El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) compartió sus proyecciones sobre el crecimiento del gasto en pensiones contributivas y no contributivas para el año 2030, advirtiendo que podría alcanzar hasta el 7.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) sin contemplar las modificaciones que actualmente se discuten en el Congreso.
Según el análisis del CIEP, si se aprueban las iniciativas de reformas constitucionales y se implementan las propuestas para la siguiente administración, este gasto podría elevarse hasta un 7.8 % del PIB en un lapso de seis años. Estas cifras, de acuerdo con el Centro, plantean un riesgo considerable para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El informe “Financiamiento de las pensiones. Escenarios sobre su carga fiscal a 2030” destaca que el sistema de pensiones en México se encuentra en un estado fragmentado, lo que genera desigualdad, opacidad e insostenibilidad. Con al menos siete instituciones otorgando pensiones a nivel federal y sin claridad sobre el número de subsistemas a nivel estatal y municipal, calcular el pasivo pensionario para los próximos años se vuelve “una tarea difícil”.
“El sistema de pensiones está fragmentado y eso genera que sea desigual, opaco e insostenible”, se lee.
Foto: Cuartoscuro
El gasto en pensiones contributivas y no contributivas ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, siendo el doble de lo destinado al sistema de salud universal, según datos del CIEP del año 2023.
El aumento del gasto en pensiones contributivas fue del 41 % entre 2018 y 2024, mientras que para la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM) fue de 879 % en el mismo período.
El informe resalta que más de la mitad de las personas que trabajan lo hacen en el sector informal, lo que reduce sus probabilidades de acceder a una pensión contributiva. Programas como las pensiones del bienestar brindan cierto grado de seguridad económica en la vida adulta mayor, pero su crecimiento plantea desafíos adicionales en términos de financiamiento.
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En cuanto a las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo en 2024, el CIEP señala que aunque ofrecen ciertas garantías, como una tasa de reemplazo del 100 % del último salario, falta un análisis detallado sobre su sostenibilidad a largo plazo.
La iniciativa de reforma a las pensiones contributivas es la única que menciona una fuente de financiamiento, pero falta analizar cuán sostenible sería en el tiempo.
Además, las propuestas para la siguiente administración, como ampliar la pensiones del bienestar a todas las personas adultas mayores a partir de los 60 años, carecen de estimaciones presupuestarias y fuentes de financiamiento claras.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advierte que el crecimiento del gasto en pensiones podría tener implicaciones graves en la sostenibilidad del gasto público, especialmente si no se implementan medidas para aumentar los ingresos.
Con proyecciones de ingresos públicos a la baja, el financiamiento de otros derechos fundamentales como la salud y la educación podría verse comprometido, alertan.
“Actualmente, gastar 7 puntos PIB en pensiones ya tiene consecuencias en la sostenibilidad del gasto y en el financiamiento de otros derechos como salud y educación”.