CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Una pequeña comunidad del sur de México, golpeada por la violencia, fue atacada con drones y hombres armados de un cártel de la droga, dijo a The Associated Press un grupo de derechos humanos.
El cártel atacó al menos a 30 personas el jueves en la localidad de Buenavista de los Hurtado, del estado sureño de Guerrero, según la organización local religiosa de derechos humanos Centro Minerva Bello. José Filiberto Velázquez, director del centro, indicó que era probable que las víctimas fueran asesinadas.
Las autoridades no ofrecieron detalles ni precisaron si habían heridos o fallecidos en el evento. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó el viernes en un comunicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que se están haciendo recorridos de seguridad en la zona, tras recibir reportes ciudadanos del ataque.
El municipio General Helidoro Castillo, en la periferia de Tlacotepec, está atrapado en medio de una guerra creciente entre La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Velázquez afirmó que los ataques con drones por parte de los cárteles y la violencia han ido en aumento en el último año, algo de lo que alertaron a las autoridades.
El activista expresó que se enteró de los hechos a través de la comunidad que le informó que alrededor del mediodía del jueves algunos integrantes de La Familia Michoacana estaban lanzando “artefactos explosivos” desde drones. Pero las comunicaciones de la comunidad pronto se apagaron.
Horas después, la policía local le informó al activista que un sobreviviente del ataque escapó y les reportó que, después del ataque con drones, hombres armados llegaron a la comunidad mientras los residentes estaban sacrificando un cerdo y que “ahí los acribillaron”.
El director del centro también habló con habitantes de comunidades cercanas que dijeron haber oído el ataque y estar aterrorizados de que pudiera ocurrirles lo mismo.
“Es un conflicto que tiene en terror a muchas comunidades”, dijo Velázquez.
El activista señaló que ni las organizaciones de derechos humanos ni las autoridades habían podido entrar al pequeño pueblo, tanto por su lejanía como por los riesgos. Por ello, poco se sabía del ataque.
La Fiscalía del estado de Guerrero dijo a la AP que no podía proporcionar más información.