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Por Ana Lorena Delgadillo Pérez
El sueño de la autonomía de la Fiscalía no duró ni el primer año del sexenio. Algunos recordamos cómo con tanta ilusión, nos embarcamos en la aventura de transformar la Fiscalía General de la República (FGR). A través del movimiento Fiscalía Que Sirva logramos trabajar los primeros días del sexenio de López Obrador, con un equipo que él designó, así como con legisladores y legisladoras recién llegados. Se logró una buena ley, pero luego Andrés Manuel decidió cuál era el Fiscal General que quería, el Senado se lo concedió y el sueño de la transformación se vino abajo. El Senado decidió servir al Presidente y no al país, a pesar de que tenía herramientas para elegir a una o un buen fiscal.
En el manual de los autoritarios al menos deben figurar las siguientes tareas: tener control del ministerio público; militarizar el país, darles a los militares todo el poder que se pueda; polarizar a una sociedad para que no esté unida y le cueste más defenderse (utilizando las ideologías y generando la idea de bandos, los buenos y los malos); atacar periodistas, defensores de derechos humanos o disidentes incómodos que le cuestionen; cooptar el Poder Judicial y por último, utilizar al ministerio público y al Poder Judicial, para eliminar a los enemigos para finalmente, tener todo el poder. Tener todo el poder, esa es la meta de un autoritario.
A Andrés Manuel le ha resultado excelente su estrategia de atacar al Poder Judicial, porque así no habla del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República; porque así no asume su responsabilidad en el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Los responsables son otros, los que dejan salir a quien delinque, no quien investiga o quien tiene a cargo la seguridad del país.
Fue tremendamente inteligente el Presidente en distraernos ¿por cuantos meses? con una consulta popular sobre si debía o no juzgarse a los expresidentes y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció sobre ello. De acuerdo con lo reportado por los medios, pudo haber costado 528 millones de pesos una consulta que no nos sirvió para nada en términos prácticos, hablando de impunidad. Lo mucho que hubiera ayudado si todo ese dinero se hubiera utilizado en dotar a la FGR de mayores capacidades para combatir el crimen organizado y la corrupción.
El recuento de la impunidad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y las gubernaturas en curso, de acuerdo al informe de Hallazgos de 2022 de México Evalúa, es espeluznante: en desaparición 96.5% de impunidad; para secuestro 82.8%; homicidios dolosos 95.7%; feminicidios 88.6%; extorsión 96.4%; violación 93.8%; violencia familiar 98.6%; robo simple 95.9%; despojo 95.1% y feminicidio 88.6%. Para cualquier país esta debería ser la fotografía del horror. Pensemos que éstos son algunos de algunos de los delitos que más nos han hecho daño a la sociedad, los que más nos han dañado en nuestro ámbito familiare, nuestras comunidades y al país entero. Pero ésto no está en el debate público de los políticos, ni de los que se van, ni de los que llegan. La responsabilidad directa de esta tremenda impunidad es de las fiscalías, la federal y las locales, pero nadie les pide cuentas, tenemos poderes legislativos también a modo del partido del ejecutivo. Entonces, cuando AMLO habla de transformar la justicia, ¿de qué justicia están hablando? La impunidad no se va a acabar solo porque el presidente diga en su discurso que no existe.
El Fiscal de la República no pudo tener mejor escenario. No se habla de él, de la tarea de investigar las grandes redes, de la extrema violencia y de la gran impunidad porque el Presidente inteligentemente ha centrado la narrativa en las y los jueces. También vale la pena preguntarnos cuáles son los resultados de la Guardia Nacional en la reducción de la violencia.
Pero estemos claros: un juez no puede ni debería condenar a una persona si no tiene evidencias y a quien le toca presentar las evidencias y sostenerlas en un juicio, es ni más ni menos que a la Fiscalía. Si un caso se cae, es porque la Fiscalía no fue sólida cuando investigó, porque no pudo sostener el caso ante un juez. Y este es el sistema por el que todos los países democráticos hemos apostado, porque si no, se metería en la cárcel a quien la fiscalía quisiera, nada más por su dicho. Ya de por sí, con este sistema que mucho tiene que mejorarse, son mayoritariamente los pobres los que terminan en prisión y por eso al gobierno de AMLO le interesa mantener la prisión preventiva oficiosa, porque llevan a las personas a la cárcel, sin haber sido investigadas.
Lo grave es que, durante la reciente campaña presidencial y aún después de esta, la necesidad de transformar las fiscalías, está ausente. ¿Claudia Sheinbaum está dispuesta a mantener este esquema?
Es claro que se requiere una reforma judicial porque el Poder Judicial, en su mayoría, ha sido omiso, y ha estado lejano a la población, pero la reforma de elección de jueces por votación popular no va a resolver los grandes problemas que tenemos en materia de justicia y mucho menos por cuanto hace a la grave criminalidad que agobia al país. Un juez no puede decir que una persona es responsable si no llega la fiscalía con evidencia sólida que lo sustente.
Lo peor que le puede pasar a un país, es que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial estén en manos de un mismo poder y a eso sumemos que también tendrá en sus manos el ejército. Será el régimen del terror. Lo que el ejecutivo quiera que sea delito, será delito sin importar lo que diga la ley, porque las instituciones se pueden pervertir para interpretar y resolver a favor de quien se los ordene. Los jueces llegarán al cargo gracias a un partido y tendrán lealtad con el partido, no con la gente. Con un ejército en las calles y como actores económicos, con una fiscalía del lado del ejecutivo y un Poder Judicial al servicio del partido del poder, de verdad que nadie podrá defendernos.
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