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Por el delito de delincuencia organizada una jueza federal mexicana dictó este miércoles auto de formal prisión contra ocho militares que se encuentra relacionados con el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían sido procesados previamente por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa y alcanzado su libertad condicional con el pago de 50,000 pesos.
Sin embargo, desde el jueves pasado, cuatro de ellos fueron reaprehendidos mientras cumplían con su cita a firmar y reportarse en un juzgado, mientras que el resto se entregaron tras enterarse de la nueva imputación en su contra.
Raquel Duarte, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció indicios suficientes para someterlos a un nuevo proceso.
Esto implicará que los militares, presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, permanezcan en calidad de detenidos en la prisión del Campo Militar 1-A hasta que se resuelva su caso. Se trata de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Foto: Archivo Cuartoscuro
La decisión de la jueza puede ser impugnada por la defensa de los acusados mediante apelación o amparo.
De acuerdo con medios nacionales, la causa por delincuencia organizada está basada en el testimonio de los testigos protegidos, ‘Carla’ y ‘Neto’, presuntos delincuentes vinculados a la desaparición de los normalistas, y quienes habrían asegurado que los soldados probablemente recibían dinero por dar protección al grupo criminal Guerreros Unidos.
Los abogados de los militares señalaron que presentarán denuncias contra las autoridades judiciales, incluso contra el ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y aseguraron que defenderán la libertad de los elementos del Ejército, pues enfatizaron que se trata de “persecución política”.
Ayer en su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno actuará con “rectitud” en el caso. “Vamos a seguir actuando nosotros con rectitud y sin permitir impunidad y desde luego lograr el propósito principal de encontrar a los jóvenes”.
“Nosotros lo que queremos es conocer la verdad, que se castigue a los responsables —ya se está haciendo— y que se encuentre a los jóvenes”, apuntó. Sin embargo, reconoció que podrían existir riesgos en las indagatorias del caso.
Alejandro Encinas, también extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa aseguró el domingo pasado que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litigan contra la investigación.
El pasado 24 de enero, el diputado morenista Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente del caso Ayotzinapa, dijo en Aristegui En Vivo que lo más grave, tras el cambio de medida cautelar a los ocho militares, es que los abogados de la Sedena los defiendan, lo que entorpece el proceso y lo que hace cuestionar si existe protección o no a los militares.
La Comisión de la Verdad, que presidió Alejandro Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado, con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.
La investigación desacreditó la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como ‘verdad histórica’, sobre que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero.
(Con información de EFE y Aristegui Noticias)
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