Por Ana Lorena Delgadillo Pérez
Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por ser un gran comunicador, por poner la agenda, por buscar lo que sea necesario para distraernos de los temas importantes como la búsqueda de las personas desaparecidas, la cruda violencia en el país, los territorios tomados, la impunidad, el fracaso de la Fiscalía General de la República (FGR) o la creciente militarización.
En los últimos días, otro de sus temas distractores fue la búsqueda de Catarino Garza, general y periodista adversario de Porfirio Díaz, quien desapareció en el siglo XIX. Los medios reportaban que cerca de 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 elementos de la Secretaría de Marina y 11 integrantes de la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación y dos de la Secretaría de Relaciones Exteriores conformarían la comisión de búsqueda. El Presidente contó además con el apoyo del Senado para esta acción.
Múltiples organizaciones y colectivos de familiares se manifestaron en contra de esta acción, señalando su indignación ante la necesidad de búsqueda de más de 110 mil personas en México, sin los recursos y esfuerzos que se merecen.
Al escuchar esta noticia, era imposible no indignarme ante dicha acción cuando desde el trabajo que ha venido haciendo la Fundación para la Justicia, se ha intentado durante cerca de 8 años, que México logre que Guatemala permita que se exhumen restos que presuntamente corresponden a víctimas migrantes de la masacre de 72, que se encuentran en dicho país. Estos restos fueron entregados por el gobierno mexicano, en medio de múltiples irregularidades y dejando grandes dudas en las familias. No tienen certeza de que los restos enterrados sean sus familiares. Una tortura continua.
De acuerdo al convenio de la Comisión Forense para la identificación de restos de tres masacres ocurridas en el norte de la República, formada en el año 2013 entre la FGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense y 10 organizaciones y colectivos de familias de migrantes desaparecidos de México y Centroamérica, si las familias tienen dudas sobre los restos entregados, previos a la existencia de dicha Comisión, tienen derecho a pedir que la misma revise el proceso de identificación.
Si mover procesos de identificación o revisión de restos en México es prácticamente imposible, imaginemos si estos se encuentran en otro país. Nos hemos enfrentado al terrible sistema burocrático, insensible y fracasado de las “Asistencias Jurídicas Internacionales” (AJIS), que es el mecanismo con el que cuenta la FGR para comunicarse -en materia penal- con autoridades de otros países. Ocho años de ir y venir de solicitudes de AJIS -la mayor parte mal hechas- y respuestas cargadas de inhumanidad y soberbia por parte -principalmente- de la Fiscalía de Guatemala. Lo único que las familias de Guatemala pedían era que se hicieran las exhumaciones y que en las mismas, así como el proceso de re-examen de los restos, participaran peritos de su confianza: el Equipo Argentino de Antropología Forense, junto con la Comisión Forense donde también participan peritos de FGR. No se logró. Las exhumaciones se realizarán en los próximos días solamente con la participación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INECIF), a petición del gobierno mexicano y con la complicidad de la Fiscalía de Guatemala y jueces que no velaron por los derechos de sus connacionales, es decir, las familias que viven en Guatemala.
Se promovieron juicios de amparo tanto en Guatemala como en México para que el poder judicial reconociera un derecho que existe en ambos países: que las familias puedan proponer peritos independientes en procesos de identificación de restos, uno de los mecanismos básicos para velar por el derecho a la verdad de las familias. El derecho y sus prácticas no han logrado romper las barreras nacionales cuando son los migrantes quienes desaparecen y se ven atrapados entre dos países que no les representan ni les respetan sus derechos. Eso a pesar de las múltiples recomendaciones que ha recibido el gobierno mexicano de diferentes procedimientos y mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en las que se ha instado a construir mecanismos que permitan una búsqueda transnacional y una identificación de restos acorde a estándares científicos, así como justicia y reparación.
¿Cómo es que en el caso de los 72 migrantes de México no logró una colaboración con Guatemala en 8 años y que en un abrir y cerrar de ojos se manda un equipo de más de 90 personas a Panamá para que lleven a cabo la búsqueda de una persona fallecida hace décadas? En kilos de documentos, tanto la Fiscalía General de la República de Guatemala, como el INECIF alegaron su soberanía, sin aceptar que peritos de otro país y menos peritos independientes fueran a suelo guatemalteco a exhumar restos entregados por el Gobierno Mexicano, por los cuales, dicho sea de paso, se mantiene una investigación penal abierta en la FGR.
La promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador de crear una comisión de la verdad para San Fernando, Tamaulipas, se hizo humo. No se cumplió ni con justicia, ni con verdad ni con reparación. A estas víctimas se les mantiene excluidas no solo en su país de origen sino en el país donde sus familiares fueron victimados. Las familias se sienten profundamente lastimadas también por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas que ni siquiera ha apoyado para que sus enfermedades causadas por las torturas del Estado Mexicano puedan ser paliadas. Una de las madres ha muerto, la otra está al borde de perder la memoria. No es para menos, esta segunda madre perdió a su esposo, dos hijos y su sobrina en la masacre de 72 y ni siquiera les puede llevar flores, ante la duda sobre si los restos que enterró son de sus familiares.
Fallo esta administración en búsqueda, verdad, justicia y reparación en las masacres de San Fernando, Tamaulipas. ¿Será que sí logra traer a Catarino Garza?