Un fin de semana aciago en cuanto a víctimas de la violencia, con más de 50 personas asesinadas por las pandillas, llevó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pedir el 27 de marzo de 2022 la declaración del régimen de excepción. Dos años después, la criminalidad está en niveles mínimos, pero las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos siguen preguntándose por las consecuencias de esta medida.
Bukele hizo valer su mayoría parlamentaria para obtener las medidas excepcionales reclamadas, que se han ido renovando sucesivamente. A principios de este mismo mes, la Asamblea Legislativa aprobó la vigesimocuarta prórroga, de tal manera que el régimen permanecerá vigente al menos hasta mediados de abril, aunque no hay perspectivas de finalización a corto plazo.
Esta semana, Bukele presumió del cerco a cuatro a zonas con 5,000 policías y un millar de soldados, a raíz de dos homicidios en la zona norte. “No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”, proclamó en redes sociales, un altavoz habitual para defender que, a día de hoy, El Salvador es “el país más seguro” de América Latina.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reconoció en enero que aún faltan entre 18,000 y 20,000 pandilleros por detener, pese a que los arrestos ya superan los 75,000. El Gobierno admite cierto margen de error en estas detenciones masivas, que rondarían entre 6,000 y 7,000, como llegó a estimar el vicepresidente Félix Ulloa.
La delincuencia ha bajado, pero la ONU ha advertido de los excesos ejercidos por las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad salvadoreñas. La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el año pasado que entre los detenidos había 1,600 menores de edad.
Hasta febrero, se habían registrado 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78,000 detenciones arbitrarias y al menos 235 muertes bajo custodia, según recuentos difundidos por Amnistía Internacional, que eleva a 102,000 la cifra aproximada de personas entre rejas. Las cárceles están al 148 por ciento de su capacidad, pese a que el Gobierno ha construido una megaprisión para aliviar este hacinamiento.
Los llamados a la contención se han sucedido desde la reelección de Bukele el pasado 4 de febrero. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó al presidente salvadoreño a “respetar el Estado de derecho, garantizar la separación de poderes y promover un sistema de control y equilibrios” de cara a su segundo mandato, que arrancará en junio.
Foto: Archivo EFE
En esta línea, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, advirtió en un comunicado de que la falta de un contrapeso interno y la “respuesta tímida” de la comunidad internacional a los posibles abusos ha generado “la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos, como el de la violencia y la criminalidad, de manera aparentemente sencilla”.
De hecho, su mensaje ha calado en otras zonas del hemisferio occidental y varios candidatos electorales han prometido en campaña aplicar en sus respectivos países medidas como las de Bukele con la promesa de rebajar la delincuencia. Piquer ha advertido frente a esos mensajes que “no puede ser un éxito reducir la violencia de las pandillas sustituyéndola por violencia estatal”.
La responsable de Amnistía ha reclamado “políticas integrales y respetuosas de los Derechos Humanos” y “la búsqueda de soluciones de largo plazo”, ya que los esfuerzos por combatir a las pandillas pueden aumentar también la persecución de las voces críticas. A la comunidad internacional le ha pedido que reaccione “de manera robusta, articulada y contundente”.
(Con información de Europa Press)