La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició este lunes sus audiencias en torno a la petición presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre su opinión en torno a las “consecuencias legales” de las políticas de Israel en los Territorios Ocupados Palestinos, en las que no participará el Gobierno israelí.
Las vistas iniciaron con una declaración por parte del presidente del tribunal, el libanés Nauaf Salam, sobre los países y organizaciones internacionales que comparecerán en las mismas, tras lo que el ministro de Exteriores palestino, Riad al Maliki, tomó la palabra para presentar el caso.
Al Maliki destacó que se trata de “unos procedimientos históricos” y ha recalcado que su comparecencia tiene lugar en un momento en el que “2,3 millones de palestinos en Gaza, la mitad de ellos niños, están siendo cercados y bombardeados, muriendo y resultando heridos, muriendo de hambre y siendo desplazados”.
“Más de 3.5 millones de palestinos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, son sometidos a la colonización de su territorio y a la violencia racista que lo permite”, señaló, antes de abundar en que “1.7 millones de palestinos en Israel son tratados como ciudadanos de segunda clase (…) en su tierra ancestral”, dijo. Asimismo, recalcó que “se sigue negando el derecho al retorno a sus tierras y viviendas a siete millones de refugiados palestinos”.
“Estoy ante ustedes en un momento en el que todo el pueblo palestino sigue viendo negados sus derechos fundamentales y su propia existencia. Desde hace más de un siglo, se ha negado y violado el derecho a la autodeterminación de los palestinos“, dijo, antes de hacer hincapié en que “Palestina no era una tierra sin pueblo, ya que había vida política, cultural, social y religiosa en esta tierra”.
Así, hizo además referencia a la Declaración de Balfour (1917) y sostuvo que “negó la existencia (de los palestinos) como pueblo y sus derechos como nación, allanando el camino para su deshumanización y expulsión masiva de su patria décadas después”, al tiempo que recordó que la Carta de la ONU recoge el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
“Desde hace décadas, se ha negado este derecho a los palestinos, que han sufrido el colonialismo y el apartheid. Los que se indignan por el uso de estas palabras deberían indignarse por la realidad en la que vivimos”, argumentó Al Maliki, quien dijo que es una situación que sufren “millones de personas, generación tras generación”.
En esta línea, señaló que “el genocidio en marcha en Gaza es resultado de décadas de impunidad e inacción” y agregó que “acabar con la impunidad de Israel es un imperativo moral, político y leal”. “Los sucesivos gobiernos israelíes han dado a los palestinos tres opciones: desplazamiento, subyugación o muerte”.
“Estas son las opciones: limpieza étnica, apartheid o genocidio, pero nuestro pueblo está aquí para quedarse. Tiene derecho a vivir en libertad y dignidad en su tierra ancestral. No cederá sus derecho. Les imploro que no olviden al pueblo palestino y que nuestro pueblo sufre cada día por su supervivencia”, explicó.
Acusa a Israel de violar la orden de la CIJ
Al Maliki recordó además el reciente fallo de la CIJ pidiendo a Israel que adopte “todas las medidas posibles” para proteger a la población de Gaza en el marco de su ofensiva contra el enclave, desencadenada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
De esta forma, dijo que Israel “sigue violando esta orden con impunidad” y reiteró que “la única solución consistente con el Derecho Internacional es que esta ocupación ilegal llegue a su fin inmediato e incondicional”.
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El ministro recalcó además que el plan de participación de Palestina en 1947 fue aprobado “sin contar con la aprobación de la población palestina” y apuntó que ello provocó la ‘Nakba’ -un término árabe que significa ‘catástrofe’ y que hace referencia de unas 700,000 personas de sus hogares tras la creación en 1948 del Estado de Israel- y “una negativa de derechos y una discriminación que continúa hasta hoy”.
Al Maliki reafirmó el “compromiso inamovible” de Palestina con el Derecho Internacional y sostuvo que “una justicia con retraso es una justicia negada”, antes de reiterar que “se ha negado la justicia al pueblo palestino desde hace demasiado” y criticar el “doble rasero” existente en este caso.
“Buscamos la paz, que sólo puede estar arraigada en la justicia”, manifestó Al Maliki, que solicitó al tribunal que ordene el fin “total” e “incondicional” de la ocupación israelí y que actúe con la “sabiduría” y “justicia” que “el mundo les espera y necesita que tengan” en el marco de su “sagrada función”.
Es la segunda vez en la que la CIJ, a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene que pronunciarse sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. La primera vez tuvo lugar en 2004, cuando falló que el muro de separación construido por Israel en la Cisjordania ocupada violaba el Derecho Internacional y pidió su derribo, si bien sigue en pie.
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Amnistía Internacional pide el fin de la ocupación
Por su parte, la secretaria general de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirmó que “el mundo debe reconocer que poner fin a la ocupación ilegal por parte de Israel es un requisito previo para detener las violaciones de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados”.
“La ocupación israelí de Palestina es la ocupación militar más larga y una de las más mortales del mundo. Desde hace décadas se ha caracterizado por unas violaciones de los Derechos Humanos generalizadas y sistemáticas contra los palestinos”, lamentó.
“La ocupación ha permitido y reforzado además el sistema de apartheid impuesto por Israel a los palestinos”, explicó, antes de abundar en que “con el paso de los años, la ocupación militar ha evolucionado a una ocupación perpetua, en flagrante violación del Derecho Internacional”.
Callamard recalcó que “el conflicto desatado en la ocupada Franja de Gaza, donde la CIJ ha dicho que hay un riesgo real e inminente de genocidio, ha puesto en el foco las consecuencias catastróficas de permitir que los crímenes internacionales de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados continuaran tanto tiempo con impunidad”.
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Por otra parte, reseñó que “todos los Estados deben revisar sus relaciones con Israel para garantizar que no contribuyen a sostener la ocupación o el sistema de apartheid” y trasladó a los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), que se reúnen hoy en Bruselas, que ” un llamado claro y unificado para un fin de la ocupación israelí nunca ha sido más urgente”.
“Durante 56 años, los palestinos han vivido atrapados y oprimidos bajo la brutal ocupación de Israel, sometidos a una discriminación sistemática. Cada aspecto de su vida cotidiana se ve perturbado y controlado por las autoridades israelíes, que imponen restricciones a su derecho a circular, ganarse la vida, perseguir aspiraciones educativas y profesionales y disfrutar de una calidad de vida digna, además de privarlos del acceso a sus tierras y recursos naturales”, afirmó.
“Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar la protección y el bienestar de todos aquellos que residen en el territorio que controla”, dijo. “Israel cita la necesidad de mantener la seguridad como la razón de sus crueles políticas, pero la seguridad nunca puede justificar el apartheid, las anexiones y asentamientos ilegales, ni los crímenes de guerra contra la población protegida”, aseguró.
(Con información de Europa Press)