La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de la localización de siete de las 14 personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras el enfrentamiento de presuntos miembros de la Familia Michoacana y pobladores de la comunidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, el 8 de diciembre de 2023, que dejó un saldo de 14 personas muertas y siete heridas.
Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, la institución aseguró que las personas fueron encontradas gracias a un operativo realizado por agentes de la Fiscalía en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía municipal de Zinacantepec, por lo que se presume que el hallazgo ocurrió en ese municipio mexiquense.
La Fiscalía indicó que las siete personas se encuentran en sus instalaciones en Toluca, sin dar más detalles respecto. Versiones periodísticas refieren que se les practicó un reconocimiento médico y que se realizan diligencias para corroborar su identidad.
Tras los hechos, en los que murieron 10 presuntos delincuentes y cuatro pobladores, la Fiscalía confirmó la desaparición de 14 personas, de las cuáles cuatro son menores de edad (dos niñas, dos niños, tres mujeres y siete hombres).
Entre los desaparecidos se encuentran nueve miembros de una familia de apellido Huicochea, dos hombres que fueron privados de su libertad en un hospital de Coatepec Harinas y otras tres personas que presumiblemente fueron plagiadas por los delincuentes.
El pasado 27 de diciembre, el fiscal mexiquense José Luis Cervantes anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien aporte cualquier dato o información que permita esclarecer el paradero de cada una de las 14 personas desaparecidas.
Además, la Fiscalía anunció que no procederá contra los pobladores que se enfrentaron a los presuntos extorsionadores, ya que consideró que actuaron en legítima defensa ante el cobro de extorsiones o derecho de piso. Sin embargo, sí se ejercerá la acción penal contra los presuntos responsables del ataque a la población.
A principios de enero, la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, reconoció que la extorsión en la entidad es una situación “grave” y anunció un operativo “en serio” para frenar este delito.