“En una democracia sana siempre habrá pesos y contrapesos en los que se reprima el abuso del poder de uno de los actores políticos de la República”, afirma María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, quien se dijo congratulada por la llegada de una mujer a la presidencia de México: Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien ha dicho que llevara a cabo las reformas constitucionales propuestas Andrés Manuel López Obrador, entre las que se cuenta la polémica al sistema judicial, que involucra a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata de la reforma más ambiciosa al Poder Judicial en lo que va del siglo y cuyos alcances trastocarán significativamente las normas que rigen al aparato procesal de México. Para Molina los cambios propuestos tienen que ver con muchas “cuestiones técnicas”. Nosotros -precisa- nos dedicamos, justamente, a controlar un presunto abuso de poder de los otros pilares del concierto democrático. “Aunque no sea agradable para quienes participan en ellos. Para eso necesitamos que haya jueces y ministros imparciales, para que garanticen el cumplimiento de la ley”.
La tarea de presentación de pruebas contra aquellos a los que se presume su inocencia -agrega Molina- depende las fiscalías y las fiscalías son independientes del Poder Judicial. “El trabajo de las personas juzgadoras revisar a las personas que se someten al amparo de la ley y resolver con base a lo que se establece en la constitución, en los tratados internacionales y las leyes secundarias. Se puede estar o no de acuerdo con esas normas, pero eso no quiere decir que el Poder Judicial esté plagado de corrupción”.
Para Molina este no es juego de popularidad sino de razón jurídica. Según ella, lo que deben preguntarse los actores políticos, incluida la sociedad, es qué se quiere con las reformas promovidas por el gobierno. Y pregunta: ¿una justicia a modo o una justicia imparcial, real, autónoma y totalmente independiente? “Si esto es lo que queremos, entonces habrá resoluciones que aveces gusten y otra no a los actores políticos, pero todos tendremos la confianza de que podremos acudir a una persona juzgadora que dé razón a quien la ley dicte”.
Para la maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Mexico se está cayendo en el discurso maniqueo, en el que todo lo que se hace contra ciertos intereses es malo y lo que se hace, por el contrario, en favor de otros es bueno. “La justicia no puede basarse en esos parámetros, porque la democracia exige el apego imparcial a la ley”.