El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se enfrentará este lunes una audiencia decisiva en su proceso de extradición a Estados Unidos, en la que el Tribunal Superior de Londres sopesará si autoriza su entrega o, en cambio, le permite seguir apelando en el Reino Unido.
Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson evaluarán concretamente si son satisfactorias las tres garantías ofrecidas a la corte por el Gobierno estadounidense sobre el tratamiento que recibirá en ese país, que la defensa argumentará que son insuficientes.
La presencia física o por videoconferencia de Assange en esta vista será una incógnita hasta el último momento, debido a su precaria salud física y mental.
Tras escuchar a las partes, el tribunal decidirá bien el mismo lunes o en otra fecha si acepta las garantías de Washington, que lo reclama por 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, que en 2010 y 2011 expuso abusos del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
Si las da por buenas, se podrá ejecutar su extradición, que el Gobierno británico ya aprobó en junio de 2022.
En este caso, la defensa planea pedir una orden cautelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para frenarla, con el fin de iniciar un proceso en esa corte de Estrasburgo (Francia).
Si por el contrario, los jueces consideran defectuosas una o todas las garantías, el programador informático podrá impugnarlas en un nuevo juicio de apelación en el Reino Unido.
Las garantías de Estados Unidos
El pasado 26 de marzo, el Tribunal Superior dictó que Assange podría recurrir su entrega con base a tres de nueve argumentos presentados por su defensa en un juicio previo en febrero si Estados Unidos no ofrecía las mencionadas garantías.
Estas debían asegurar que, de ser juzgado allí, el australiano de 52 años no será castigado con la pena de muerte -ilegal en el Reino Unido-; no será discriminado por su nacionalidad no estadounidense y podrá ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.
En una comunicación diplomática a la corte en abril, el Gobierno de Washington aseguró que, si Assange es extraditado, “no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad en relación a la defensa que elija plantear en el juicio o de cara a la sentencia”.
“Concretamente, podrá plantear e intentar ampararse durante el juicio (lo que incluye cualquier vista para sentencia) en los derechos y protecciones que ofrece la Primera Enmienda”, dijo, si bien matizó que la decisión sobre si ésta se le aplica “corresponde exclusivamente a los tribunales de Estados Unidos”.
En la imagen, Stella Assange y los abogados del fundador de Wikileaks. Foto: Archivo Reuters
Washington también afirmó que “no se pedirá ni se le impondrá la pena de muerte”, pues el programador informático no está acusado de ningún delito castigado con la pena máxima.
Stella Assange, esposa del procesado y madre de sus dos hijos menores, estará presente en la sala el lunes y prevé hacer declaraciones tanto antes como después de la vista. Mientras, en la calle se espera una gran manifestación de simpatizantes del antiguo ‘hacker’.
Assange está desde abril de 2019 en prisión preventiva en la cárcel londinense de alta seguridad de Belmarsh, después de que Estados Unidos reclamara su entrega.
Previamente, tras su detención inicial en 2010 a instancias de Suecia por un caso hoy archivado, estuvo bajo arresto domiciliario y, entre 2012 y 2019, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, que eventualmente le retiró el asilo político.
Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres, señaló en Aristegui en Vivo que el fondo del caso contra el fundador de Wikileaks es político, pues el ‘establishment’ y el Complejo industrial-militar de Estados Unidos buscan venganza contra el periodista.
(Con información de EFE y Aristegui Noticias)