La democracia, debe comprenderse, es mucho más que la forma de gobierno que tenemos como país. Según el artículo 3º de la Carta Magna, es un sistema de vida. Dice el texto sobre el sistema educativo nacional: “a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Lo anterior implica que, en todas las decisiones públicas, el Estado debería promover la participación y la organización social y, además, facilitar mecanismos para que las personas puedan contribuir al desarrollo del país, independientemente de la acción del gobierno, o también en alianza y en coordinación con las instituciones gubernamentales.
Lo anterior es relevante de ser destacado, porque en esta administración se ha tenido una abierta postura de confrontación en contra de todo aquello que represente formas de organización no partidistas, pues la tesis del gobierno es, ya sin lugar a dudas, que todo debe pasar por las estructuras del gobierno y todo debe estar supeditado a una aparente relación directa entre el titular del Ejecutivo y cada uno de las y los habitantes de nuestro país.
El desastre que causó el Huracán Otis, ha generado daños, estimados preliminarmente en alrededor de 250 mil millones de pesos. Una suma enorme, equivalente al presupuesto de varios años, de varias Secretarías de Estado. La reconstrucción, vista ante esa cifra, es difícil de ser siquiera imaginada en el corto plazo; y tardará en realidad al menos 5 años levantar lo que fue derruido.
En anteriores desastres, ha sido la ciudadanía la que ha logrado la reconstrucción y el restablecimiento de la vida comunitaria; y en varias ocasiones, este tipo de eventos han sido detonantes de procesos de organización y cambio social y político, como pasó en la propia Ciudad de México luego del sismo de 1985; proceso organizativo que documentaría magistralmente Carlos Monsiváis.
Por eso hoy es urgente que el gobierno, en sus tres órdenes, salga a la calle y lidere procesos de organización y participación comunitaria; y en medio de la tragedia, promueva la unidad y ofrezca perspectiva y horizontes de futuro construidos de manera socialmente compartida. Es decir, la reconstrucción debe llevarse a cabo considerando la necesidad de transformar el curso de desarrollo, el cual llevó a la construcción de las profundas desigualdades y los enormes rezagos que persistían en el Puerto antes de esta calamidad.
Debe considerarse además, que cada día, cada hora que pasa sin la presencia palpable y de liderazgo de las autoridades, las bandas del crimen organizado que operan en la entidad, y particularmente en Acapulco, se apropian de mayores espacios; y se abre la posibilidad de que se conviertan en los “conductores de una reconstrucción a su manera”, fracturando con ello no sólo aún más a la comunidad, sino profundizando la crisis del Estado de derecho que también era uno de los factores de la debacle que caracterizaba a esa región del país.
Acapulco debe ser punta de lanza de un nuevo esquema de relación entre la sociedad civil y el gobierno para que, con base en la creación de lazos comunitarios, puedan edificarse, no sólo viviendas y edificios, sino, ante todo, sentido de pertenencia, cohesión social y redes de cooperación que orienten el desarrollo regional desde una perspectiva sustentable y resiliente ante los embates de fenómenos que, de acuerdo con todas las proyecciones científicas, serán cada vez más extremos.
Se ha dicho en diferentes espacios de análisis que es la primera vez que un huracán de esa fuerza golpea a esta región del Pacífico. Pero aún con ello, cabe preguntarse si la destrucción hubiese sido la misma si la zona de impacto hubiesen sido San Francisco o Santa Mónica en California.
Pensarlo así es relevante, porque se tienen otros ejemplos mediante los cuales es palpable el efecto de la pobreza y el rezago social en la magnitud de las catástrofes. Basta con pensar en Haití frente a República Dominicana para tener clara esa relación. Pues ni las condiciones en que se da el impacto son las mismas, ni las capacidades de recuperación serían comparables.
Así, lo que es urgente es pensar en el proceso de reconstrucción de Acapulco como un reto mayor, para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo urbano, que ponga primero a las personas; que esté diseñado desde la perspectiva de los servicios ambientales; y que esté comprometido con los criterios de sostenibilidad ambiental; recuperación de la biodiversidad y mitigación y, de hecho, reversión de los efectos del cambio climático.
El gran reto es evitar que algo así se repita en nuestro país; por esto, antes de que termine esta administración, debería haber un gran encuentro de ciudades costeras, para llevar a cabo un análisis serio sobre las vulnerabilidades que se enfrentan y de las capacidades de que se dispone para la prevención y la eventual recuperación para cuando el próximo meteoro de esta dimensión llegue a al país. En efecto, una medida de este tipo permitiría a quien sea la nueva titular del Ejecutivo Federal contar con información oportuna e incorporar al Plan Nacional de Desarrollo líneas de acción claras, disposiciones programáticas y presupuestales, a fin de aprovechar apropiadamente los 10 mil kilómetros de litorales de que dispone nuestro país.
El dolor y la pesadilla que viven ahora los habitantes de los municipios devastados no va a tener consuelo rápido; pero intervenciones comunitarias; aprendizajes compartidos; acciones solidarias, son siempre medidas que ayudan a que la recuperación de la sensación de seguridad y el sentido de pertenencia recobren vigor y se conviertan en motores de transformación del país. México, sin duda, lo merece, y ya.
Investigador del PUED-UNAM