SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.– Chiapas nunca transitó hacia la paz. De la estrategia contrainsurgente que hace tres décadas desplegó el gobierno federal contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la entidad pasó a la violencia de la delincuencia organizada por el control de los territorios, incluso algunos que estuvieron bajo la bandera del zapatismo.
Ahora, bajo el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la contrainsurgencia tiene nuevas expresiones, como la remilitarización sin precedentes e incluso programas como Sembrando Vida.
El despojo, la explotación y la marginación social siguen tan presentes como siempre y la impunidad han dado paso a graves violaciones a los derechos humanos, como el desplazamiento forzado masivo e intermitente de las comunidades; desapariciones de personas, despojo de tierras y asesinatos.
Tal es el desolador panorama que describe el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que estudia la realidad chiapaneca desde antes del levantamiento indígena y sigue siendo testigo de las nuevas formas de la violencia.
A la organización, fundada en marzo de 1989 por el obispo Samuel Ruiz García y que contribuyó a la acreditación y legitimación del zapatismo en el mundo, le preocupa que el gobierno tenga una posición “negacionista y reduccionista de la situación”.
El equipo del centro, conocido como el Frayba desde que Samuel Ruiz medió para detener la guerra y buscar acuerdos de paz, expresa en entrevista que la situación actual de Chiapas es resultado directo de que tras la irrupción zapatista del 1 de enero de 1994 “nunca hubo una transición hacia la paz”. Peor ahí, agrega, ahora “hay una remilitarización”.
El Frayba identifica tres momentos de la violencia reciente en Chiapas. El primero de ellos en los noventa del siglo pasado, “cuando el paramilitarismo era, por decirlo así, tradicional”.
El segundo, a partir del año 2000, cuando el Estado comienza a cooptar a las organizaciones sociales, campesinas, y las utiliza como brazo social para ejercer acciones de desgaste contra el zapatismo o contra las Abejas de Acteal y otros movimientos sociales. Fue en esa etapa cuando a esos grupos se les permitió el uso de las armas.
El tercer momento de la violencia es el actual: se padece la continuidad de los grupos paramilitares antiguos, pues “los actuales son sucesores de ellos” y “heredaron las tácticas de terror”.
Lo que cambió, dice el equipo del Frayba, fue la estructura política del estado. Ya no existe la hegemonía priista y los cacicazgos se dividieron.
Pero en la lógica de la contrainsurgencia, el flujo de armas de alto calibre en el territorio es muy amplio y muy accesible para la población. El Estado mexicano no ha hecho nada para acabar con la violencia, que se ha vuelto más compleja por la disputa de los dos mayores cárteles del país: el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.
Chiapas, territorio estratégico por su frontera con Centroamérica, tiene tres grandes rutas de movilidad. La primera, explica el Frayba, va desde la frontera de Tapachula con Guatemala, corre por la carretera de la costa del Pacífico y llega al centro de México.
La segunda ruta es la carretera Panamericana. Parte del centro de la frontera con Guatemala y transita hacia Teopisca, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, y de ahí hacia el resto de la República.
La tercera vía es la carretera que se adentra en la selva, sube hasta la ciudad de Palenque y de ahí se dirige a Tabasco, Veracruz o la Península de Yucatán.
El Centro Frayba identifica el corredor central como el que concentra más focos de violencia, por su importancia para el control del territorio. Pero advierte que la violencia se ha extendido, y menciona Tila y la Selva Lacandona, “donde la población mencionaba que también en esos territorios empezaba a ver una disputa entre estos dos cárteles”.
“La delincuencia organizada ha llegado a través de un control social muy fuerte”, con la cooperación de grupos clientelares, ya sea de manera voluntaria, forzada o a través de la formación de organizaciones con una imagen social de agrupaciones campesinas o de comerciantes, señala el colectivo.
Asegura que “esos grupos van reclutando y obligando a los pobladores a encuadrarse y actuar con base en sus intereses”, lo cual “implica un control de la vida cotidiana de la población” y eso se ve en el comercio, el transporte, el precio de los insumos y el cobro del derecho de piso. Esta situación, además de aislar comunidades enteras mediante controles ilegales en las carreteras, fractura a la población.
En consecuencia, prosigue el centro, “la vida social política está siendo cooptada por ese tipo de organizaciones” y trastoca la tradicional capacidad de organización y lucha de los chiapanecos.
Ya no se trata sólo de militares y paramilitares: “Hay una diversificación de grupos armados, muchos de ellos sucesores del paramilitarismo”, cuya actividad busca romper los tejidos comunitarios y los procesos organizativos de resistencia.
“Ante la posición negacionista y reduccionista de la situación por parte del gobierno –afirman los activistas–, el zapatismo ha hecho visible la problemática”, y “la población está saliendo a denunciar que no confían en las autoridades locales” en vista de que la entidad resiente los efectos del establecimiento de la delincuencia organizada: “Reclutamiento forzado, mujeres obligadas a la trata, desplazamiento y migración”.
Fragmento del reportaje publicado en la edición mensual 0007 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.