Un juez de control ordenó a la Fiscalía de Michoacán continuar la investigación en contra de Roberto “N” por el delito de violación agravada en contra de Fabio Alonso “N”.
Roberto “N” actualmente es secretario de Turismo en el Gobierno de Michoacán.
Es señalado de posiblemente haber cometido el delito de violación en agravio de Fabio Alonso, mientras él era un niño.
Según la acusación, los hechos comenzaron cuando Fabio Alonso tenía 14 años y culminaron cuando él tenía 17 años; se le señala de aprovecharse de que era su profesor y mentor en una escuela de educación artística y mantenía cercanía con su familia, por lo que lo que era visto como una figura paterna.
El juez señaló que en la carpeta de investigación existen datos de prueba que evidencian la relación desigual de poder entre Roberto “N” y Fabio Alonso “N” y determinó que, por su edad, orientación sexual y rol de género, la víctima no estaba en posibilidad de establecer una relación consensuada con una persona 21 años mayor que él.
El juzgador ordenó a la Fiscalía del Estado continuar con la investigación con la debida diligencia, perspectiva de infancia y de diversidad sexual.
Proceso
La primera decisión del Ministerio Público fue no perseguir el delito por prescripción, pues los hechos ocurrieron en 2010 y la legislación marca 10 años para perseguir un crimen de esta naturaleza.
La defensa del joven solicitó un amparo, que se concedió para que el juez tomara en cuenta factores de edad y rol de la víctima en los hechos denunciados.
El juez de Michoacán estudió los elementos disponibles y determinó que se debe dar continuidad a la indagatoria.
El juez determinó que la fiscalía debe realizar una prueba psicológica de mayor profundidad que ayude a encontrar el posible daño que padeció la víctima.
El asesor de la víctima podrá solicitar que se realicen investigaciones o periciales para fortalecer la indagatoria.
La decisión implica que la investigación tendrá que realizarse desde el principio, por lo que se presume la inocencia de la persona señalada, quien tiene derecho a una defensa adecuada.