La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) anunció que ya valora interponer un juicio de amparo en contra de la reforma a la Ley de Amparo que obliga al Poder Judicial de la Federación (PJF) a pagar por el uso de los servicios postales para el envío de notificaciones generadas en miles de juicio de amparo, por considerar que viola el debido proceso y se afecta una pronta impartición de justicia
La reforma fue aprobada con 217 votos a favor del bloque conformado por Morena, PVEM y PT; mientras que los partidos opositores PAN, PRI, PRD y MC alcanzaron a juntar 158 votos en contra.
Por lo anterior, con la adición de un párrafo al artículo 28 y de cambios al artículo 243 de la citada ley, a partir de esta reforma, los tribunales y juzgados federales deberán pagar al Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) y a la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) por los servicios públicos de correos y telégrafos que se usan para la publicación y envío de notificaciones oficiales generadas en los juicios de amparo
Ante este escenario, la Jufed advirtió que el Decreto aprobado el día de ayer por la Cámara de Diputados y enviado a la de Senadores para su dictaminación es violatorio de derechos constitucionales y convencionales marcados en tratados internacionales:
DESDE AHORA (SE) VALORA LA POSIBILIDAD DE PROMOVER DEMANDA DE AMPARO contra el Decreto aprobado el día de ayer por la Cámara de Diputados y enviado a la de Senadores.
La organización de jueces y magistrados federales agregó que la reforma a la Ley de Amparo para el cobro de las notificaciones “vulnera los principios de independencia y autonomía judicial”.
Dicha vulneración obedece a que la citada reforma legislativa “invade la autonomía de gestión presupuestaria de la Judicatura Federal, al imponer un gasto público que no está previsto como tal en el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2024”, provocando así una “presión económica al ámbito de la independencia judicial y sus operadores jurisdiccionales”.
La Jufed explicó que esa presión económica con la se violan los derechos al debido proceso y a la administración a una justicia pronta y expedita, por lo que esa agrupación expresó su rechazo a que se debiliten las instituciones de justicia, afectando de esta forma a las personas que recurren al Poder Judicial.
“En consecuencia, con la adición al diverso 243 se violan los derechos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, protegidos por los artículos 14 y 17 constitucionales, al permitir a dichas autoridades de la administración pública evitar las notificaciones a las partes en los juicios de amparo, sin responsabilidad económica oficial alguna, lo cual redunda directamente en perjuicio de las partes procesales”, concluyó la Jufed.