Todos los conteos y análisis que se han presentado hasta ahora, respecto de la violencia cometida en contra de personas vinculadas a la política, coinciden en que el proceso electoral del 2024 es ya el más violento en la historia de la reciente y aún inconclusa transición democrática. Sólo para citar uno de esos análisis, la información de Data Cívica reporta 105 aspirantes, precandidatos que fueron víctimas de ataques directos.
Las víctimas mortales suman al menos 34; en medio de un contexto generalizado de violencia en que, según los conteos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrían llevarnos a un año, tan violento o incluso más, que el 2023, cuando los datos preliminares del INEGI sugieren que habría al menos 30 mil víctimas de homicidio intencional.
¿Qué significan para una democracia estos datos? ¿Cómo interpretar que se mantenga un sistema electoral funcional, en el que se garantiza instalación de casillas, participación ciudadana como funcionarias y funcionarios de casillas, representación casi universal de los partidos políticos en las mismas y un sistema confiable de conteo de los votos?
¿Y cómo interpretar que, en ese escenario, al mismo tiempo haya amenazas y actos de intimidación en diversas regiones donde los grupos del crimen organizado tienen no sólo presencia, sino, sobre todo, intereses creados y respecto de los cuales están dispuestos a los más fríos asesinatos, como el último registrado en Coyuca de Benítez, en contra de uno de los candidatos más competitivos para llegar a la alcaldía de ese municipio del estado de Guerrero?
En esta elección habrá cambio de gobierno, además del nivel federal, en prácticamente la mitad de los municipios del país; se renovará la titularidad del Poder Ejecutivo en nueve entidades de la República, así como en congresos locales. En ello debe hacerse el énfasis, porque precisamente la amenaza del crimen organizado se encuentra mayoritariamente aún en ese nivel. Es decir, los grupos delincuenciales, al menos no de manera abierta o expresa, han hecho evidente su interés de cooptar o incluso usurpar espacios de decisión en los gobiernos municipales.
No es posible negar que, en algunos municipios, varios de ellos tan relevantes como el de Celaya, Guanajuato, han logrado ya imponer su veto vía el asesinato de las personas que, en su lógica criminal, deben ser ejecutadas por la amenaza real o imaginaria a la vigencia de sus intereses y turbios negocios.
En otras regiones y estados, como Sinaloa, ya se ha dado el caso de levantones, secuestros o amenazas directas en contra de representantes de partidos políticos y funcionarios de casillas, en secciones electorales que se consideran clave para el triunfo o para evitar la derrota de los que son aparentemente perfiles políticos afines a sus grupos o que les garantizan continuar operando con los menores costos posibles.
Quienes resulten elegidas y elegidos para dirigir la presidencia de la República, las gubernaturas y las alcaldías no podrán seguir obviando la presencia, como se dice coloquialmente, del “elefante en la sala”. De hecho, una de las tareas urgentes para el día siguiente de la declaratoria de legalidad de la presidencia, es una convocatoria para repensar el esquema de responsabilidades de seguridad pública que está vigente en el país.
Debe repensarse el contenido y alcances del artículo 115 constitucional en esa materia; y no reducir, sino ampliar y fortalecer capacidades, recursos y responsabilidades locales para el combate a la delincuencia. Tienen qué revisarse los mecanismos de investigación y persecución del delito; y todo ello en clave siempre democrática, porque de lo que se trata y debe lograrse es construir un sistema nacional de seguridad pública completamente civil, con perspectiva de derechos humanos y centrado en la atención a las víctimas.
Al día siguiente de la elección, de acuerdo con la tendencia que tenemos en este año, habrá también, en promedio, al menos 80 personas asesinadas. Y por otro lado, la polarización, los desencuentros y las disputas van a continuar, más aún si los procesos electorales de los estados se cierran y llevan a conflictos poselectorales.
La otra cuestión que habrá de determinar las posibilidades y alcances de un nuevo diálogo público es la composición del congreso federal, el cual dependerá, una vez más, de los resultados electorales locales, donde la presencia de las personalidades y liderazgos en municipios y regiones sí tiene un peso específico, lo que eventualmente puede llevar a la construcción de nuevos equilibrios y contrapesos.
Otra cuestión que debe discutirse con prioridad pasando la elección, es cómo avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad mexicana, con el propósito de garantizar una inequívoca división de poderes; donde el diálogo entre los mismos se dé de manera firme, pero siempre con un apego irrestricto al mandato de nuestra Constitución, la cual sigue siendo el principal pilar del orden económico, político y social que nos rige.
A la par de lo anterior, debe continuar el diálogo en torno a cómo construir un sistema de rendición de cuentas, que permita corregir el rumbo de las políticas públicas y las decisiones de mayor peso y trascendencia para el país, como lo son precisamente todas las vinculadas con la seguridad pública y, paralelamente, con la procuración e impartición de justicia, ámbito en el cual, otra de las reformas pendientes, pero urgentes, es la del sistema penitenciario nacional.
No son pocas ni menores las urgencias que tiene el país en estas materias; pero lo que debe tener claro, gane quien gane, es que un país sin garantía de acceso a la justicia; y sin la capacidad de evitar la repetición del delito; la capacidad de reparar el daño; y la capacidad de reconstruir el tejido social en las comunidades donde reina la violencia y la criminalidad, nuestra democracia estará en permanente riesgo.
Investigador del PUED-UNAM