El embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, junto a un grupo de diplomáticos llegó este sábado al aeropuerto de Santiago tras la orden de expulsión emitida por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Lamentamos profundamente esta medida inédita que adoptó, de manera absolutamente injustificada, el gobierno de Nicolás Maduro (…) habla muy mal de las prácticas diplomáticas de un gobierno, de un país latinoamericano”, afirmó el canciller chileno, Alberto van Klaveren, tras recibir la comitiva llegada desde Caracas, la segunda después del primer grupo que arribó el pasado jueves tras la orden de retiro emitida por el Ejecutivo venezolano.
Queremos reconocer el enorme esfuerzo que ha realizado nuestra embajada en Caracas (…). La embajada nuestra en Caracas se mantiene, lamentablemente sin el personal diplomático y la Policía de Investigaciones.
Por su parte, Gazmuri señaló que esta fue “una medida arbitraria, inédita, insólita, inesperada”, obligando a realizar “un gran esfuerzo para trasladar a todo el personal y sus familias en un plazo muy breve”.
“Yo quisiera destacar la calidad del trabajo que se ha hecho en estos años por normalizar las relaciones con Venezuela, que son siempre relaciones muy complejas, muy delicadas. Un país que sufre una crisis muy profunda”, apuntó.
Además de Chile, Venezuela ordenó el retiro de sus embajadores en Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay y expulsó a sus misiones diplomáticas de su territorio.
Tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Santiago y la “suspensión indefinida” de todos sus trámites consulares, decenas de ciudadanos venezolanos llevan días apostados frente al edificio para obtener información sobre su situación migratoria y otros asuntos.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue uno de los primeros líderes internacionales en exigir transparencia en el recuento de votos y en cuestionar los resultados otorgados la noche del domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que declaró ganador a Nicolás Maduro, con el 51.2% de los votos y el 80% de la actas escrutadas.
La oposición denunció irregularidades en el conteo y exigió la publicación de todas las actas, al igual que la mayoría de los países de la región, la ONU y el Centro Carter, que ofició de observador internacional.