El fiscal general de Perú, Juan Villena, dijo el martes que su oficina amplió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la posesión de costosas joyas, incluida una pulsera Cartier, y depósitos bancarios “de origen desconocido” por 1.1 millón de soles (casi 300,000 dólares).
Boluarte está sumida en un escándalo político por el uso de finos relojes Rolex que generó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en medio del cual reestructuró casi un tercio de su gabinete el lunes; un revuelo que señala una vez más la crisis de gobernabilidad en el país sudamericano.
“Se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier, que se indica según una fuente abierta, de 56,000 dólares” señaló Villena, que hizo el anuncio durante una presentación ante la comisión de fiscalización del Congreso.
Villena afirmó que se ha ampliado además por los depósitos bancarios de origen desconocidos de 1.1 millones de soles en las cuentas de Boluarte, y de joyas por un valor estimado de 500,000 dólares con las que había sido fotografiada en eventos públicos.
Los depósitos en las cuentas de Boluarte datan de 2016 a 2022, antes de que ella fuera presidenta, según reportes previos en la prensa local. Es su defensa Boluarte afirmó hace unos días que las cuentas bancarias son “mancomunadas” de cuando ella era presidenta de un club regional, y negó cualquier corrupción.
El fiscal Villena manifestó asimismo que se ha incluido en la investigación “las observaciones que se tiene” frente a las declaraciones juradas de Boluarte donde aparece un incremento en su patrimonio de más de 432,000 soles en el plazo de dos años.
Durante el fin de semana Decenas de fiscales y policías entraron en la vivienda de Boluarte y luego en su despacho en el Palacio de Gobierno, en busca de evidencia de tres relojes Rolex que la mandataria no ha podido explicar cómo los adquirió.
Boluarte, en un mensaje televisado, calificó de “abusiva” la actuación fiscal y afirmó que cumplirá su mandato hasta el 2026. El escándalo ha desatado pedidos de la oposición en el Congreso de iniciar un proceso de destitución de Boluarte.
En su presentación en el Congreso, Villena defendió el allanamiento fiscal en la casa de Boluarte y Palacio de Gobierno, afirmando que se actuó bajo el marco de la ley y siguiendo el debido proceso, con autorización de un juez competente.
La comisión de fiscalización del Congreso también había invitado a Boluarte, pero la mandataria se excusó por temas de agenda, según algunos miembros del grupo legislativo.