PACHUCA, Hgo. (apro).- Estudiantes del Instituto de Artes (IDA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) interpusieron un amparo ante la posibilidad de que los directivos de esa casa de estudios vulneren su derecho a la educación, a casi tres meses del paro iniciado el 28 de agosto.
Una vertiente del recurso, aceptado para análisis en el Juzgado Segundo de Distrito de Pachuca, es el control político de la casa de estudios que ejerce un grupo al que los estudiantes acusan de usar los recursos materiales y humanos en beneficio de partidos políticos, lo cual consideraron como una transgresión a la autonomía universitaria.
En conferencia de prensa, los también integrantes del movimiento Rebel-Arte denunciaron que siguen impunes los actos represivos en contra de la protesta estudiantil del 19 de septiembre en el Edificio Central, antigua sede de la Rectoría, después de que dieron “portazo”, en ese entonces, en contra de la dirección de María Teresa Paulín Ríos en el IDA, a quien acusaban de agresiones y de respaldar a presuntos violentadores.
El amparo indirecto 1775/2023-5 es en contra de particulares que, por estatuto en la UAEH, ejercen actos de autoridad: Octavio Castillo Acosta, rector; el Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH) –a cuyos integrantes acusan de ser parte del grupo de choque que reprimió en el Edificio Central– y a Lidia García Anaya, diputada federal y presidenta del Patronato Universitario.
El recurso fue promovido por los alumnos Ángel Eduardo Cuevas Cruz y Víctor Morales Suárez, y por las alumnas Ingrid López Flores y Aranza Islas Padilla.
Con lo anterior, afirmó el abogado Julio Gálvez Bautista, “se abre el análisis” sobre “el velo de la autonomía” que, dijo, es un mecanismo con el que se protege la institución ante actos para dirimirlos internamente, aunque existan posibles atenuantes legales.
El amparo, añadió, considera el “adoctrinamiento político” como atenuante, porque, indicó, existen precedentes de que se celebró un consejo político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al interior de la UAEH (grupo político que controla a un sector en la institución).
Otro precedente fue la presencia del entonces precandidato a la Presidencia de la República, Adán Augusto López Hernández, en un acto proselitista en el Centro Cultural La Garza (parte también del Edificio Central) el 12 de julio.
En el lugar, el rector Octavio Acosta agradeció al exsecretario de Gobernación haber intervenido a favor del cambio de medida cautelar para Gerardo Sosa Castelán (imputado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos), de prisión en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano a estar recluido en una de sus propiedades.
Gerardo, exdiputado federal, es el líder del denominado Grupo Universidad, igualmente conocido por el apelativo de La Sosa Nostra, que controla a la institución desde finales de los años setenta.
Partidos en la UAEH
“Antes de María Teresa Paulín Ríos tuvimos durante un año como directora interina del IDA a Elvia Sierra Vite, diputada local del Partido del Trabajo”, indicaron los alumnos, en alusión a la injerencia del Partido del Trabajo en el Grupo Universidad.
Asimismo, recalcaron que la presidenta del Patronato Universitario, Lidia García Anaya, es legisladora federal por Morena, el otro partido que tiene participación en la denominada Sosa Nostra y al que acusaron de vulnerar el derecho a la educación, porque fuerza a los estudiantes a sumarse a mítines y actos políticos, mediante “acarreo” y bajo presión.
“¿Dónde está la autonomía?”, cuestionaron, pues añadieron que antes el Grupo Universidad usó al estudiantado a favor de Movimiento Ciudadano, pero también en beneficio de Acción Nacional y en sus inicios favoreciendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Gálvez expuso que, con el amparo radicado en el Juzgado de Distrito el 14 de noviembre, aunque ingresado desde octubre, buscan que no se vulnere la libre manifestación de las ideas. En segundo término, se busca que el derecho a la educación no sea coartado, así como que se establezcan medidas de seguridad para que los estudiantes no sean agredidos en las instalaciones, como ocurrió el 19 de septiembre.
Para resolver el amparo se fijó la audiencia incidental para el próximo martes 21, mientras que el 14 de diciembre se llevará a cabo la constitucional.
En tanto, en la conferencia en la que estuvieron presentes dos de los promotores del amparo, Ángel Eduardo Cuevas Cruz y Víctor Morales Suárez, más otra alumna del IDA, Evelin Rodríguez Cruz, los alumnos reiteraron sus reclamos por lo que consideran un uso partidista del centro de estudios.
“¿Qué autonomía? –cuestionaron– Su autonomía es violenta y fantasmal”. Luego señalaron que integrantes de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios (FEUH), de la cual emergió el Grupo Universidad, “entraba a las normales a violar mujeres”, además de que estuvo inmersa en averiguaciones por lesiones, robos y homicidios. “Son hechos violentos los que nos antecedieron”, remarcaron.
“Son estrategias viejas para tiempos nuevos. Ya no podemos mandar a golpear a los alumnos cada que se manifiesten”, añadieron, y advirtieron que “el amparo es un respaldo para nosotros, porque nadie nos asegura que un día saliendo de la casa, alguien pase por alguno de nosotros.”
Por último, responsabilizaron al rector, a Gerardo Sosa, a los integrantes del consejo estudiantil, al líder del sindicado académico, Agustín Sosa Castelán, y a la legisladora García Anaya de cualquier posible agresión.
