proceso electoral producirá una expansión del gasto púbico para financiar las elecciones como también un aumento del gasto privado generado por la creación de empleo temporal, acompañado por una mayor demanda de servicios relacionados por las campañas y las contribuciones privadas.
La segunda es una fase contractiva que inicia con el retiro del estímulo fiscal después de las elecciones y se extiende hasta la primera mitad del primer año del nuevo gobierno. Al comienzo de cada nueva administración se presenta un retraso en el ejercicio del presupuesto federal.
“Este retraso en el gasto, junto con la incertidumbre que se genera alrededor del nuevo equipo económico y político, introduce un retraso en las decisiones de consumo e inversión privada, lo cual se refleja en una desaceleración de la actividad económica”, añadió.