Al menos cinco asociaciones de juzgadoras y funcionarios judiciales expresaron su “más amplio rechazo” al dictamen que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extinguir 13 de los 14 fideicomisos con los que cuentan la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Con esta iniciativa del diputado morenista Ignacio Mier, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende reintegrar a las arcas de la Federación alrededor de 15 mil millones de pesos, recursos que se usan para el pago de prestaciones extraordinarias a trabajadores y funcionarios del Poder Judicial.
Por lo anterior, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ), la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas (AMMA), la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed), el Capítulo México de la La Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ, por sus siglas en inglés) y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal condenaron la aprobación del dictamen que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial, bajo el argumento de que son ilegales.
Las agrupaciones de juezas, magistrados, secretarios proyectistas y actuarias advirtieron que la reforma aprobada en comisiones por la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados de los partidos Verde y del Trabajo de llegar a convertirse en ley, atentaría contra la independencia judicial y provocará un perjuicio o daño directo a la ciudadanía, ya que se pone en riesgo la pronta impartición de justicia.
“De ser aprobada dicha reforma se consumaría un grave ataque a la independencia judicial, que redundará en un perjuicio directo a la ciudadanía, pues el derecho a una administración de justicia pronta y especializada se verá inevitablemente afectado, incumpliendo así con la responsabilidad asumida por el Estado Mexicano”, señalaron las juzgadoras y juzgadores mexicanos.
Además, se prevé una afectación a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, por lo que también se pone en riesgo a miles de familias que verían disminuido su ingreso y, por lo tanto, tendrían problemas para subsistir.
Se atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores de la Judicatura Federal, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de familias mexicanas, al afectar prestaciones que constituyen derechos adquiridos con base en las condiciones generales de trabajo
En este marco, las agrupaciones de jueces y magistradas hicieron un llamado al Pleno de la Cámara de Diputados para que rechace la reforma aprobada en su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, derivado de que los trabajadores del Poder Judicial Federal tienen prohibido contar con ingresos distintos a sus percepciones o salarios.
“Quienes trabajamos al servicio de la Justicia Federal tenemos prohibido legalmente contar con otra fuente de ingresos, ni siquiera cuando fungimos como docentes o participamos compartiendo nuestra experiencia y conocimientos en el ámbito académico, indispensable para la formación de las nuevas generaciones”, destacó el texto de juezas y magistradas.
Además, en el documento de las juzgadoras mexicanas solicitaron que se respete su derecho a obtener un ingreso decoroso por el desempeño de su trabajo, con el propósito de que puedan realizar una vida digna y realizar su función totalmente libres de “influencias y presiones externas”, garantizando así resoluciones y sentencias “justas e imparciales”.
