El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó este martes el controvertido proyecto de ley de seguridad nacional, que entrará en vigor el próximo 23 de marzo, anunció el jefe Ejecutivo de la ciudad, John Lee.
Dicho proceso legislativo concluyó este martes con una sesión del Parlamento de la ciudad en el que sus 89 legisladores aprobaron el proyecto, que busca cubrir las lagunas de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en junio de 2020 después de que la ciudad registrase multitudinarias protestas antigubernamentales en 2019.
La normativa, contenida en el llamado artículo 23 de la Ley Fundamental, ha suscitado preocupación en la Unión Europea y en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que han expresado su temor de que la nueva norma, sumada a la ley de seguridad nacional promulgada en Pekín, recorte aún más los derechos y libertades en Hong Kong.
Esta legislación se ha aprobado de forma acelerada en tan solo 11 días, el plazo más corto en el que se ha tramitado un proyecto de ley en la ciudad, a pesar de las voces críticas que han alertado de que puede conllevar grandes riesgos para las libertades civiles.
Sus críticos la consideran el último paso de una amplia represión política desencadenada por las protestas prodemocráticas de 2019.
El jefe de Seguridad hongkonés, Chris Tang, comparó la aprobación de la tercera lectura del proyecto de ley con la gestación de su bebé “recién nacido que, tras tantos abortos involuntarios, le produce sentimientos encontrados”.
Tang destacó los esfuerzos tanto del Gobierno como del Parlamento en la promoción de la nueva normativa, pero atribuyó su éxito principalmente “al reconocimiento por parte de los residentes de la importancia de salvaguardar la seguridad nacional”.
El artículo 23 de la Ley Fundamental exige que la ciudad promulgue sus propias leyes para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno central o robo de secretos de Estado, impedir que organizaciones políticas extranjeras lleven a cabo actividades en la ciudad y vetar a grupos políticos locales que establezcan vínculos con sus homólogos extranjeros.
En la nueva legislación figuran crímenes que pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección, incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse, así como la connivencia con fuerzas externas para dañar o debilitar infraestructuras públicas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.
Durante la sesión legislativa de hoy, el titular de Seguridad trató de aclarar las dudas sobre algunos de estos delitos.
Tang justificó el castigo de la sedición porque “las fuerzas contrarias a China han estado atizando con su odio y ensalzando la violencia para debilitar la conciencia respetuosa con la ley de los residentes y sembrar la semilla de la revolución de colores”.
El gobierno de la excolonia británica ha subrayado la urgencia de promulgar un Decreto de Seguridad Nacional en cumplimiento de su obligación constitucional, para lo que se requiere implementar una normativa local que cubra las lagunas de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín.
La parlamentaria Priscilla Leung explicó que son necesarios “límites legales mejor definidos que ofrezcan claridad”, y que la ciudad “debe declarar al mundo entero que se trata de una norma de alta calidad que se ajusta a los principios del derecho consuetudinario y cumple las normas internacionales”.
“Aquellos que experimentaron la violencia vestida de negro de 2019 saben que, sin una ordenanza de seguridad nacional completa, esto se convertirá en una ciudad sin ley”, recalcó.
Hong Kong inició el proceso de promulgación de esta legislación el 30 de enero con un periodo de consulta pública de cuatro semanas que generó más de 13 mil propuestas y un apoyo ciudadano del 98%, según el gobierno.
Desde que se presentó el proyecto de ley, el 8 de marzo, un comité ha celebró reuniones diarias tras el llamamiento del líder hongkonés para aprobarlo “a toda velocidad”.
En el ámbito territorial, el artículo 23 ha sido recibido con poca oposición, aunque la organización prodemocrática “Liga de Socialdemócratas” ha expresado su preocupación por el posible impacto negativo que pueda tener en las garantías de libertades en la ciudad.
La última vez que se intentó aplicar el artículo 23 en Hong Kong en 2003, alrededor de medio millón de personas salieron a las calles en oposición a esta iniciativa y en defensa de los valores democráticos.