Por Rogelio Muñiz Toledo
“Resulta vital establecer sociedades en las que los dirigentes
prioricen la lucha contra las desigualdades y la promoción de los
derechos a la protección social, a la salud, a la educación, y más“
En el centésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1917 es importante resaltar dos temas fundamentales para el funcionamiento de la democracia constitucional en México: la defensa de la Constitución y la urgente necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo contrato social que deberá reflejarse en el texto constitucional.
Para garantizar lo primero habrá que insistir en el principio de supremacía constitucional y defender a la Suprema Corte de los ataques del poder político; para lograr lo segundo es indispensable la voluntad de las candidatas y el candidato a la presidencia de la república de convocar a la construcción de un nuevo pacto social que debería tener como ejes el cambio del régimen político y la aprobación de una carta de derechos sociales como base para establecer un Estado de Bienestar en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un cambio de régimen y el establecimiento de las bases de un Estado de Bienestar. Ha quedado muy lejos de cumplir con ambos compromisos. No hubo cambio del régimen político y las reformas constitucionales y la política social de su gobierno no fueron suficientes para construir siquiera una política social de Estado.
Hubo avances en materia de política salarial y los principales programas sociales de su gobierno empiezan a dar resultados en materia de combate a la pobreza; pero en educación, salud, vivienda, seguridad social y cuidados de las y los más vulnerables su administración deja muchos pendientes e incluso retrocesos. Solo como ejemplo: la regresividad en relación con el ejercicio efectivo del derecho a la salud es evidente y está ampliamente documentada.
El presidente ha dicho que buscó llevar a la Constitución las bases jurídicas de sus programas sociales para evitar -o al menos dificultar- que los gobiernos siguientes al suyo intentaran aprobar medidas regresivas en materia de derechos sociales. No le falta razón, la derecha mantiene latentes sus pretensiones de suprimir estos derechos y de reducir la inversión social del gobierno. Reconocer los derechos sociales -no los programas de gobierno- en la Constitución es la mejor garantía para conjurar las tentaciones y frenar los afanes de la derecha por impulsar reformas regresivas en materia de derechos sociales.
Sin embargo, de los 23 decretos de reformas a la Constitución publicados en lo que va de este gobierno, solo 2 tienen un contenido vinculado directamente con la política social (la reforma en materia de educación y la relacionada con el derecho a la salud, la
pensión no contributiva para adultos mayores y personas con una discapacidad permanente y las becas para estudiantes).
A esas dos reformas constitucionales con contenido social podrían añadirse las que logren el consenso de entre las que se discutirán a propuesta del presidente López Obrador en el último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura del Congreso de la Unión, que inició este primero de febrero.
Los inaceptables niveles de pobreza y de desigualdad en el país evidencian la necesidad de un nuevo pacto social para que México cuente con un Estado de bienestar que permita establecer una política social de Estado para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. A eso debieran comprometerse las dos candidatas con posibilidades de convertirse en la próxima presidenta de la república; además de sumar el compromiso del candidato de Movimiento Ciudadano.
Para lograr un cambio efectivo que dé paso a una economía social, basada en la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, es necesario transformar el modelo de desarrollo del país. Esto no se logrará sin un nuevo pacto social que se refleje en un consenso constitucional; lo que solo sería posible con una nueva Constitución que incorpore el reconocimiento de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que México forma parte desde 1981; así como las garantías para su ejercicio efectivo.
El artículo 2 del citado pacto establece expresamente obligaciones para los Estados que se han adherido a él. La principal es el compromiso de adoptar medidas, “hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos” reconocidos en dicho instrumento internacional y así garantizar su ejercicio efectivo, sin que se admitan la regresividad o el menoscabo de alguno de ellos.
Si bien la vía idónea para tener una nueva Constitución, que contenga las bases de un Estado de bienestar, sería convocar a un constituyente para elaborarla y aprobarla; parece poco probable que esto suceda con las actuales condiciones políticas. El temor de las oposiciones a que Morena y el actual grupo en el poder pretendan hacerse con el control de un eventual congreso constituyente, hace poco viable la convocatoria a un ejercicio de la soberanía nacional de esa magnitud.
Tal vez el resultado de la elección del próximo 2 de junio y el previsible conflicto político derivado de que los perdedores no acepten la derrota, cambie esas condiciones adversas a la convocatoria de un congreso constituyente.
Un conflicto político y una crisis constitucional -derivada del conflicto postelectoral- es altamente probable no solo si Morena pierde la elección; la “elección de Estado” que estarán intentando acreditar las oposiciones si son ellos quienes pierden, hace aún más probable la existencia de ese escenario. He venido sosteniendo que, bajo esas circunstancias, la mejor vía para solucionar el conflicto sería ir a un constituyente para
reconstruir el pacto social y dar paso al pospuesto cambio del régimen político.
Para el caso de que la elección permita dotar de plena legitimidad a la triunfadora y se evite el conflicto político, sería conveniente que antes de las elecciones por lo menos las dos candidatas presidenciales que tienen la posibilidad de encabezar el próximo gobierno, y todos los partidos políticos, hicieran un compromiso público de impulsar las reformas constitucionales necesarias para promover el bienestar de toda la población pero con énfasis en quienes se encuentran en condición de pobreza y de mayor vulnerabilidad. Para lograrlo debieran acordar reformas que garantizaran el ejercicio de, al menos, los derechos económicos, sociales y culturales que reconoce el citado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para construir un Estado de bienestar.
En las plataformas electorales de las dos coaliciones, “Sigamos Haciendo Historia” de Claudia Sheinbaum y “Fuerza y Corazón por México” de Xóchitl Gálvez, se señala que impulsarán los derechos sociales fundamentales. Ambos documentos hacen referencia a los derechos a la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el cuidado, el trabajo y la seguridad social.
Con diferente énfasis, y con estrategia diversas en algunos temas, ambas coaliciones proponen el fortalecimiento del sistema público de salud; el incremento del presupuesto para la educación pública; el establecimiento de las garantías para el acceso a una alimentación de calidad para todas las personas; la implementación de políticas públicas para la construcción de vivienda social; el establecimiento de sistemas de cuidados; la mejora de las remuneraciones y las condiciones laborales para cerrar las brechas salariales y valorar el trabajo no remunerado; y la mejora de las prestaciones sociales y los sistemas de pensiones.
Las iniciativas de reforma constitucional del presidente no deben convertirse en un distractor, ni llevar a un debate estéril, que desvié la atención de la necesidad de que se logre consensuar entre las candidatas presidenciales un paquete de reformas constitucionales –que no tendrían nada que ver con las iniciativas recientemente anunciadas por el presidente López Obrador- y que se discutirían en la próxima Legislatura del Congreso de la Unión, para que antes de que concluyan los dos primeros años del próximo gobierno se pueda tener un nuevo texto constitucional que establezca las bases de un Estado de bienestar.
Sea mediante la convocatoria a un constituyente, o con la aprobación de un paquete de reformas constitucionales como tarea prioritaria de los legisladores que se elegirán el 2 de junio, es necesario introducir al texto constitucional una carta social que contenga todos los derechos sociales -y las garantías para su ejercicio- que permitan construir un Estado de bienestar. Esto debería lograrse con independencia de la correlación de fuerzas entre los partidos de la coalición triunfadora y los que la ciudadanía coloque en la oposición.
* Michelle Bachelet Jeria, militante del Partido Socialista de Chile,
fue presidenta de la república de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018.
Fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y la séptima Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos