CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a un leve descenso en agosto, el número de mexicanos ocupados en la informalidad laboral sigue en niveles altos, con 32.7 millones de personas, en su mayoría trabajando en condiciones precarias, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Tasa de Informalidad Laboral en agosto pasado abarcó a 55.2 % de la población ocupada, lo que significa apenas 0.2 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2022.
De acuerdo con el organismo de estadística, la población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo.
Así, se incluyen –además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal– otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.
Por otra parte, la población subocupada, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual le demanda, sumó 4.7 millones de personas, 135 mil más que en agosto de 2022.
La tasa de subocupación llegó a 7.9 % de la población ocupada, porcentaje igual al registrado un año antes.
Mejora empleo
A escala nacional, 1.8 millones de personas constituyeron la población desocupada en agosto pasado, es decir que en ese rubro hubo una reducción anual de 308 mil personas.
La población desocupada representó 3% de la Población Económicamente Activa (PEA), o 0.6 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de un año antes.
Sin embargo, si se considera solamente el agregado urbano de 32 ciudades del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado, un millón de personas estuvieron desocupadas, lo que representa una Tasa de Desocupación urbana de 3.7%.
En cuanto a la población ocupada, alcanzó los 59.2 millones de personas ( es decir, 97% de la PEA): un aumento anual de 1.6 millones.
Del total de personas ocupadas, 40.5 millones (68.4 %) operaron como trabajadoras o trabajadores subordinados y remunerados, ocupando una plaza o puesto de trabajo, lo que representó un alza anual de 1.5 millones de personas.
Además, 13 millones (22%) trabajaron de manera independiente o por su cuenta, sin contratar empleadas o empleados: 172 mil personas menos respecto a agosto del año pasado. Por su parte, 3.3 millones (5.6 %) fueron patronas, patrones o empleadores, cifra que creció en 438 mil.
Finalmente, 2.4 millones de personas (4%) se desempeñaron en negocios o en parcelas familiares, es decir, contribuyeron de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria.
La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: los servicios concentraron 25.6 millones de personas (43.2% del total); el comercio, 11.6 millones (19.6%); la industria manufacturera, 9.7 millones (16.4%).
Las actividades agropecuarias, 6.7 millones (11.3%); la construcción, 4.7 millones (8%) y “otras actividades económicas” –que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, 468 mil (0.8%). Por su parte, 389 mil personas (0.7%) no especificaron su actividad.
Informalidad prevaleciente
Pese a la mejora del desempleo, en el mercado laboral mexicano continúa prevaleciendo el empleo informal.
De acuerdo con el análisis del Banco Base, debe considerarse que una tasa de informalidad laboral que supera el 50% tiene consecuencias significativas para México y su población, pues puede impactar negativamente en la productividad y el crecimiento económico.
Además, señaló, la informalidad implica y contribuye a la inseguridad laboral, ya que muchos trabajadores carecen de protecciones y estabilidad en sus empleos (vulnerabilidad económica), y sufren desigualdad económica debido a que sus ingresos son más bajos, lo que les dificulta el acceso a servicios de salud, pensiones y derechos laborales.