CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La pobreza ha impactado en el sector más vulnerable de la sociedad. Casi la mitad de las niñas y niños menores de 6 años (48.14 por ciento) sufren pobreza y las entidades con mayores porcentajes en primera infancia se ubican en el sur y centro del país: Chiapas con el 79 por ciento, Guerrero 71.5, Oaxaca 67.3, Puebla 66.3 y Veracruz con 63.7 por ciento.
De acuerdo con diversos estudios presentados en el simposio “Contribuciones para la agenda de primera infancia 2024-2030”, organizado por Early Institute, el cuidado en primera infancia no está reconocido en México como un derecho en sí mismo y el país es uno de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor gasto público para el cuidado infantil, menor al 0.1 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, diversos especialistas señalan que el nivel de atención de educación inicial es apenas del 2.7 por ciento y que, por la pandemia, las consultas de niños sanos se redujeron en un 66 por ciento y la promoción de la lactancia y alimentación complementaria en personas con seguridad social bajaron en un 50 por ciento.
De acuerdo con Alberto Tonatiuh Sotomayor Avilés, miembro del Pacto por la Primera Infancia, la pobreza en este segmento de población infantil genera daños acumulativos e irreversibles, lo que tiene que ser una prioridad por parte del Estado.
En su estudio, el especialista señala que la diferencia en pobreza entre primera infancia y en la población en general es de 11.84 puntos porcentuales, en tanto que en pobreza extrema la diferencia llega a 4.52 puntos porcentuales.
“Si bien en el año 2022 se presentó una disminución de la pobreza en primera infancia al pasar a 6.2 puntos porcentuales en contraste con el 4.41 puntos porcentuales del año 2020, la realidad es que la brecha entre la población en general y la población en primera infancia se ha incrementado, pasando de 10.64 en el 2018 a 11.83 puntos porcentuales en el 2022”, precisó el coordinador de investigación del Pacto por la Primera Infancia.
De acuerdo con su investigación, la media nacional en cuanto a pobreza extrema en las niñas y niños que forman parte de la primera infancia llega al 11.54 por ciento. Chiapas ocupa el primer lugar con el 39.7 por ciento.
Clemente Ávila Parra, economista senior especialista en Práctica Global de Protección Social del Banco Mundial, sostuvo que el cuidado infantil no está reconocido en México como un derecho en sí mismo.
“México es uno de los países de la OCDE con menor gasto público destinado a servicios de cuidado infantil, pues representa menos del 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, precisó.
Advirtió que la oferta de centros de atención infantil es limitada en México, especialmente en los municipios más marginados del país. Destacó que sólo el 5 por ciento de las niñas y niños más pequeños o que integran la primera infancia, reciben servicios de cuidado infantil.
Puso como ejemplo la situación en el rubro educativo: la cobertura de educación inicial ha ido a la baja en los últimos años, ya que antes de la pandemia, entre los años 2019 y 2020, el nivel de cobertura era del 8.6 por ciento; en la etapa postpandemia, es decir, en los años 2020-2021, bajó a un 5 por ciento y en la actualidad, en el 2022-2023, el nivel de atención de educación inicial es apenas del 2.7 por ciento.
Vinculado al tema de la desatención infantil a temprana edad, Marcela Lucía Silveyra de la Garza, especialista en Práctica Global de Educación del Banco Mundial, planteo que los servicios educativos no pueden ir por separado del cuidado.
En este sentido señaló que la incorporación de la mujer al mercado laboral crea necesidades específicas respecto al cuidado y a la enseñanza inicial. Por ello, explicó, la propuesta prevé la atención para los niños de 0 a 3 años a través de Centros de Atención Infantil, así como el apoyo a madres, padres y cuidadores, cuyos apoyos para la mejora del cuidado de las niñas y niños se puede generar en centros comunitarios o en casa, por ejemplo.
Martha Merlo, oficial nacional de Política Social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), refirió que un cuidado infantil de calidad, accesible y asequible mejora el empleo materno, genera un mayor bienestar en las familias y aumenta el desarrollo infantil, además garantizar sus derechos.
Por el contrario, agregó, entre los efectos negativos de no brindar cuidados infantiles de calidad destaca el bajo desempeño escolar y riesgos de cuidado inadecuado. El impacto negativo para las mujeres madres de familia se observa en una baja participación laboral de acuerdo con la edad de las niñas y niños que cuidan.
Explicó que hay poca participación laboral de la mujer y bajo número de centros de atención infantil porque existe una correlación. Habló de un fenómeno de “feminización de la pobreza de la mujer en México”, ya que, de acuerdo con investigaciones recientes, la mujer mexicana trabaja más horas al día y a la semana, pero con bajo ingreso, ingreso precario e incluso sin ningún tipo de remuneración, contrario a lo que ocurre con los hombres trabajadores. Existe una brecha social y económica que se debe eliminar.
Por su parte, Argelia Vázquez Salas, del Instituto Nacional de Salud Pública, reveló en otra investigación que, debido a la pandemia por covid-19, los servicios de salud materno infantil se interrumpieron, lo que provocó que las consultas prenatales en las personas con seguridad social hayan disminuido en un 28 por ciento. Mientras que las consultas de niños sanos se redujeron en un 66 por ciento y la promoción de la lactancia y alimentación complementaria en personas con seguridad social bajaron en un 50 por ciento.
José Ángel Fernández y Annayancy Varas García, presidente del Consejo y directora general de Early Institute, respectivamente, subrayaron la importancia de analizar los desafíos de la primera infancia mexicana a través de mecanismos de análisis, monitoreo e incidencia en política pública. Resaltaron que Early Institute ha creado el Sistema de Indicadores de Primer Infancia (SIPI México), la única herramienta que concentra y analiza 150 indicadores correspondientes a la situación de las niñas y niños de cero a 5 años de edad que conforman la primera infancia en rubros de salud, educación, cuidado, nutrición, protección y pobreza.