Por Rogelio Muñiz Toledo
Concluyó la serie de tres debates por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A partir de lo expuesto por la candidata y los candidatos es posible extraer algunas conclusiones sobre temas esenciales para la Ciudad. A diferencia de la Constitución Federal, y de la mayoría de las de los estados de la república, la Constitución Política de la Ciudad de México define con claridad los fines de la política social y de la política económica del Gobierno de la Ciudad de México.
El artículo 17 de la Constitución de la Ciudad de México establece la obligación de la Jefatura de Gobierno de contar con una política social para la ciudad con la finalidad explícita de construir un “Estado social y democrático” y de establecer un “sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo”.
De conformidad con la Constitución local, la política social de la Ciudad de México debe consistir en políticas y programas orientados a establecer y operar “un sistema general de bienestar social”, vinculado a una “estrategia de desarrollo redistributivo”, con metas que garanticen la progresividad en el ejercicio de los derechos, el desarrollo de los sistemas de educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura y deporte y la ampliación de la infraestructura, el equipamiento y el acceso a los servicios públicos.
El fin último de la política social del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar que existan los “mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza”.
Lo primero que resulta evidente de los debates chilangos es que durante la administración de Claudia Sheinbaum se incumplió con el mandato del artículo 17 de la Constitución local. Como Jefa de Gobierno, la ahora candidata presidencial de Morena no estableció una política que articulara las políticas y los programas sociales, no creó un sistema general de bienestar social, no desarrolló los sistemas de educación, salud, asistencia social y cuidados y, en consecuencia, no se hizo efectivo el derecho al mínimo vital en la Ciudad de México.
En síntesis, Claudia Sheinbaum incumplió con el mandato constitucional en materia de política social y no garantizó el ejercicio de todos los derechos sociales reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
A diferencia de otros ordenamientos constitucionales del país, el de la Ciudad de México también define explícitamente los objetivos de la política económica del Gobierno local: rectoría económica gubernamental, desarrollo económico sustentable y solidario, aumento en los niveles de bienestar de la población y una más justa distribución del ingreso, erradicación de la pobreza y reducción de las desigualdades, generación de empleos y salarios dignos, respeto de los derechos de propiedad -privada y social-, promoción y expansión de las libertades económicas, desarrollo sustentable y promoción de la inversión y la competitividad.
También en materia de política económica Claudia Sheinbaum incumplió con lo que establece el artículo 17 de la Constitución local porque durante su administración no se definió explícitamente una política económica que permitiera cumplir con los objetivos señalados en el texto constitucional.
La forma tan deficiente en la que se atendieron la pandemia y sus efectos negativos en la economía de la Ciudad de México y en los ingresos de sus habitantes, los magros resultados en materia del bienestar de la población y reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la falta de un modelo de desarrollo sustentable que incentivara la inversión son resultado, en muy buena medida, de no contar con una política económica que promoviera activamente una economía innovadora y del conocimiento.
Este incumplimiento de lo que ordena la Constitución local impidió que se generara mayor valor agregado, que se mejoraran las remuneraciones de las y los trabajadores y que se protegieran los ecosistemas de la Ciudad. En síntesis, Claudia Sheinbaum incumplió con el mandato constitucional de favorecer el desarrollo de la economía local.
La candidata que encabeza las encuestas para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México -Clara Brugada- y quien aparece en el segundo lugar en las mismas -Santiago Taboada- han señalado reiteradamente que en la elección para la Jefatura de Gobierno -como en la presidencial, por cierto- se trata de elegir entre dos proyectos.
En efecto, en las elecciones para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el próximo 2 de junio se presentan dos proyectos de ciudad claramente definidos y contrapuestos, a pesar de que la Constitución local contiene uno que tiene como ejes la función social de la Ciudad y el derecho a la Ciudad y la dignidad humana como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Es este proyecto de ciudad el que debiera guiar el desarrollo de la Ciudad de México independientemente de quien triunfe en las elecciones y del o los partidos que la gobiernen.
Como lo he venido señalando, esta elección debiera tratarse de elegir a quien se comprometa a hacer efectivo el proyecto de ciudad contenido en la Constitución Política de la Ciudad de México. Sin embargo, la y los candidatos han hablado poco de este proyecto y solo en contadas ocasiones refieren sus propuestas de campaña al texto constitucional y al proyecto de ciudad contenido en el mismo.
Para Santiago Taboada el texto constitucional y el proyecto de ciudad contenido ahí han pasado casi desapercibidos en los tres debates; esto a pesar de que, al igual que Clara Brugada, fue constituyente de la Ciudad de México.
Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con lo que han propuesto la y los candidatos es posible ver que en esta elección para la Jefatura de Gobierno el debate se está dando entre dos propuestas: una de izquierda cercana a la función social de la Ciudad de México y al ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución local -con énfasis en los derechos sociales- (Brugada y Chertorivski) y otra de derecha orientada a la creación de “oportunidades” más que a garantizar el ejercicio de los derechos sociales (Taboada).
Clara Brugada y Salomón Chertorivski han puesto mayor énfasis en la creación de un “Estado de Bienestar”, como se desprende de la Constitución local cuando se desarrolla el tema de “bienestar social y economía distributiva”. Brugada, con una propuesta más a la izquierda de la de Chertorivski, ha propuesto hacer efectivos derechos sociales contenidos en la Constitución local: el derecho al mínimo vital -mediante un ingreso ciudadano a partir de los 57 años, el fortalecimiento de los programas sociales de transferencias monetarias y becas-, el derecho al cuidado -mediante la creación de un sistema público de cuidados-, la pensión universal a partir de los 60 años, el trabajo digno y el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda.
Tanto Brugada como Chertorivski proponen combatir la desigualdad y erradicar la pobreza y construir una ciudad de clases medias. Chertorivski ofrece más detalles sobre la creación de un “Estado de Bienestar”, sobre todo en temas como salud, educación, empleo y salarios y, por obvias razones, es el único que reclama el incumplimiento de los mandatos constitucionales en materia de derechos sociales durante la administración de Claudia Sheinbaum.
Santiago Taboada basa sus propuestas en los conceptos de “calidad de vida” y “oportunidades”, no en el ejercicio de los derechos como lo señala la Constitución local. En lo fundamental, en cuanto a la política social, sus propuestas son: regresar el seguro popular, las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles -temas muy relevantes pero insuficientes para construir un “Estado de Bienestar-, crear el “salario rosa chilango” y más infraestructura. Más que hablar de Estado de Bienestar, Taboada se refiere a “salvar a la Ciudad de México de la Cuarta Transformación”.
Más allá de las orientaciones políticas y la ideología de la y los candidatos, lo que está en juego en la elección para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el próximo 2 de junio es el desarrollo de la Ciudad de México y la urgente necesidad de hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales reconocidos en ella, en especial, el derecho a una vida digna de todas y todos sus habitantes. Para ello es necesario hacer lo que Claudia Sheinbaum nunca impulsó, a pesar de que es un mandato de la Constitución local y de que hacía alarde de ello: hacer de la Ciudad de México una ciudad de derechos con énfasis en los derechos sociales, culturales y ambientales.