Las empresas de Ricardo Salinas Pliego tienen un adeudo con el fisco de 63 mil millones de pesos, reveló el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.
De acuerdo con el secretario, en esta administración, la empresa ha pagado 4 mil 868 millones de pesos por adeudos, de los cuales 2 mil 96 millones fueron resultado de auditorías a diversas empresas, mientras que el resto fue por una resolución judicial.
Sin embargo, aún se encuentran pendientes de pago más de 53 mil millones de pesos por juicios fiscales anteriores y en proceso, así como más de 10 mil millones de pesos por créditos emitidos en la actual administración. Esto suma más de 63 mil millones de pesos en adeudos al fisco.
Originalmente, Salinas debió pagar 38 mil millones de pesos por 17 juicios que incluye los 7 casos de consolidación fiscal. Sin embargo, debido a los recargos y la actualización por la inflación, esta cifra asciende a 53 mil millones de pesos.
Estas cifras con resultado de las auditorías que realizó el SAT entre 2008 y 2018 a cuatro empresas del grupo.
A su vez, el exprocurador fiscal y actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, señaló que los adeudos iniciaron con el programa de consolidación fiscal, que les permitía a empresas diferir el pago del impuesto sobre la renta.
Este concluyó en 2013, por lo que las empresas de Salinas Pliego tenían la obligación de pagar los impuestos que hubieran postergado con el esquema.
Medina reiteró que fue esta era una figura de diferimiento de impuestos y no de condonación, por lo que debían pagar.
Por lo tanto, derivado de las auditorías de 2008 a 2013, se concluyó que dos empresas adeudaban un esquema de cerca de 33 mil millones de pesos, que actualmente asciende a 48 mil 325 mil millones de pesos y se disputan en 7 juicios.
De estos, 21 mil millones son exigidos a 2 controladoras, mientras que los restantes 12 mil millones son exigidos a subsidiarias.
Medina acusó a la empresa de “retrasar” la emisión de una sentencia definitiva que les obligue al pago de sus impuestos.
Finalmente, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, sostuvo que las normas que se han aplicado en los juicios por el SAT son constitucionales y reiteró que las auditorías y la interpretación de las leyes son correctas.