CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La política de drogas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha estado marcada por “la visión moral” del mandatario, la represión de las Fuerzas Armadas contra los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico y la profundización del modelo militarista inaugurado por Felipe Calderón, aseguró la ONG Elementa DDHH.
En el estudio “Radiografía de la prohibición: política de drogas en México 20218-2024”, que fue presentado ayer martes, la ONG sostuvo que la frase de López Obrador “abrazos, no balazos”, se quedó como parte de la narrativa del mandatario, pero nunca se tradujo en un cambio de rumbo del “combate” contra el narcotráfico de sexenios anteriores.
En ese sentido, “abrazos, no balazos” fue “un fracaso”, dijo a Proceso la directora de Elementa DDHH, Adriana Muro, quien señala que el presidente habló insistentemente de la “pacificación” del país como un justificante para “consolidar la militarización” iniciada en el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012).
Eso, afirma, “sólo trajo más violencia y, en consecuencia, más balazos, no más abrazos”.
El estudio de Elementa DDHH señaló que, en contraste con lo que ocurrió a finales de 2006, cuando Calderón declaró la “guerra” al narco para después militarizar el combate a los cárteles de la droga, el gobierno de López Obrador “hizo lo opuesto: militarizó, para luego declarar el fin de la ‘guerra’”.
Y una de las consecuencias de esa militarización sin precedentes que aplicó López Obrador, agregó el informe, llevó a las Fuerzas Armadas a hacer “uso de la violencia y represión”, lo que ha violado derechos de distintas poblaciones, en especial de las más vulnerables.
De acuerdo con Elementa DDHH, desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2022, en México se han cometido 142 mil 421 homicidios, y si se suma el año 2023 la cifra en este sexenio llegó a 172 mil 944, que son más de los registrados durante los primeros cinco años de gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, aunque han disminuido en los últimos años.
“Pese a la disminución de homicidios o del índice de letalidad (del Ejército), las cifras hablan de un país sumido en la violencia”, señaló el informe, sobre todo si se toma en cuenta que en este gobierno se han registrado más de 40 mil desapariciones.
El estudio indicó que durante el sexenio, que finalizará el próximo 1 de octubre, el Ejército “ha fortalecido su poder político y ha concentrado sus recursos en estrategias fallidas de reducción de oferta (de drogas)”, en especial la erradicación de cultivos y los aseguramientos de mariguana, que se convirtió en su principal tarea de “combate” al narcotráfico.
Apenas se toca a los grandes capos
El informe de Elementa DDG resaltó que en la estrategia militarista de López Obrador para enfrentar la inseguridad pública no fueron los grandes capos de la droga los que sacaron la peor parte, sino consumidores y los traficantes menores.
“La posesión simple de drogas –indicó el trabajo de la ONG con sedes en México y Colombia– sigue siendo la conducta más perseguida dentro de los delitos contra la salud”.
Mencionó que, desde el principio del sexenio, hasta 2022, cinco mil 332 infractores habían sido privados de la libertad por esa conducta, mientras que las personas encarceladas por delitos menores de drogas llegaron a 15 mil 790, que son el doble que los delincuentes penalizados por delitos de narcotráfico (siete mil 987).
En diciembre de 2023, la militarizada Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas tenían 268 mil 494 efectivos en el país, casi cinco veces más que los que había en 2018, según respondió la Sedena a una solicitud de información de Elementa DDHH.
El presupuesto de la Sedena también se multiplicó, incluso mientras el gobierno de López Obrador reducía fondos a la mayoría de dependencias, al pasar de 68 mil 190 millones de pesos en 2018, a 154 mil 500 millones de pesos este año, lo que implicó un incremento de 126%, y esos recursos se han manejado “con discrecionalidad y opacidad”.
Gran parte del esfuerzo de la dependencia se orientó a atacar la oferta de drogas. Entre 2018 y 2024, la cannabis concentró 47.16% del total de aseguramientos realizados por el Ejército, indicó la ONG.
Señaló que en estados como Baja California o Guanajuato, donde se concentraron más eventos de aseguramientos de droga, la presencia de las Fuerzas Armadas en esos territorios “no implicó la disminución de la violencia, todo lo opuesto, en ambas entidades se reportan elevadas tasas de homicidios y desapariciones”.
Baja California fue en 2023 el estado más violento del país, con una tasa de homicidios de 60.27 por cada 100 mil habitantes, mientras que Guanajuato ocupó el sexto lugar, con 48.33 homicidios por cada 100 mil habitantes.
AMLO, un moralista
De acuerdo con Elementa DDHH, “el abuso del derecho penal se mantiene con la utilización de la privación de la libertad de manera automática”, lo cual se evidencia en los dos mil 128 detenidos en prisión preventiva oficiosa por delitos contra la salud.
“Las personas encarceladas por delitos menores tienen más probabilidades de ser encarceladas de manera automática que aquellas que son parte de las redes de macrocriminalidad”, sostuvo el estudio.
Sobre la política de atención al consumo de sustancias, la ONG sostuvo que la administración de López Obrador “priorizó una narrativa basada en la moral”, mientras que institucionalmente hizo cambios positivos basados en evidencia.
Desde las Mañaneras del presidente, agregó el estudio, “se dictó la narrativa y se ejecutó a través de campañas de comunicación clasistas, discriminatorias y sin evidencia, ocupando de forma desproporcionada los espacios oficiales de difusión”.
Incluso, “en al menos tres ocasiones el presidente concluyó que los homicidios de jóvenes estaban relacionados con el uso de drogas”. Una de ellas fue cuando un grupo armado asesinó a 10 personas en un centro nocturno de Apaseo el Grande, Guanajuato, el 11 de marzo de 2023.
La política antidrogas de López Obrador ha sido particularmente decepcionante pues, de acuerdo con el estudio, como candidato, en 2018, el hoy presidente había prometido desmilitarizar los organismos de seguridad y abrir el debate sobre la despenalización de drogas para disminuir la violencia en México.
López Obrador hizo todo lo contrario. Ni siquiera ha respaldado las decenas de iniciativas presentadas en el Congreso para regular la cannabis.
“Se mantuvo una política de drogas basada en el modelo de prohibición por la visión moral del presidente”, señaló el documento de balance de Elementa DDHH, una ONG feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos y el análisis de las políticas de drogas.
El estudio de Elementa DDHH concluyó con una serie de recomendaciones de política de drogas para el próximo gobierno, el Congreso, las gubernaturas y legislaturas locales, así como para las fiscalías, a fin de construir una estrategia con enfoque en derechos humanos y superar el enfoque bélico y punitivo que tantas muertes ha causado en México.
La ONG se sumó al “llamado colectivo” para que la seguridad pública deje de estar militarizada y se dé paso, de manera gradual, a un modelo en el que el control operativo, administrativo y financiero de los organismos de seguridad queden en manos de civiles.
Además pidió priorizar en la política exterior de México retomar el liderazgo en el debate sobre la reforma a la política de drogas en el sistema de fiscalización de Naciones Unidas, un tema en el que el gobierno de López Obrador ha dejado solo a Colombia.