Organizaciones defensoras de los derechos de las infancias condenaron el asesinato de seis de los siete jóvenes que fueron secuestrados la madrugada del domingo por un comando de hombres armados, en el rancho El Potrerito, en la comunidad de Malpaso, en Zacatecas.
Además, advirtieron que el Estado mexicano se ha negado a cumplir con las recomendaciones internacionales sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señaló que las víctimas de Zacatecas, con edades de 14, 15, 17 y 18 años “recuerdan el horror de estos hechos que se siguen repitiendo en el país en completa impunidad”, como lo ocurrido en Lagos de Moreno, Jalisco y otros más en lo que va del año 2023.
“¿Cuántos desaparecidos y asesinatos deben ocurrir en México para que las autoridades sean capaces de poner fin a esta crisis de derechos humanos y de violencia que se ha vuelto eterna para la población?”, pregunta REDIM en un su cuenta de la red social X (antes Twitter).
“Crímenes que atentan directamente contra la vida y seguridad de infancias y adolescencias, a una magnitud incluso de llegar normalizar en nuestro día a día, leer y escuchar sobre estas violaciones a derechos humanos”, señala.
En ese sentido, REDIM exige a la Fiscalía y al Poder Judicial que se investiguen los hechos y se dé con los responsables del “brutal crimen” que golpea nuevamente a la sociedad y al propio Estado.
“Ahora más que nunca urge actuar con base al derecho a la verdad, al acceso a la justicia, reparación y la no repetición de los hechos para las víctimas y sus familiares ante lo sucedido en Malpaso, en Zacatecas”, señala la organización en su pronunciamiento.
Del mismo modo, exige que se proteja al único joven que sobrevivió al crimen, con medias especiales para salvaguardar su vida y la de sus familiares, así como al resto de las familias de las víctimas que fueron asesinadas.
REDIM hace un llamado al Poder Legislativo y al Ejecutivo federal, para que se establezcan políticas públicas que puedan proteger a las infancias, entre ellas, no seguir con el recorte presupuestario de los programas de atención y prevención que atienden a los más de 38 millones de personas niños y adolescentes en el país.
Igualmente, pide que se sancione el delito de reclutamiento “y se propicie la creación de espacios que permitan la reinserción de la niñez que ha sido reclutada”.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Por su parte, la organización Tejiendo Redes señaló que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones internacionales sobre el reclutamiento forzado.
El Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas alertó al Estado mexicano en 2011 y 2015 sobre el reclutamiento forzado de niños y acerca la necesidad de revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada para que los niños estén protegidos de la violencia.
En un documento publicado en julio de 2015, el Comité instó al Estado mexicano a tipificar como delito expresamente el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados, como los grupos de la delincuencia organizada.
Llamó al Estado a velar por que los grupos armados no recluten a ningún niño, entre otras formas identificando y siguiendo a los diversos grupos armados del país, en particular a los grupos de la delincuencia organizada.
“Garantice que los niños reclutados ilegalmente tengan acceso a la justicia y reciban una indemnización”, señaló.
En ese contexto, pidió revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada para que los niños estén protegidos de la violencia, así como que se cumpla efectivamente con el protocolo conjunto para la protección de los derechos de los niños durante las operaciones federales contra los grupos de la delincuencia organizada llevadas a cabo por el Ejército, las fuerzas de seguridad, las instancias judiciales y los órganos de bienestar social.
Asímismo, pidió implantar un mecanismo de identificación de niños migrantes, refugiados y solicitantes de asilo “que hayan podido ser reclutados o utilizados en hostilidades, en particular por parte de grupos armados no estatales, y adoptar las medidas necesarias para su protección, recuperación física y psicológica y reintegración social”.
Entre las recomendaciones está la de crear una base de datos sobre niños que pudiesen haber sido reclutados o utilizados en acciones armadas por grupos del crimen organizados.
El Comité mostró su profunda preocupación por el hecho de que no esté tipificado como delito el reclutamiento de niños por grupos armados como los grupos de la delincuencia organizada, ni se hayan adoptado medidas suficientes para prevenir el reclutamiento continuo de niños por grupos armados y proteger y prestar apoyo psicosocial a los niños víctimas.
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