La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que, contrario a lo que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de que la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no afecta a sus trabajadores, la realidad es que seis de los citados fideicomisos guardan recursos para pagar las prestaciones de sus trabajadores, por lo que serán los principales afectados.
A través de una tarjeta informativa, la Suprema Corte también desmintió que alguno de los fideicomisos se destine al pago de prestaciones extraordinarias para los 11 ministros y ministras que integran el Pleno.
Los fideicomisos NO son para el pago de prestaciones de ministras y ministros.
Al pronunciarse sobre la aprobación en comisiones del dictamen que propone la desaparición de los fideicomisos, el Máximo Tribunal advirtió que la extinción de los mismos “SÍ afecta los derechos laborales de las y los trabajadores” del Poder Judicial Federal (PJF).
De acuerdo con la SCJN, al menos seis de los fideicomiso que se pretenden extinguir “están relacionados con obligaciones patronales” de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que el Poder Judicial debe cumplir con sus pagos en calidad de patrón.
Por lo tanto, los recursos de dichos fideicomisos se deben destinar al pago de prestaciones laborales y de seguridad social como son las pensiones, el derecho a la vivienda, cobertura de salud y los pagos de retiro.
La Corte añadió que los derechos adquiridos están reconocidos por la Constitución, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros instrumentos legales.
Además, también están previstos otros pagos en las Condiciones Generales de Trabajo para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y en el Plan de Apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario para los Servidores Públicos del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para el Poder Judicial de la Federación, los instrumentos anteriores y otros, reconocen derechos tutelados y “no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el PJF” que cumplen con los requisitos establecidos para cada fideicomiso.
En este marco, la SCJN advirtió que los fideicomisos que se pretende extinguir “se requieren para el aseguramiento de estos derechos adquiridos, tanto en el presente como a futuro”.
El personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos.
La Corte también reconoció que uno de los fideicomisos criticados por López Obrador si está relacionado con el pago de casas habitación a personas magistradas y juezas del Poder Judicial, pero solamente cuando los impartidores de justicia se ven obligados a cambiar de ciudad o estado para desempeñar sus labores, ya que así se los exige el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para cubrir vacantes o nuevos cargos.
“El fideicomiso relacionado con casas habitación de las personas magistradas y juezas, cubren gastos vinculados con prestaciones inherentes a sus funciones, como es el apoyo para contar con un lugar para residir cuando cambian de adscripción en cumplimiento de las necesidades de la judicatura”, aclara el comunicado.
En este marco, la Corte aclaró que la desaparición de los fideicomisos sí va a afectar su operación, va a comprometer el cumplimiento de las nuevas leyes y tribunales laborales previstos en el T-MEC y deja sin recursos la mejora o adaptación de los centros de justicia para brindar un mejor servicio a la población.
La extinción de fideicomisos SÍ limita la operatividad del PJF y, con ello, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Por último, la Suprema Corte negó que exista opacidad en el manejo de los mismos y recordó que cada trimestre se dan a conocer el monto de cada uno de los mismos tanto en la página de la SCJN y del Consejo de la Judicatura como en el Diario Oficial de la Federación.
“La administración de los fideicomisos SÍ es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada NO significa una mejora en este rubro”, concluyó la SCJN.
