CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En menos de 10 años varios países de Europa y América Latina han decidido utilizar la Inteligencia Artificial (IA) en los servicios de justicia, lo ha traído buenos resultados, aunque no quita por completo la responsabilidad ética con la que deben conducirse los operadores de justicia.
Juan Corvalán, fundador del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, explica en entrevista que no hay mejor momento que el actual, cuando la mayoría de los poderes judiciales de la región enfrentan conflictos presupuestales, para comenzar a implementar la IA en la impartición de la justicia.
“Si vamos atrás, por ahí del 1900, y te digo; ¿para qué va a servir? Cuéntame ahora para qué sirvió la electricidad. Es más, ¿hay algo para lo que no sirve la electricidad? Así me puedes decir: ¿para qué va a servir la IA? Y yo te diré que casi no hay tarea humana en la que no vaya a servir la IA.
“Se aplica a la tarea judicial, no sólo a las tareas humanas, a cualquier tarea del ámbito judicial, pues la IA es como una suerte de transformador disruptivo sobre lo que un humano puede hacer en un servicio de justicia. Es más, hoy no hay nada más disruptivo que la inteligencia artificial, para que nos demos una idea, la computadora al lado de ella es un carruaje”.
El Laboratorio fundado por Corvalán documentó en 2021 que en toda Europa había 571 proyectos para implementar la IA en los servicios de justicia.
Países como España, Francia, Italia, Austria, Alemania, Inglaterra, Estonia; y en América Latina Brasil, México, Perú, Argentina, Colombia, entre otros, utilizan ya la IA en sus sistemas judiciales, unos de manera más especializada que otros, pero el doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en IA destacó lo positivo de que existan estas iniciativas.
Con emoción, explica cómo utilizar una plataforma genérica de IA para analizar en cuestión de minutos el video de una audiencia que duró hora y media, con citas textuales de las declaraciones más destacadas de cada una de las partes, quiénes intervinieron en la diligencia y qué se tendrá que dilucidar durante la jornada.
Cuando se plantea esta posibilidad, una de las ideas más recurrentes es la posibilidad de que existan jueces robots, sin embargo Corvalán afirma:
“Para la IA en la justicia uno suele pensar inmediatamente que la IA resolverá todas las sentencias posibles, pero en realidad lo que hay son grados de ayuda, complemento o asistencia que nos pueden dar información masivamente sin llegar a que la IA reemplace al juez en una decisión, pues éste deberá razonar todo lo que la IA genera”.
“Si con el Word un juez que hace copy-paste y firma sin leer, eso significaría que el Word está reemplazando al juez. Sin embargo, el problema no está en el Word, está en el juez que no lee y algo muy similar pasa con la IA generativa, que puede armar un borrador de resolución, pero si el juez firma eso, el problema no es la IA generativa, pues ésta no debería tomar decisiones importantes como resolver si una persona tiene que quedar en libertad condicional o no, si una persona puede acceder a un crédito social o no; eso debería quedar en manos humanas”.
Para Corvalán, la respuesta para limitar conductas irregulares como la del ejemplo no está en la tecnología sino en la formación de cada ser humano:
“Uno puede usar de manera responsable o irresponsable la tecnología, si se hace copy-paste será generativo, pero la IA, aunque no quiere nada ni tiene propósito o valores axiológicos subyacentes, puede estar plagada de sesgos y prejuicios por los datos con los que se entrenó, no es que quiera algo en particular”.
“Lo que tenemos que hacer es que los funcionarios judiciales, cuando usan este tipo de tecnología, extremen los recaudos. Por eso nosotros, desde el laboratorio, hicimos unas directrices de uso para que las IA generativas puedan ser usadas de manera responsable y tengan la capacidad de hacer que la justicia lenta, que en todos los países de Latinoamérica se verifica, sea rápida, pues no creo que exista una tecnología más poderosa para eficientar la justicia que la IA, ya que puede mejorar la ecuación tiempo-derechos del justiciable”.
Mejoras en costo y tiempo
El especialista advierte que no se debe buscar en la IA una salvación para mejorar la justicia, pues aunque es una excelente tecnología, sólo servirá si viene acompañada de otros cambios estructurales y de una forma de visión que replantee los procesos de justicia.
La implementación de la IA en las políticas públicas resulta cada vez menos costosa, razón por la que Corvalán consideró que los poderes judiciales ya están en una carrera contra el tiempo para adoptarla por completo en sus procesos.
“Esto es cada vez menos costoso. Está pasando algo similar a lo que pasó con las computadoras que a principio de los noventa o finales de los ochenta: eran excesivamente costosas. Hoy adquirir una computadora no es tan costoso, te diría que, por supuesto que hay población vulnerable a la que hay que ayudar, pero la gran mayoría de personas tiene una computadora en su celular y de hecho algunos celulares tienen más capacidad de cómputo que una computadora porque procesan en la nube.
“Ese fenómeno se está trasladando ya a la IA. Con una licencia de 20 dólares mensuales uno puede tener acceso a 100 Ias.Esto no existía hace tres meses. Me parece que tenemos una carrera contra el tiempo, pues lo que está pasando ahora es algo parecido a lo que pasó con internet en los dos mil: en los ochenta y en los noventa era excesivamente lenta y engorrosa, por lo que el poder judicial necesitó que internet madurara para poder adoptarla de manera masiva, lo que pasó a partir de 2010 en adelante, y la pandemia en 2020 lo que hizo fue acelerar eso que inició en 2010”.
Corvalán también destaca que la IA está muy democratizada, pues actualmente no es necesario tener muchos conocimientos de tecnología para utilizarla, sino conocer las funciones básicas de cómputo, por lo que esto ha generado que bajen los costos de su implementación.
“El desafío ahora es el de alfabetización, sensibilización y formación. Para ello, los poderes judiciales y las universidades tendrán un rol crítico porque estamos en tiempo para adaptar rápidamente esta tecnología al poder judicial o al trabajo de firmas legales para hacerlas 10 veces más productivas”, comenta.
Aunque tradicionalmente la labor de litigantes y jurisdiccional se ha realizado por escrito, esto no es impedimento para que, al digitalizar los documentos, la IA los procese eficientemente y cumpla la función de apoyar a quien la utiliza para extraer la información que requiere al planear y ejecutar estrategias de litigio o a fin de resolver un asunto.
Para Corvalán es absolutamente posible que el Poder Judicial mexicano implemente la IA en sus procesos, pero lo que se debe pensar ahora es por dónde empezar y trazar un plan para desarrollar la tecnología al servicio de la justicia, así como elaborar protocolos y hacer pruebas piloto, entre otras cosas.
“En Latinoamérica es una constante que los poderes ejecutivos, por diversas razones, creen que el poder judicial debería tener otro rol, pues quizá tienen otra visión de lo que es la división de poderes. Creo que la discusión está en cuál sería el rol del poder judicial dentro de una división de poderes y cómo se concibe ésta, pues yo creo que tiene un rol contra mayoritario. Así funciona en la mayoría de los países: precisamente ejerce un rol de protector de minorías basado en que no está sometido a un sufragio directo”, señala.
“Por eso –agrega–, creo que es una buena noticia que la IA generativa haya llegado en un momento, particularmente en el caso de México, como puede ser en otros países en donde los poderes judiciales de la región afrontan diversas restricciones presupuestarias por diferentes razones pues el costo es muy bajo”.
De este modo, afirma, a bajo costo o incluso a costo cero, es posible que los poderes judiciales generen un 50% de aumento de la productividad en sus tareas, pues no se requiere contratar más gente o pagar horas extra y el trabajo se puede realizar en menor tiempo.
Aclara Corvalán que dentro de la estrategia para implementar la IA en los sistemas de justicia se debe incluir la protección de los datos personales de los justiciables, pues existen datos de niños, adolescentes o víctimas que deben ser cuidados en todo momento.
Y explica que subir los datos de un juicio a una IA generativa es tanto como subirlos a un documento de Google Drive, es decir, que la información se aloja en servidores que están en segunda dimensión, lo cual implica por sí mismo un problema de vulneración de datos personales.
Por ello, como especialista recomienda subir sólo versiones públicas de los documentos judiciales a la IA; diseñar un algoritmo que permitan a la IA generar su propia versión pública en automático, en la que elimine los datos que el operador programó como sensibles, o elaborar formularios que permitan que, al momento de recibir declaraciones o documentos, los datos no personales se almacenen en una base que será procesada por la IA desde un inicio, y en otra se envíen los datos personales, todo lo cual permitirá la generación de una versión pública en tiempo real.
¿El trabajo humano está en riesgo?
Juan Corvalán descarta la posibilidad de que la IA deje sin trabajo a los operadores de justicia, siempre y cuando éstos se reconviertan para aprender a utilizar este tipo de tecnologías:
“Hoy en día una persona que no tenga habilidades de IA es como una persona que está manejando un carruaje, de aquí a 10 años o se reconvierten o probablemente las tareas que desempeñan hoy formarán parte de un paradigma obsoleto”.
Y recuerda que a lo largo de la historia las tecnologías han jubilado a muchas personas que decidieron no reconvertirse. Él mismo fue testigo de ello en la década de los noventa, cuando trabajaba para el Poder Judicial federal en Argentina y las computadoras se estaban incorporando a los servicios de justicia;
“En ese tiempo la computadora reemplazaba la máquina de escribir. Jorge era un secretario que en ese momento (1996), tenía 63 años y me miraba cómo yo tipeaba en la computadora y me decía que no entendía ‘ese aparato’. Jorge se jubiló cuatro años después de que yo ingresé a trabajar y el día que se fue me dijo: ‘Cuatro años después puedo decir orgulloso que me jubilo sin haber aprendido a usar ese aparato’. Se jubiló tipeando en una Olivetti una lista de cédulas (notificaciones que se le mandan a las partes), que nosotros en la computadora las hacíamos más o menos en entre ocho y 12 minutos y él tardaba en hacer la lista entre media hora y 45 minutos”.
“Hay muchos Jorges en Latinoamérica –observa–, pues debimos haber contenido mejor a mi compañero y tendríamos que haber hecho cursos para que él se sintiera contenido por la disrupción tecnológica ”.
Décadas después de esas experiencias y frente a una era con una tecnología aún más diruptiva que las computadoras, Corvalán espera que las sociedades aprendan de los errores cometidos en el pasado y sean empáticas con los adultos mayores que no tienen la misma capacidad de innovación que otras o con las personas que tienen otro tipo de vulnerabilidades:
“Tenemos que buscar un ecosistema que contenga a estas personas en su tiempo, que no hagamos el error que cometimos en los noventa, de que todos tomamos el mismo curso de computación, sino que a los adultos mayores y las personas vulnerables digitales se les debe hacer un plan específico que los contenga”.
Corvalán rechaza hacer un estimado del tiempo que llevará hacer una transición tecnológica tan grande en los sistemas de justicia y en la sociedad en general, pero considera que idealmente se debería llegar al 80 o 90% de personas que tengan un manejo de la IA dentro de 10 o hasta 15 años.