¿El gobierno de México compartió con el gobierno de los Estados Unidos la estadística detallada de los mexicanos y mexicanas que viven en el país vecino, especialmente de aquellos que se encuentran en situación irregular, no documentada? De haber ocurrido sería un asunto impropio y cuestionable desde muy diferentes perspectivas.
Hace pocos meses se publicó un artículo académico que utilizó vasta información sobre la población mexicana que ha solicitado una Matrícula Consular. La matrícula es un valioso instrumento para nuestros paisanos, útil para un amplio número de gestiones que requieren identificación personal. Millones y millones de compatriotas están registrados en la base de datos del Registro Consular; en su mayoría se trata de personas que viven o vivieron en situación irregular en Estados Unidos y no tienen otras opciones para identificarse para resolver distintos asuntos cotidianos.
Considerando estas confidenciales y delicadas características de la base de datos, ¿por qué compartirla con una analista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos? Sería iluso pensar que el único uso de la base del Registro Consular fue para elaborar un artículo académico. La Secretaría de Relaciones Exteriores, responsable de la administración y custodia del Registro Consular, directamente compartió millones de datos de mexicanos viviendo en los Estados Unidos.
Cabe precisar que la entrega de la base de datos (no es precisa la fecha, posiblemente entre 2021 y 2022) ocurrió cuando el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores era Marcelo Ebrard, quien acordaba entonces con el gobierno de los Estados Unidos radicales cambios a la política migratoria mexicana, que condujeron a su militarización y a aceptar las expulsiones de refugiados y migrantes a las ciudades fronterizas mexicanas.
Cabe precisar además que los nombres de las mexicanas y mexicanos de los registros no fueron entregados a la analista del Departamento de Defensa ¡afortunadamente! Pero sí se incluyó, como presume el artículo, información muy precisa: “Se utilizó una base de datos confidencial de más de 14 millones de tarjetas de identificación consular emitidas a aproximadamente 7.4 millones de mexicanos en situación irregular viviendo en los Estados Unidos entre 2002 y 2020”. Nada más y nada menos.
La información estadística que fue compartida, siguiendo con el artículo publicado, se integra por registros individuales que tienen los siguientes datos: fecha y lugar de nacimiento (municipio), estado civil, escolaridad, ocupación y lugar de residencia en Estados Unidos (condado y estado). De este modo, se tiene una caracterización básica de cada persona, así como su ruta de movilidad entre origen y destino.
Ahora bien, como efectivamente puede mudar de una ciudad a otra la población mexicana registrada por la Matrícula Consular, en un acto de extrema cortesía y para conocer su trayectoria, la Secretaría de Relaciones Exteriores incorporó a la base de datos un número de identificación para posibilitar el seguimiento de la persona en su movilidad por Estados Unidos. De esta manera, la analista del Departamento de Defensa –y además quien tenga acceso a la base de datos– podrá conocer sin mayores dificultades dónde está determinado registro (persona) y cuál es su movilidad entre lugares. Con ese número de identificación, estimo, podrá además saberse el uso que tienen las matrículas consulares como identificación y en su caso para acceder a determinados servicios como los financieros, por ejemplo.
Sobre este lamentable acto de la SRE, es relevante agregar que las normas que regulan al Registro Consular y la Matrícula Consular claramente establecen su naturaleza confidencial y acceso restringido. Cito de su Reglamento: “Al Registro Consular, incluidas las bases de datos correspondientes, le son aplicables las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en materia de inviolabilidad, así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El contenido del Registro Consular es confidencial y solo pueden tener acceso a este, el personal autorizado por la Secretaría, con el propósito de verificar datos para ofrecer trámites consulares a las personas solicitantes, así como para dar respuesta a sujetos autorizados. Lo anterior, en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por ningún motivo se puede utilizar la información contenida en el Registro Consular para fines distintos a los autorizados por la Secretaría”.
Más allá de los deslices jurídicos que tiene compartir con un gobierno extranjero las bases de datos sobre nacionales mexicanos que viven en condición irregular en su territorio, la cuestión de fondo es política. El primer asunto corresponde a la función de la Secretaría de Relaciones Exteriores relativa a la protección de los mexicanos en el extranjero, que evidentemente fue vulnerada. El segundo asunto corresponde al tono de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, que aparece en esta experiencia como un cuadro de subordinación y condescendencia. El tercer asunto refiere a los millones de personas que por razones de protección y de confianza solicitan una Matrícula Consular: por aquí también hay daños.
Finalmente, debe hacerse una importante aclaración. La Secretaría de Relaciones Exteriores es una institución extraordinaria en la estructura del Estado Mexicano y en la defensa de nuestros intereses y protección soberana. Es del todo reconocido su valioso e histórico desempeño, cada día presente y esforzado en embajadas y consulados alrededor del mundo y particularmente en los Estados Unidos. Desafortunadamente en esta ocasión se encontró con algunos funcionarios sin experiencia y posiblemente sin convicciones nacionales, capaces de compartir el Registro Consular con la entidad y el país menos pertinente. Por cierto, el artículo referido agradece de manera explícita la generosidad de Roberto Velasco, Arturo Rocha y Leonor Ortiz por facilitar la base de datos.
Nota de referencia. El artículo aquí comentado, al que no aludo por sus méritos académicos, se titula “The Local Reaction to Unauthorized Mexican Migration to U.S”, cuyos autores son Ernesto Tiburcio (estudiante de doctorado) y Kara Ross Camarena (analista del Departamento de Defensa de Estados Unidos).
Puede consultarse en (https://scholar.harvard.edu/files/kara_ross_camarena/files/localreaction-current.pdf)
*Profesor del PUED / UNAM y excomisionado del INM