Las organizaciones indígenas que llevan manifestándose durante 106 días frente a la sede de la Fiscalía, en Ciudad de Guatemala, acordaron la madrugada de este lunes acabar con la protesta tras reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, que con más de diez horas de retraso finalmente tomó posesión del cargo.
En un de sus primeras acciones como mandatario, Arévalo y su vicepresidenta, Karin Herrera, acudieron al lugar en el que las organizaciones indígenas han estado protestando desde que la Fiscalía puso en marcha su persecución contra el Movimiento Semilla, cuya suspensión ha sido ya anulada por el Congreso.
“Fueron 106 días de resistencia, de dignidad, de gallardía”, destacó Arévalo a los 48 Cantones de Totonicapán y a otras organizaciones indígenas, a las que ha agradecido haber movilizado a otros sectores de la sociedad guatemalteca contra “los criminales que intentaban mantenerse en el poder”.
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“Hemos tenido muchas batallas, muchas incidencias, pero las hemos sabido librar juntos (…) se concluye una primera fase de resistencia y ahora le corresponde al Gobierno darle continuidad a la lucha por la democracia”, dijo el presidente, según retomaron medios guatemaltecos.
Arévalo juró el cargo en la madrugada de este domingo, diez horas más tarde de lo previsto debido al retraso en la formación del Congreso, lo que generó cierto nerviosismo en una jornada ya de por sí tensa por las acciones de la Fiscalía, que intentó anular el triunfo en las urnas del nuevo presidente.
¿Qué es el Movimiento Semilla?
El Movimiento Semilla es un partido político guatemalteco de ideología socialdemócrata, ecologista y progresista. Fue fundado en 2017 y en las elecciones generales de 2023 obtuvo 23 escaños en el Congreso de la República.
El partido se define como un movimiento político democrático y plural, y su objetivo es promover la justicia social, la igualdad y la protección del medio ambiente.
Desde el 1 de septiembre grupos indígenas se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República de Guatemala para exigir justicia por los casos de despojo de tierras y violencia contra las comunidades indígenas. Los manifestantes denunciaron que las autoridades no han hecho lo suficiente para investigar y castigar a los responsables de estos delitos.
En particular, los manifestantes pidieron que se investigue el caso de la comunidad Q’eqchi’ de Chixoy, que fue desalojada de sus tierras por una empresa hidroeléctrica.
(Con información de Europa Press)