Juan Alberto Vázquez / Nueva York
Fiscales del distrito este de Nueva York informaron a la juez Carol Bagley-Amon que una vez que Genaro García Luna sea sentenciado, ellos a su vez ingresarán una carta pidiendo se aplique la Regla 35 a favor del ex fiscal de Nayarit Edgar Veytia, sugiriendo a la juez reducir la sentencia de este acusado.
La carta de la Regla 35 es un recurso usado en la justicia norteamericana que permite modificar condenas sea por colaboración o errores al momento de emitirlas. En el caso de Veytia, quien declaró como uno de los testigos en el juicio en contra de García Luna, aplica la corrección “por asistencia sustancial”, tras brindar “información cuya utilidad no podría haber sido razonablemente anticipada por el acusado hasta más de un año después” de ser sentenciado”.
“El gobierno prevé que probablemente presentará una carta conforme a la Regla 35 al concluir el proceso contra el Sr. García Luna”, dijo el fiscal asistente Ryan Harris quien, por cierto, también forma parte del equipo que juzgó al exsecretario de Seguridad Pública en la administración del expresidente Felipe Calderón.
Durante una audiencia celebrada el 31 de octubre y cuya transcripción aún no se hace pública, aconteció un hecho curioso. En algún punto del intercambio entre la juez Bagley-Amon, el fiscal Harris y el defensor Alexei Schacht, una persona del público intervino y tuvo que ser reconvenida por la jueza: era la madre de Veytia.
La juzgadora que en ese momento preguntaba a las partes si en caso de introducir la Carta con la Regla 35, Veytia retiraría su Moción 2255 (explicada más adelante).
“Déjeme hablar con mi cliente”, pidió Schacht tras consultar con Veytia. Luego de un corto intercambio el litigante confirmó “así es, su señoría, es correcto” refiriéndose a que Veytia retirarían la 2255.
Fue cuando desde el público una mujer exclamó:
No, no I´m sorry, your honor” (no, no, lo siento su señoría).
“Usted no puede hablar, si quiere hable con el abogado defensor” dijo la juez quien luego preguntó a Schachts, “¿es alguien que conoce?”.
“Es la madre de mi cliente”, respondió el defensor de Veytia.
La juez dio oportunidad a Alexei Schachts de tener un intercambio con la mujer mientras la audiencia entraba en pausa.
“¿Tuvo oportunidad de hablar con la mamá de su cliente sobre los arrebatos en los tribunales?”, ironizó la juez Bagley-Amon. “Lo hice, su señoría”, regresó secamente el defensor.
La lucha de Veytia por obtener su libertad
Aunque Veytia retiró esa apelación inicial, en marzo del 2021 envió una carta al “administrador del caso” pidiendo información sobre su proceso.
Específicamente exigió “registros de datos de su paso por suelo estadunidense, copia de cuestionarios usados para recopilar información de fuentes externas en su contra y otros que demostraron que visitó, ingresó, cruzó cualquier línea estatal o tuvo contacto con el estado de Nueva York o declaraciones juradas que confirmaran que fue visto alguna vez en el estado incluso grabaciones que indiquen que fue filmado o grabado en video con cualquier fuente confidencial que muestre que realizó negocios en Nueva York con sustancias controladas”, como se asentaba en la acusación.
En junio del 2021 Veytia volvió a escribir a empleados de la Corte pidiendo “copias de las pruebas de descubrimiento en contra del acusado” que, por orden judicial de junio del 2017, el gobierno debería haberle presentado. En una carta el exfiscal nayarita pregunta al secretario de la corte “si depositó en el tribunal su descubrimiento”. Le pide copiar “lo que se envió pues no recibí mi copia” y cuestiona que si no envió nada de cualquier modo “házmelo saber”. Inspirado, Veytia se pregunta: “¿puedo considerar que no existe ningún descubrimiento y que no existe ninguna sustancia o caso?”.
Finalmente, el 2 de agosto del 2021 Veytia ingresó la Moción 2255 para intentar anular o corregir su sentencia. Desde entonces la juez pidió al gobierno las pruebas de por qué no debería conceder la petición, pero hasta donde se sabe estas nunca llegaron a su escritorio.
La moción 2255 es un recurso al que todos los presos tienen derecho y busca impugnar varias cosas: Desde la jurisdicción de un tribunal federal para dictar sentencia, la validez de una sentencia por ser contraria a la ley federal, la validez de una sentencia por ser contraria a la Constitución de los Estados Unidos, o la validez de la duración de la pena impuesta sobre todo cuando excede las pautas y viola de esa forma los derechos constitucionales de un acusado.
En el caso de Veytia su reclamo parece centrarse en que el tribunal que lo juzgó no tenia jurisdicción o al menos no se la pudieron probar y de ahí sus reclamos de que le comprobaran que había delinquido específicamente en Nueva York.
Pese a sus intentos de obtener su libertad o al menos un recorte en su condena que, por cierto, de 20 años ya se redujo a 17 quizás por su condición de ciudadano norteamericano, Edgar Veytia Cambero desplegó durante el juicio en contra de Genaro García Luna, parte de su carrera criminal. Dijo que ya siendo fiscal (2013-2017) durante la administración del hoy detenido Roberto Sandoval, llegó a recibir hasta 2 millones de pesos al mes presuntamente de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2 y de Daniel Silva Garate El H9, quienes controlaban la plaza nayarita a nombre de los Beltrán Leyva.
Explicó que bajo su administración como fiscal comenzaron a aparecer “los pozoles” en distintas zonas de la ciudad y del estado. “¿Y qué son los pozoles?” preguntó la fiscal que lo interrogaba” a lo que él respondió: “Cubetas con cuerpos desmembrados, cabezas, piernas, brazos, a las que le echaban granos de pozole”.
Más de una vez durante el juicio recordó que empleados de El Chapo Guzmán se le acercaron para intentar “comprar la plaza” pero él siempre rechazó los ofrecimientos “pues teníamos un compromiso con los beltranes”. Durante el juicio concedió que, bajo las órdenes de El H2, tanto Veytia como miembros de la corporación a su cargo, ejecutaron en Nayarit crímenes, torturas, despojos, secuestros, incendios, reportes falsos, ataques o incautaciones.
Expresó que llegó un momento en que El H2 dejó de tener poder por lo que él mismo planeó primero secuestrar, luego torturar y después asesinar a ese líder criminal “con autorización del gobernador y coordinándome con fuerzas federales”. También admitió que a otro al que llamaban “El Paisa”, los Beltrán Leyva lo quisieron ejecutar y fallaron así es que estando ese personaje en el hospital, Leyva ordenó a la policía a su cargo que se retiraran del nosocomio para que otros pistoleros lo fueran a rematar.
Testigos y víctimas de los despojos en Nayarit durante el régimen de terror de Sandoval/Veytia, han manifestado temor ante la presumible vuelta a la calle del exfiscal a quien por esa y otras andanzas comenzaron a llamar “El Diablo”.
“Entonces, ¿una vez que el gobierno escriba la carta con la Regla 35 ustedes retirarán la Moción 2255?”, preguntó en la audiencia del pasado 31 de octubre la juez Bagley-Amon como para dejar todo claro.
“Así es su señoría, una vez que ellos escriban la carta nosotros la retiraríamos (la 2255)”, concedió el defensor Alexei Schachts y ya sin la oposición de la mama de Veytia.
No obstante, la juez preguntó una vez más “¿Queda claro, Señor Veytia?”.
“Mi intención es clara, me pidieron ayudar al gobierno y es lo que hice, Su Señoría”, arrancó Edgar Veytia con su pequeño discurso la mañana del martes 31 de octubre. “Se basó en la misma información en la que confiábamos, que estaba basada en mi 2255. Puedo dejar muy claro que todo esto me pasó la última vez” puntualizó Veytia a manera de queja, aunque sin aclarar a qué se refería.
“¿Disculpe?”, pidió claridad la juez.
“Quiero ser claro con el tribunal, la última vez el gobierno me preguntó si podía ayudar y lo hice. La primera vez recibí la carta y algo pasó”, aclara Veytia sobre un previo intento de considerar la reducción de su sentencia. “Esta vez quiero ser muy claro, si escriben la carta de la regla 35 y la aprueban, consideraré quitar la (Moción) 2255”, soltó amenazante quizás motivado por la presencia y participación de su madre en el tribunal.
Previo a la intervención de Veytia, la juez preguntó a los enviados del gobierno cuál era su postura con relación al conflicto Regla 35/Moción 2255.
“La posición del gobierno es que la Regla 35 está separada del 2255. Si la defensa elige desechar 2255, eso no tiene impacto en la decisión del gobierno de ingresar la Regla 35”.
Ambos recursos legales a los que está aferrado el exfuncionario pueden otorgarle el beneficio de reducir el tiempo que pasará en prisión. La diferencia es que la Regla 35 es una sugerencia de la fiscalía y queda bajo responsabilidad de la juez. La 2255 por el contrario, significa una derrota de los fiscales qué debería conceder que juzgaron mal a Veytia y vía esa Moción se le debe re sentenciar. Además de quedar mal parados, los empleados del gobierno se arriesgan a que el recurso sea utilizado por otros imputados, comenzando por Genaro García Luna, quien ha reclamado “falta de pruebas” de la fiscalía para procesarlo.
Con la promesa de reducción de condena a Veytia ligada a que se complete la sentencia de García Luna, la audiencia del primero programada para finales de marzo, finalmente deberá cambiar de fecha luego de que la audiencia en la que García Luna conocería su pena, se volvió a mover, esta vez hasta el 24 de junio.
De los 17 años en que finalmente quedó el tiempo que debería estar en prisión, Veytia está cerca de cumplir siete.
Es un misterio ahora, de la década que le resta, cuántos años más le quitará la juez Bagley-Amon.
